Puigdemont y la tentación rusa en vísperas de la ‘independencia’

—A las 5 venía el emisario de Putin. Estamos en la puerta de Palacio. Nos has de recibir. Retrasa y danos tiempo—, escribe Víctor Terradellas por WhatsApp.

—Yo ahora tengo que hacer comparecencia—, responde Carles Puigdemont.

Poco antes del mediodía del 26 de octubre de 2017, la suerte está echada. O eso parece. Tras el referéndum de independencia del 1-O, el pulso con el Estado es insostenible. El president ha decidido que va a anunciar la convocatoria de elecciones. Así se lo comunica a Terradellas, el político que durante años manejó hábilmente las relaciones internacionales del partido, Convergència.

Pero Terradellas, “soldado” y patriota insobornable, no se da por vencido. Habla al presidente catalán de forma casi insolente, como si tuviera, más que una estrecha confianza, cierto poder sobre él.

—Pues lo retrasas. Y hablamos. Estamos aquí, a 50 metros. Vamos hacia Canonges [la residencia oficial].

Logra su propósito. Esa tarde, mientras la calle y las redes arden por la “traición” en ciernes al independentismo, Puigdemont recibe a una singular comitiva en la Casa dels Canonges. Es la segunda reunión que mantiene en dos días con una supuesta delegación rusa a iniciativa de Terradellas. A esta se suma un hombre “del entorno del Kremlin”. Así se presenta Nikolai Sadovnikov, exdiplomático, empresario y fichado por servicios de inteligencia europeos.

Sadovnikov quiere saber de qué pasta está hecho Puigdemont y si va a seguir adelante con la secesión. Ante una hipotética Cataluña independiente, la comitiva rusa ofrece en esas reuniones el apoyo de hasta 10.000 soldados, ayuda financiera para pagar la deuda pública de la Generalitat y la posibilidad de una videoconferencia con el presidente Vladímir Putin. A cambio, pide una legislación favorable para establecer una plataforma de criptomonedas.

Esa es, al menos, la versión de Terradellas, la única que ha trascendido. El pasado jueves la explicó, como investigado, ante el juez de Barcelona que indaga la llamada “trama rusa” del procés. El magistrado Joaquín Aguirre quiere conocer las maniobras de sectores del poder en Rusia para interferir en el proceso soberanista. Pero también si personas cercanas al Govern, y en particular a Puigdemont, se dejaron querer y cayeron en la tentación y se dejaron abrazar por el oso.

El resto de asistentes a las reuniones de octubre de 2017 permanecen, por distintos motivos, mudos. Jordi Sardà, un empresario con lazos en el sector energético en Ucrania y Rusia y denunciado por estafa por Gas Natural, está ilocalizable. Serguéi Motin, un ruso que se trató un cáncer en una clínica privada de Barcelona y tuvo que huir a su país porque no pagó el tratamiento, está muerto. Elsa Artadi, que acaba de dimitir como candidata a la alcaldía de Barcelona de Junts, guarda silencio. Y Puigdemont se limita a confirmar que estuvo allí, pero que en ningún momento creyó nada de lo que le contaron.

Eurodiputado en precario

Puigdemont trata de desmarcarse de todo lo que tenga que ver con Rusia, consciente de que su posición como eurodiputado es precaria. Está pendiente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva sobre la competencia para su extradición. No juega a su favor que el Parlamento europeo ordenara, en marzo, una investigación exhaustiva sobre la injerencia rusa en el procés. En el marco de los intentos de Rusia para desestabilizar a las democracias de la UE, la Cámara ha constatado la existencia de “contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de grupos secesionistas catalanes”. En el Parlamento catalán, Ciutadans pidió una comisión de investigación sobre esos contactos, pero fue vetada por los grupos independentistas (ERC, Junts y CUP).

La realidad es que, en 2017, como le pedía Terradellas y parte del independentismo en un otoño con las emociones a flor de piel, Puigdemont no convocó elecciones. El 27 de octubre, promovió la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), que resultó fallida y condujo a su huida a Bélgica y al encarcelamiento de los líderes del procés. Si la reunión con el supuesto emisario del Kremlin tuvo algo que ver, se ignora. Puigdemont lo niega. A través de una portavoz de su oficina en Waterloo, asegura que declinó las propuestas por “su insostenibilidad, escasa credibilidad y nula viabilidad”.

Pese a la cercanía en el trato que muestran los mensajes, Puigdemont pone ahora un océano de distancia con Terradellas, que también le protegió en su declaración al afirmar que actuó por su cuenta y riesgo, sin recibir instrucciones del president ni de nadie. “Víctor Terradellas no era ni es parte del entorno del presidente, que lo forman las personas de su confianza. Lo que este señor haga en su vida privada no vincula al presidente”, afirma la portavoz, que no ha querido contestar a las preguntas de este diario sobre por qué Puigdemont había omitido, hasta ahora, su participación en esos encuentros.

El independentismo considera que no hay trama rusa porque las propuestas, como la de los 10.000 soldados, son absurdas y porque nadie del Govern tomó partido activo en los contactos. Es cierto, como sostiene la portavoz de Puigdemont, que las iniciativas —sean más o menos creíbles— no prosperaron. Ni Cataluña es independiente ni Rusia la ha reconocido como tal. Aquellas reuniones, añade, se produjeron en un contexto volátil, en el que “muchas personas pedían ser recibidas o se presentaban en el despacho” de Puigdemont “utilizando a algunos conocidos”.

Fue el punto culminante del procés y, también, del supuesto apetito ruso por Cataluña, que, sin embargo, fue prolongado en el tiempo.

Alay, el relevo

A partir de 2014, cuando se celebró la consulta no vinculante del 9 de noviembre —que provocó la condena a inhabilitación de Artur Mas— el Gobierno catalán percibió un interés creciente de medios de comunicación estatales rusos —Sputnik, Russia Today— por penetrar en las interioridades del procés. “Podías ver que de ahí no iba a salir nada bueno, nuestra lucha por la independencia siempre era en el marco de la Unión Europea”, subraya un alto cargo de la política de Exteriores del ejecutivo de esa época, que estaba en manos de Esquerra.

En lo más intenso del procés, el papel de Terradellas fue clave. El 29 de septiembre de 2017, dos días antes del referéndum, regresaba en un vuelo de Moscú a Barcelona. Qué fue a hacer allí se ignora, pero la Guardia Civil sospecha que trató de recabar apoyos para el procés, lo mismo que siguió haciendo tras el sonoro fiasco de la DUI. Que mantuvo vivos los contactos con el grupo de Sadovnikov lo muestran unas conversaciones que él mismo grabó con dos expolíticos y empresarios que organizaron, desde fuera del Govern, el referéndum: David Madí (Convergència) y Xavier Vendrell (Esquerra).

Las conversaciones son de mayo de 2018. Terradellas les dice que piensa viajar a Moscú en cuestión de días para comprobar la fiabilidad de la oferta de Sadovnikov y el resto del grupo. Alardea de que le han escogido como “una especie de delegado” en Cataluña y de sus visitas a Waterloo, donde, según él, Puigdemont le insiste en que el futuro pasa por las criptomonedas. “Me voy para allá, tengo que comprobar todo esto y verlo con mis propios ojos. Hay dos o tres cosas que les he pedido, a ver si cumplen”, dice ante las dudas de Vendrell de que todo sea un montaje o de que “el Estado” esté detrás de la operación. No llegó a viajar porque, ese mismo mes, fue detenido por el presunto desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona.

Con Puigdemont en Bélgica y Terradellas fuera de juego, el relevo en los contactos con Rusia lo toma Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente en Bélgica y persona de su círculo de confianza. Alay, que también está siendo investigado por el juez, mantuvo hasta cinco reuniones con contactos en ese país, tres de ellas en Moscú, entre marzo de 2019 y febrero de 2020. Según su versión, fue siempre por motivos “académicos y profesionales”. “Nunca he pedido el apoyo de Rusia al independentismo”, dijo cuando trascendieron esas visitas.

La trama se complica en este punto por la multiplicidad de personajes: aparecen periodistas, miembros de la Duma (el Parlamento ruso) y otras personas con supuestas influencias o cercanías al Kremlin. Y, también, por la presencia de un catalán de origen ruso que ejerce como supuesto enlace en esos contactos: Alexander Dmitrenko, al que España ha denegado la nacionalidad al considerar que trabaja para los servicios secretos de ese país, algo que este empresario niega.

Alay se intercambió numerosos mensajes (a través de Telegram) con Puigdemont y su entorno. Esos mensajes, que son del verano de 2020 y también han sido analizados por la Guardia Civil, contienen una curiosa paradoja. Alay parece burlarse de la estrategia de Terradellas —”este tío es el que se publicó su WhatsApp enterito que comprometía al president con antiguos contactos absurdos rusos”—, al tiempo que activa sus propias redes. Con una actitud reverencial hacia el mandatario, intenta guiar su acción pública para que no perturbe a Rusia en asuntos sensibles, como el caso Alexéi Navalni o las revueltas en Bielorrusia. “Si apostamos en público a Kremlin, hagámoslo de verdad”, escribe al abogado Gonzalo Boye.

El consejero áulico se congratula de haber obtenido el contacto del exparlamentario ruso Yevgueni Primakov, que, según él, es “la mano derecha de Putin en el Kremlin para relaciones internacionales”. Parte de su actividad pasa por conseguir tribunas mediáticas para Puigdemont. En 2019, según reconoce su oficina, el expresidente dio cuatro entrevistas y publicó un artículo en medios rusos, como el Komsomolskaya Pravda. Su objetivo no era otro, dice, que dar a conocer la “realidad” catalana a Rusia y al mundo.

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