El Parlamento catalán formaliza la denuncia por el ‘caso Pegasus’

El Parlament de Cataluña ha formalizado la denuncia judicial por el episodio de espionaje relacionado con el programa Pegasus. La cámara catalana ha informado este lunes que solicita la incoación de diligencias judiciales para investigar unos hechos que han causado un terremoto de malestar en la política catalana y cuya onda expansiva amenaza con afectar la estabilidad del Gobierno. El president Pere Aragonès ya apuntó la semana pasada que el cese de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no bastaba para dar la crisis por zanjada. La denuncia presentada responde a un acuerdo parlamentario del mes pasado, trabado por los partidos independentistas con el apoyo de PSC y de En Comú Podem.

La denuncia está firmada por la presidenta de la cámara autonómica, Laura Borràs, y relata que los hechos reportados revisten “gravedad” porque afectan a diputados y a la propia institución. El pleno del Parlament acordó el pasado 27 de abril la resolución que acuerda formular una denuncia “por los hechos que se ha evidenciado con relación al programa de espionaje Pegasus y que podrían ser constitutivos de delito”. En el texto de la denuncia se plantea que se depuren responsabilidades en sede judicial y que se señale a aquellas personas que, en su actuación, hayan participado en la intrusión no autorizada de los dispositivos móviles de miembros del Parlament. Se persigue aclarar si los pinchazos sirvieron para acceder al conjunto o a una parte de los sistemas de información de la Cámara sin que mediase autorización para ello.

El texto, de una docena de páginas, incluye la identidad de las 19 personas que los investigadores del Citizen Lab han confirmado que han sido espiadas en el lustro entre 2015 y 2020, entre ellos los cuatro últimos presidentes de la Generalitat y los dos últimos del Parlament. El texto ha dividido la identidad de los afectados en legislaturas. En la 2012-2015, fueron vigilados ocho políticos: Pere Aragonès, Albert Batet, David Bonvehí, David Fernández, Artur Mas, Marta Pascal, Sergi Sabrià y Roger Torrent. En el mandato entre 2015 y 2017, que concluye con la aplicación del artículo 155, fueron espiados, según la denuncia, 11 dirigentes independentistas: siete que ya habían sido vigilados en el primer mandato (Aragonès, Batet, Bonvehí, Mas, Pascal, Sabrià y Torrent) más Joan Ramon Casals, Albano Dante, Carles Riera y Marc Solsona. Y en esta última, 12 dirigentes más, cuatro de ellos ya vigilados: Torrent, Solsona, Sabrià, Batet y Riera. Los otros siete son: Elsa Artadi, Laura Borras, Josep Costa, Josep Maria Jove, Ernest Maragall, Jordi Sànchez y Quim Torra.

El texto recoge también que habrían sido víctimas del espionaje de forma indirecta personas del entorno del expresident Carles Puigdemont así como personal asesor del expresident Roger Torrent como Oriol Sagrera. La demanda recoge la posibilidad de que los autores del espionaje hayan cometido delitos de descubrimiento y revelación de secretos que se castigan con prisión.

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