La Fundación Bofill propone cerrar aulas de la concertada para reducir los guetos escolares en Cataluña

Cerrar grupos de manera selectiva, tanto en escuelas públicas como, especialmente, en las concertadas. Esta es la receta que prescribe la Fundación Bofill, experta en temas educativos, para luchar contra la segregación escolar. Y es que el próximo curso un 11% de las plazas de P3 quedarán vacantes, lo que permite a las familias tener más margen para optar por escuelas que no sean guetos. La fundación ha presentado este jueves el estudio La sobreoferta educativa en Cataluña, 2022, en base a datos de 123 municipios que superan los 10.000 habitantes, en que piden al Departamento de Educación una planificación más exhaustiva de las plazas, poniendo el foco en la concertada.

Educación anunció una bajada generalizada de las ratios de P3 —de 25 a 20 alumnos por aula— para el próximo curso, una medida que debe evitar el cierre masivo de grupos ante el descenso imparable de la natalidad (en septiembre habrá 3.474 alumnos menos de P3). El descenso de la ratio se aplicará en el 86% de los grupos en la pública y en el 37% en la concertada. Esta diferencia se debe a que la privada tiene fijada por normativa la ratio para lograr la financiación pública y el departamento está pendiente de publicar el nuevo decreto de conciertos para poder intervenir más en estos centros.

Según el estudio de la Bofill, el marcado descenso de la natalidad ha generado en los últimos cursos una sobreoferta de unas 10.000 plazas (aproximadamente un 15%), una cifra que, gracias al descenso de las ratios, bajará hasta las 7.200 plazas vacías (un 11%). La mayoría de las vacantes se concentran las concertadas y en centros que acogen a más alumnos vulnerables —conocidos como centros de alta o máxima complejidad—. El problema yace en que cuando se incorporan alumnos en mitad del curso —la llamada matrícula viva—, que acostumbran a ser alumnos de entornos empobrecidos, son los centros gueto los que los acogen, agudizando así la problemática.

El exceso de oferta está permitiendo, según el estudio, que el 13% de los alumnos se escolaricen fuera de su barrio o localidad, y la mayoría de estos (un 63%) lo hacen en centros concertados, un sector donde las familias tienen menos problemas de acceso, ya que cuentan con una oferta muy grande de plazas que muchos no llenan.

La Fundación considera que la participación de la concertada en la lucha contra la segregación no es suficiente. A nivel global, en los municipios de más de 10.000 habitantes, el conjunto de plazas de P3 de la pública caerá un 11% por la reducción de ratios, mientras que en la concertada solo el 8%, según datos de la Bofill. “Estamos financiando con fondos públicos estos centros, así que la corresponsabilidad debe ser la misma que en la pública”, ha incidido el director de la fundación, Ismael Palacín.

Esto se explica por el hecho de que la concertada ha decidido voluntariamente si reducía la ratio, una decisión que no agrada a las patronales porque ello se traduce en una reducción de ingresos. Solo en casos puntuales, como en Terrassa, se ha logrado un acuerdo municipal para que este recorte de ratio afecte por igual a todas las escuelas.

Caso aparte es la ciudad de Barcelona, donde predomina la oferta de la concertada. En este caso, la reducción de la ratio afectará más este sector (que perderá un 14% de las plazas), mientras que la pública mengua un 10%.

Según Palacín, la planificación no se puede dejar en manos de la negociación de los municipios con la concertada y ha urgido al departamento a aprobar el nuevo decreto de conciertos para que la oferta de plazas se pueda programar conjuntamente en la pública y la concertada. “Se debe asegurar que la toma de estas decisiones complicadas no recae exclusivamente sobre el mundo local y especialmente sobre la escuela pública y se realiza bajo criterios de distribución equilibrada”, ha incidido el director de la Bofill.

Para la Bofill, la reducción de la ratio de P3, es “un primer paso” para corregir el problema de la segregación. Pero no es suficiente. La fundación propone que las ratios varíen según las características de la escuela. Asimismo, piden un cierre selectivo de grupos. “No puede ser que por no querer cerrar un grupo en una escuela con seis líneas [en clara referencia a las concertadas], se tenga que cerrar una escuela pública de una línea”, ha apuntado María Segurola, autora del estudio y responsable de políticas contra la segregación de la fundación.

Igualmente, piden al departamento que, una vez acabado el proceso de inscripción, no se permitan nuevas incorporaciones durante el curso en el caso de las escuelas gueto. También piden a Educación que planifique con más tiempo la oferta de plazas, ya que los datos de natalidad se conocen con anterioridad suficiente.

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