La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para un teniente de alcalde de Núria Marín

La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para el segundo teniente de alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, y para el exconcejal Cristóbal Plaza, ambos del PSC. Es el primer escrito de acusación en el caso que investiga las irregularidades contables en el Consell Esportiu de L’Hospitalet (CELH), la organización sin ánimo de lucro que promueve el deporte escolar en la ciudad. Alcázar -teniente de alcalde de Urbanismo- y Plaza -que dimitió de su cargo tras ser detenido- se sentarán en el banquillo de los acusados por un delito de estafa y otro contr a la Seguridad Social. Ambos pactaron el despido de Plaza como director del CELH así como el pago de una indemnización (47.000 euros) fraudulenta.

La fiscalía acusa a Alcázar y a Plaza de actuar “a espaldas del Ayuntamiento de L’Hospitalet” y de “los órganos de gobierno” del consejo. Los acusados “privaron conscientemente de dicha información” a esos organismos de control para mantener una situación de aparente normalidad. En su escrito, la Fiscalía pide dos años y medio a cada uno por la estafa (Alcázar como autor y Plaza como cooperador necesario) y otros dos años por el delito contra la Seguridad Social. La causa contra los ediles socialistas es una pieza separada del caso principal, en el que la alcaldesa, Núria Marín (PSC) está investigada por omisión del deber de perseguir delitos: según la tesis de la acusación, fue advertida de las irregularidades en el seno del CELH y no hizo nada por evitarlas.

Este jueves, poco antes de que la Fiscalía diera a conocer sus conclusiones sobre Alcázar y Plaza, la alcaldesa -que también preside la Diputación de Barcelona- afirmó que está “convencida” de que no tendrá que sentarse en el banquillo. “No se producirá este juicio oral. Por eso estoy convencida de que seré la candidata. Yo me presentaré, lo tengo clarísimo”, dijo en un almuerzo en el Hotel Palace de Barcelona. A través de sus abogados, Marín ha solicitado al juez que archive la causa contra ella. “El tiempo de la justicia es más lento de lo que a mí me gustaría. Confío plenamente en que esto se resolverá”.

El caso del Consell Esportiu nació en mayo de 2020, cuando el teniente de alcalde designado para examinar los números del organismo, Jaume Graells, denunció irregularidades contables ante el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Los investigadores destaparon el presunto desvío de fondos a fines distintos de los de la entidad gracias a la existencia de una “doble contabilidad”. Una de las presuntas anomalías detectadas fue es el pago irregular que Alcázar, primer secretario del PSC de L’Hospitalet, pactó con Plaza cuando éste abandonó el CELH en 2016.

Alcázar, que presidía el organismo, despidió a Plaza por causas objetivas (caída de subvenciones, amortización del puesto de trabajo) que resultaron ser falsas porque, las tareas y cargo de Plaza fueron ocupadas por otra persona. “La realidad era radicalmente opuesta” a la que sostuvieron, según la Fiscalía. Ambos pactaron a espaldas de los demás el pago de una indemnización de 47.147 euros. A finales de 2016, Plaza envió una carta en la que expresaba a todos los “amigos y conocidos” del CELH su agradecimiento y anunciaba que ponía “punto y aparte” a su vinculación con el organismo. Celebró hasta cuatro actos de despedida (los días 19, 20, 21 y 22 de diciembre), “circunstancias que parecen compadecerse mal con una situación de despido”, critica la Fiscalía. Con el paso del tiempo, además, el concejal fue obsequiado con distintos nombramientos: asesor del Ayuntamiento (2017), presidente del CELH (2018) y concejal. Su detención, en junio de 2020, le obligó a dimitir.

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