El concejal que denunció malversación en el Consell Esportiu de L’Hospitalet acusa a la alcaldesa de inacción

El concejal del PSC de L’Hospitalet de Llobregat que denunció la presunta trama de desvío de subvenciones en el Consell Esportiu municipal, Jaume Graells, ha acusado a la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín ―también socialista―, de inacción y pasividad a la hora de tomar medidas ante las sospechas de irregularidades. Graells ha declarado este miércoles por segunda vez como testigo ante la magistrada del juzgado número 2 de L’Hospitalet de Llobregat que investiga el caso, donde están implicados Marín; el secretario de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, del espacio de JxCat; el segundo teniente de alcalde de L’Hospitalet, Cristian Alcázar ―que están citados para declarar el próximo viernes 9 de abril― o el exconcejal de Deportes y expresidente del Consell Esportiu Cris Plaza.

Según fuentes jurídicas, durante el interrogatorio a Graells la juez y el fiscal se han interesado especialmente por el papel de Núria Marín en el caso y le han preguntado por cuándo la avisó de sus sospechas, qué documentación le enseñó y en qué fechas lo hizo, entre otras cosas. El concejal, que ha recordado que él avisó de sus sospechas sobre una presunta doble realidad contable ―con unos 500.000 euros de diferencia entre las cuentas presentadas ante la asamblea de la entidad y las entregadas a la secretaria de Deportes de la Generalitat― el 3 de febrero de 2020, ha relatado que la actitud de Marín fue de “pasividad total” y la ha acusado de “traicionar su confianza”. Al respecto, las mismas fuentes han señalado que el concejal ha asegurado que nadie del Consistorio quiso mirarse la documentación que aportó.

Sin embargo, a pesar de las quejas de Graells por la inacción, un mes después de su aviso a Marín sí se puso en marcha una auditoría interna en el Consell Esportiu, que no se pudo completar, primero por la covid-19 y luego por la investigación policial. Entre la decena de testigos que han comparecido hoy ante la magistrada destaca también el auditor que, según las mismas fuentes presentes, ha explicado que solo pudo llevar a cabo el 30 % de la auditoría, pero que de la documentación que pudo revisar encontró indicios de pagos no justificados. Sin embargo, ha detallado que no pudo comprobar las diferencias contables entre las cuentas presentadas ante los socios del Consell y las entregadas a la Generalitat o la posible contratación irregular de personal.

Otros de los testimonios citados hoy han sido distintos miembros de entidades de L’Hospitalet que habían participado en actividades del Consell, algunos de los cuales han asegurado que habían cobrado en negro por algunos trabajos sencillos, mientras que otros han dicho no haber percibido nada por las mismas tareas. Según un auto de la magistrada del pasado 22 de diciembre, una vez el denunciante destapó internamente esta supuesta trama, los investigados se pusieron presuntamente de acuerdo para intentar ocultar los hechos y evitar su descubrimiento, “orquestando” junto a Gerard Figueras y Núria Marín “una maniobra para aparentar frente a terceros una correcta actuación” de los implicados.

Para la juez, de lo investigado hasta el momento se desprenden indicios de que, en su actividad “aparentemente ilícita”, los investigados habrían contado con la “connivencia” de otras personas, entre ellas la alcaldesa Marín, quien “habría favorecido y/o facilitado de forma indiciariamente injusta la concesión de subvenciones con fondos públicos del Ayuntamiento” a la entidad gestionada por los investigados. Según la juez, la alcaldesa Marín ayudó “incluso” a los investigados a evitar que “su actividad aparentemente ilícita pudiera ser descubierta, manteniendo una conducta omisiva y pasiva cuando un miembro de la entidad que ostentaba también la condición de teniente de alcalde del Ayuntamiento le trasladó de forma directa los hechos cometidos por los investigados”.