Un teniente de alcalde de L’Hospitalet, a un paso de juicio por las ayudas al deporte

Las irregularidades en las ayudas públicas al Consell Esportiu de L’Hospitalet (CELH) se acercan a juicio. La jueza que investiga el caso acaba de dejar a un paso del banquillo de los acusados al segundo teniente de alcalde de la ciudad, Cristian Alcázar, y a un exconcejal y exdirector del organismo, Cristóbal Plaza, por “ponerse de acuerdo” para simular el despido de Plaza y abonarle una indemnización fraudulenta de 47.000 euros. Esta es una pieza separada del caso principal, en el que la alcaldesa de L’Hospitalet, la socialista Núria Marín, está investigada por omisión del deber de perseguir delitos: según la tesis de la acusación, fue advertida de las irregularidades y no hizo nada por evitarlas. Marín ha pedido que se archive la causa.

El Consell Esportiu es una entidad sin ánimo de lucro que promueve el deporte escolar pero que está controlada, de facto, por cargos del Ayuntamiento y del Partit dels Socialistes (PSC). La causa principal investiga si parte del dinero con el que el consistorio regó generosamente esta entidad fue desviado a otros fines. Según la Policía, el desvío de fondos fue posible gracias a la existencia de una “doble contabilidad”.

La causa nació en mayo de 2020, cuando Jaume Graells, entonces teniente de alcalde designado para supervisar las cuentas del CELH, denunció a la Policía las irregularidades que había descubierto, incluidos desfases presupuestarios en las cuentas presentadas al Ayuntamiento y a la Generalitat. Una de las anomalías era una indemnización irregular por el despido de Plaza del organismo. La titular del juzgado de instrucción número 2 de L’Hospitalet, Anna Cócera, abrió una pieza separada y ahora ha concluido la instrucción. En el auto, al que ha accedido EL PAÍS, atribuye a Plaza y a Alcázar -actual teniente de alcalde de urbanismo, espacio público, vivienda y sostenibilidad de la ciudad y también primer secretario local del PSC- los delitos de malversación, apropiación indebida y contra la seguridad social.

En 2016, después de 14 años trabajando en el CELH, Cristóbal Plaza recibió una carta de despido remitida por Cristian Alcázar, que entonces ejercía como presidente de la entidad. El despido, según el auto judicial, se justificó por causas objetivas: era necesaria la amortización del puesto de trabajo porque las subvenciones y convenios -que suponen el 90% de los ingresos del Consell Esportiu- presuntamente se habían reducido desde 2010. En la carta se indica que el despido de Plaza iba a ahorrar al órgano 5.098 euros al mes.

Alcázar y Plaza pactaron, presuntamente por su cuenta y riesgo, una indemnización de 47.147 euros. “Ni el despido ni la indemnización fueron comunicados” a la asamblea del CELH ni al Ayuntamiento de L’Hospitalet. La supuesta “amortización” del puesto de trabajo de Plaza, según la jueza, no fue real, porque a partir de 2017 pasó a ocupar su mismo cargo, tareas y sueldo otra persona, Eduard Galí. El auto añade que la supuesta pérdida de ingresos alegada era falsa: las subvenciones se mantuvieron casi intactas durante todo el tiempo.

Los testigos han declarado que Plaza comunicó a todo el mundo que dejaba voluntariamente el cargo. Se le hicieron “hasta tres despedidas” en las que recibió un regalo por 289 euros. Tras dejar el cargo, cobró la prestación por desempleo y después recibió distintos nombramientos: asesor del Ayuntamiento de L’Hospitalet (2017), presidente del CELH (2018) y concejal (2019). Tras el estallido el caso y tras ser detenido en junio de 2020 durante los registros practicados por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), Plaza se vio obligado a dimitir en diciembre de ese mismo año.

L’Hospitalet En Comú Podem, que ejerce la acusación popular, ya ha anunciado que presentará escrito de acusación contra Alcázar y Plaza, que muy probablemente -si sus defensas no logran que se revoque el auto de procesamiento- serán juzgados. “Se desprenden indicios de delitos por la indemnización y plantearemos la acusación formal”, explicó ayer a este diario Ana González, concejal y portavoz de la formación morada en el municipio. “Nuestro grupo quiere llegar al fondo de este caso y consideramos imprescindible que se abra juicio y que dimitan los cargos públicos implicados”, añadió González.

La defensa de Alcázar ya prepara el recurso contra el auto. “Estamos analizando toda la documentación y la semana que viene presentaremos el recurso; consideramos que el auto no refleja la realidad de lo sucedido y confiamos en que no iremos a juicio”, señalan fuentes cercanas al teniente de alcalde.