La Fiscalía acusa de homicidio imprudente a los responsables del “caos” en una residencia de Premià de Mar

Un juzgado de Mataró (Barcelona) investiga, tras una querella de la Fiscalía, la actuación de los responsables de la residencia de ancianos Ca n’Amell, de Premià de Mar, durante la pandemia de coronavirus. El fiscal acusa al director del centro y a la directora médica de los delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones imprudentes y trato degradante. La investigación comenzó en abril de 2020, en la peor fase de la pandemia, cuando el Departamento de Salud advirtió del “elevadísimo índice de mortalidad” entre los residentes y de “graves deficiencias en el trato” dado a los ancianos.

La querella de la Fiscalía es un cuento de terror. Desde 2017, Ca n’Amell estaba gestionada por DomusVi, que se presenta en su página web como “la mayor red de residencias de ancianos de España”. El 1 de marzo, el centro —de cuatro plantas— tenía 230 residentes. A mediados de mes llegaron tres pacientes derivados del Hospital de Mataró que dieron positivo en coronavirus. Aunque no se ha detectado el “paciente cero”, fue el inicio de un brote que segó la vida de 64 personas en apenas un mes y medio. Durante todo este tiempo, los responsables de la residencia no solo “no adoptaron las medidas necesarias para evitar contagios”, sino que desoyeron reiteradamente las indicaciones del Departamento de Salud.

Los servicios de inspección ya habían advertido, al menos desde 2019, de graves deficiencias en Ca n’Amell. La fiscal Montserrat Poderoso constata que la residencia tenía contratado a menos personal del que necesitaba para atender correctamente a los pacientes, hasta el punto de que éstos no recibían la alimentación e hidratación necesarias. Algunos ancianos “padecían importantes pérdidas de peso y deshidratación”. Con el beneplácito del director —que al mismo tiempo era el responsable económico—, el personal no daba a los ancianos la medicación pautada (retiraban el oxígeno sin motivo) o lo hacían a deshoras. Tampoco les ayudaban a mantener una buena higiene: eran pocos y no llegaban a cambiar a tiempo la ropa o los pañales. Algunos timbres de alerta que necesitaban ancianos con especiales problemas de movilidad estaban “inutilizados”.

Todas esas conclusiones constan en el detallado escrito de la fiscal, que recoge las conclusiones de los departamentos de Trabajo y de Salud, y también los testimonios de familiares de los ancianos.

Aquel “desorden” previo dio paso al “caos”, dice la fiscal, cuando el coronavirus irrumpió entre las paredes de Ca n’Amell. Todo lo que se hizo, se hizo mal. Aunque la Fiscalía ha archivado la mayoría de denuncias de familiares por las muertes durante lo más duro de la pandemia, hay excepciones. Como el caso de de la residencia de Tremp, donde también murieron 64 ancianos en un mes sin que sus responsables hicieran nada para evitarlo. O el de Premià de Mar, donde según la Fiscalía la imprudencia de los responsables del centro al no adoptar medidas facilitó la expansión de “un grave brote que concluyó con la muerte de muchos residentes”. “A muchos de ellos”, denuncia la fiscal, “ni siquiera se les dio un final de vida digno”, mientras que los que sobrevivieron al virus o no llegaron a infectarse padecían de forma más severa que antes “falta de alimentación, hidratación, curas, higiene y dispensación de las medicaciones prescritas”.

El director, A. I., y la responsable del equipo médico, M. M. J., deberán declarar como investigados ante un juez de Mataró por homicidio imprudente, además de lesiones imprudentes y trato degradante. Según el relato del fiscal, los trabajadores de la residencia no usaban las EPIS ni seguían los protocolo sordenados por Salud. Los positivos por coronavirus “no fueron convenientemente aislados”, lo que ayudó a expandir aún más el virus. El director llegó a decir expresamente al personal del centro que no usara mascarillas porque eso podía “alertar a los residentes”. Tampoco se preocupó en trazar una distinción entre circuitos limpios y sucios.

La indolencia de los responasbles de Ca n’Amell llevó a la Generalitat a intervenir la residencia el 17 de abril de 2020. La Generalitat abrió un expediente sancionador, acordó la suspensión de la prestación de servicio y, en otoño de ese mismo año, aceptó el cambio de nombre y de titularidad del centro.

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