El Parlament ha gastado desde 2009 14 millones en sueldos de funcionarios que no trabajaban

El Parlament de Cataluña ha gastado desde 2009 14,399 millones de euros en pagar los salarios de funcionarios que disfrutaban de las denominadas licencias de edad, esto es, un permiso retributivo que les permitía prejubilarse cobrando prácticamente el 100% de su salario si tenían una antigüedad mayor a 15 años. Laura Borràs, presidenta de la Cámara, ha cifrado en 55 el número de trabajadores públicos que se han acogido durante esta década a ese privilegio que ahora ha sido cancelado por la Mesa de la Cámara.

En una comparecencia para hacer balance de su primer aniversario en el cargo, ha recalcado que desde que conoció la existencia de ese régimen económico dio pasos para eliminarlo sin “revuelta interna ni ruido mediático” y que, de hecho, la Mesa acordó cancelarlas de forma “progresiva” el 21 de diciembre tras pactarlo con los trabajadores. Sin embargo, la información adquirió trascendencia a raíz de que el diario Ara publicara a primeros de enero que 21 personas percibían esos salarios sin ir trabajar y que el Parlament destinaba en ello 1,7 millones de euros al año.

“Las licencias de edad pueden ya considerarse eliminadas”, ha dicho Borràs apuntando al acuerdo adoptado por unanimidad de todos los grupos el pasado 21 de enero precisando que solo falta por cerrar la negociación con los trabajadores -son una docena- que la tenían concedida pero que aun no la disfrutaban. Paralelamente, Borras ha subrayado que el pasado mes de julio la Mesa optó por regular la concesión de trienios y que desde noviembre ya se ha extinguido la fórmula que permitía a los funcionarios acumular complementos obtenidos en otras instituciones. La medida comporta, ha dicho, un ahorro a las arcas de la cámara. En total, el 22% del total de los sueldos de los trabajadores que abona el Parlament corresponden a

La cámara ha encarrilado la resolución de los salarios de los funcionarios pero no así el de los diputados. La reforma es “irreversible” y Borràs ha expresado su disposición a reparar la “doble anomalía” que representa que los parlamentarios no paguen al fisco el 100% de su sueldo y que perciban dietas sin desplazarse. La auditoría de cuentas ha trasladado a los grupos 18 simulaciones sobre la nueva forma de pago. “Espero que los grupos culminen pronto un acuerdo”, ha afirmado. La CUP y los comunes son los únicos grupos que rechazan que la Cámara asuma el coste fiscal.

Borràs ha acusado al Estado de practicar “la guerra sucia y “antidemocrática” al recordar el caso, por ejemplo, del ya exdiputado Pau Juvillà que acabó perdiendo finalmente el escaño. Tras afirmar que esas prácticas “represivas” no debían impedir hacer “autocrítica”, Borràs ha acabado defendiendo su actuación en el caso, muy cuestionada por la oposición que la acusó de mentir y de no asumir que le retiró el acta.