Los diputados del Parlament siguen sin tributar el IRPF de todo su salario

Sumido en una grave crisis institucional por el caso de la inhabilitación del diputado Pau Juvillà y de funcionamiento interno por las licencias de edad —que permitían a los funcionarios cobrar todo su salario sin ir a trabajar—, el Parlament sigue sin resolver un tercer frente: el de que los diputados no tributan todo el IRPF de sus salarios. La Mesa aguarda que los grupos alcancen un consenso para reparar esa anomalía. PSC, ERC y Junts negocian una solución. El conflicto reside en si el pago de esos impuestos los asume el Parlament o si los diputados los costean de forma individual. Cada parlamentario podría dejar de ganar entre 500 y 600 euros al mes si tributa todos sus ingresos.

El Pleno del Parlament aprobó en octubre su presupuesto y dejó en el aire la fórmula de cómo costear el salario a los diputados al no haber cerrado un acuerdo en ese capítulo. La Cámara, eso sí, hizo una reserva de dos millones en previsión de que deba asumir el coste, que se calcula en 1,1 millones. La CUP y los comunes rechazan ese escenario porque creen que ya cobran unos salarios suficientemente altos —2.900 euros el diputado raso sin contar las dietas libres de IRPF—. “Diputados y diputadas cobramos un pastón”, espetó desde el atril en esa sesión precisamente el diputado Juvillà recordando que perciben de media 60.0000 euros y el salario medio de Cataluña oscila entre los 23.000 euros las mujeres y 29.000 euros los hombres.

Xavier Pellicer, de la CUP, sostuvo en enero que la situación se estaba dilatando y urgió, sin éxito, a los partidos grandes a presentar una propuesta. “Es necesario actuar. PSC, ERC y Junts no quieren que esa rebaja de dietas suponga una de salarios. Quieren que lo asuma el erario público”, afirmó señalando que si no quieren resolverlo que asuman las consecuencias de tener esos “sueldos desorbitados” y “esos privilegios”. La CUP mostró su voluntad de presentar un escrito para debatirlo en la mesa del día 1 pero todo quedó eclipsado por la inhabilitación de Juvillà y la revelación de su enfermedad.

La Mesa ya aprobó en 2017 y 2020 dos disposiciones para aplicar una reducción gradual y progresiva de esas dietas y hasta ahora se ha hecho de forma mínima: 375 euros en el caso de los diputados del área metropolitana y 529 de los de más de 191 kilómetros. La presidenta, Laura Borràs, es partidaria de la revisión y ha planteado alternativas para que las valoraran los grupos, dispuestos a eliminarlas aunque no hay un acuerdo en el cómo. Los diputados perciben su salario en dos conceptos: el base y las dietas por desplazamiento que no pagan al fisco de acuerdo con una ley estatal 25/2006. La partida varía en función del lugar de domicilio de los diputados repartidos en cuatro tramos: 16.975 euros al año si viven dentro del área metropolitana; 22.070 desde esa corona hasta 80 kilómetros; entre 181 y 190 kilómetros 23.000 y más de 191, 23.895 euros. A estas cantidades hay que sumarle los pluses por si ostentan cargos en sus grupos como presidente o portavoz de grupo o presidente de comisión.

Alicia Romero, portavoz socialista, admite que no han llegado a un acuerdo. “Estamos en el mismo punto. Los grupos estamos trabajando y analizando la situación con comparativas con otros parlamentos y esperamos cerrarlo este trimestre”, dijo recordando que la Mesa espera que exista ese consenso. Jéssica Albiach, líder del grupo de los comunes, precisa que el asunto se trata en la Mesa, de la que no forman parte, y que lo están hablando “básicamente” los partidos grandes. “Como saben cuál es nuestra posición, que es que el sueldo de los diputados tribute al 100%, ya no nos han dicho nada más”, afirma con sorna.

El mandato de cómo resolverlo sigue en el aire y los grupos hacen números por las paredes porque pagar al fisco supondría a cada diputado una merma de entre 500 y 600 ingresos. Una posibilidad es aumentar su salario bruto, costeado por la Cámara, para que los diputados no pierdan ingresos a costa de las arcas de la Cámara. Otra de las hipótesis es que la carga fiscal la asuman a medias el Parlament y los políticos. Una de las ideas es tomar como base el sueldo de un diputado de Barcelona y añadirles los gastos de kilometraje, que sí tributan y que obligaría a los diputados a demostrar que físicamente van a la Cámara.