El independentismo asume la inhabilitación del diputado de la CUP Pau Juvillà

La Comisión del Estatuto del Diputado de la Cámara catalana ha aprobado este miércoles un dictamen con el que teóricamente pretendía blindar el escaño del anticapitalista Pau Juvillà (que solicita la Junta Electoral Central tras ser condenado por desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) pero que en la práctica es una aceptación de que no queda otro camino que acatar y entregar el acta. El texto fija el “preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad” como el “límite de la desobediencia política”.

ERC, Junts y la CUP defienden en su texto que el mandato de la JEC de quitarle el escaño al anticapitalista no “tendría” efecto ante la ausencia de una sentencia firme por parte del Tribunal Supremo. La utilización del condicional es clave, pues asume que, si se diera ese paso, Juvillà sí tendría que dejar el acta. Los comunes apoyaron el texto (que tuvo los votos en contra de PSC, Vox, PP y Ciudadanos) pero criticaron que se cancelaran las comisiones durante dos días. La presidenta Laura Borràs había llamado a paralizar la actividad parlamentaria hasta que se realizara esta reunión de la Comisión del Estatuto del Diputado.

El desenlace del caso Juvillà ha provocado que vuelvan a aflorar diferencias entre las fuerzas independentistas. La CUP se ofreció, de hecho, a presidir el Parlament en reuniones con Junts y ERC para blindar el escaño de su diputado pero la idea fue rechazada, anunció Nació Digital y confirmó este diario. La dirección de la CUP informó este miércoles en una circular a su militancia de su propuesta para proteger el acta de su diputado en la que se plantearon asumir responsabilidades con ·todas las consecuencias judiciales” a fin de “garantizar los derechos” de Juvillà.

El presidente de la comisión, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas (Junts), ha alegado que no se puede quitar el escaño porque, a su parecer, hay un “conflicto normativo” entre lo que prevé la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el reglamento de Cataluña en lo que respecta a la pérdida de escaño. “Entre estas normas no hay un supuesto de superioridad jerárquica, sino que hay un tema de competencias”, ha asegurado. Cuevillas se ha mostrado descontento con la calidad técnica del documento aprobado, y lo ha admitido en la conferencia de prensa posterior: “No es el documento del que esté más orgulloso en mi carrera”, ha dicho.

Sin embargo, el argumento más demoledor del informe cuando acepta que la desobediencia con que los independentistas intentan dar respuesta a lo que considera las injerencias políticas tiene un límite. “Las fuerzas políticas del Parlament consideran que el límite de la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos”, dice el texto. Esto es de gran importancia, ya que, más allá de la labor de los representantes políticos, son los funcionarios los encargados de validar acuerdos o pagar nóminas de diputados. Y los partidos dan por hecho que los funcionarios no van a desobedecer.

Los grupos independentistas han tenido que posponer dos horas más la celebración de la reunión ante dificultad de llegar a un acuerdo sobre el texto. El documento no lo firma ningún letrado y de hecho, uno de los reclamos hechos por los socialistas en la comisión, era que no se contara con un dictamen oficial.

La idea de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y aprobada por la Mesa, es que este dictamen se eleve a un pleno extraordinario que seguramente se celebrará presumiblemente este viernes. La idea de Borràs era escenificar de alguna manera el apoyo de la Cámara el último día en que se cumple el plazo para ejecutar la resolución de la autoridas electoral. Cuevillas ha dicho que el texto del dictamen reconoce que Juvillà sigue siendo diputado pero reconoce “las dificultades de la aplicación práctica”.

Día de parálisis en el Parlament

El Parlament ha vivido otra jornada de parálisis, tras el llamamiento de este martes de su presidenta, Laura Borràs, y de los representantes independentistas de la Mesa, para mostrar su apoyo a Juvillà. La única comisión que seguía sin desconvocar en el orden del día, la de derechos sociales (presidida por los socialistas, que se oponen a que se frene la actividad parlamentaria) no ha podido tirar adelante pues no había quorum suficiente. En ella tenía que abordarse la ampliación de la ley contra la emergencia habitacional, muy reivindicada por las entidades sociales.

La Mesa del Parlament había “recomendado” paralizar la actividad parlamentaria pero la última palabra en las comisiones las tienen quienes las presiden. De ahí que las lideradas por el PSC sí se hayan celebrado pero no las de Junts ni las de ERC. En la lista de este miércoles también figuraban la de Políticas Digitales, Interior, Cultura y Políticas de juventud que ya están desconvocadas.

Juvillà fue condenado a seis meses de inhabilitación por un delito de desobediencia, al no retirar unos lazos amarillos durante periodo electoral de su despacho en un ayuntamiento. El anticapitalista, que dejó la mesa del Parlament argumentando problemas de salud, ha revelado este miércoles que sufre de cáncer. Su sitio en el órgano rector de la Cámara lo ocupará Carles Riera.

Ley contra la emergencia habitacional

A una de las salas donde se realizan las comisiones han llegado esta mañana los representantes del PSC, los comunes y Ciudadanos, formaciones que critican el parón de las actividades aunque con distintas sensibilidades entre sí respecto a la situación del anticapitalista. “La comisión no podrá proceder por la ausencia y como presidenta solo puedo manifestar mi profunda decepción”, ha dicho la socialista Mónica Ríos, que preside la comisión de Derechos Sociales.

La diputada ha recordado que en el orden del día se aprobaba el dictamen para ampliar la ley de medidas urgentes sobre la vivienda. “Insto a los miembros que han boicoteado esta comisión que se pregunten a quién están castigando y perjudicando con esta acción”, ha añadido. De la resolución de las enmiendas que debían tratarse depende que se pueda votar la ley catalana antidesahucios en el pleno ordinario que se prevé que tenga lugar la próxima semana, y cuya realización también han puesto en duda algunos de los diputados en la sala.

La ley, cuya propuesta se presentó el pasado junio, se ha querido tramitar con carácter de urgencia por el grupo promotor del proyecto, entre los cuales están ERC, Junts, la CUP y los comunes, y del que también forman parte de manera extraparlamentaria entidades sociales entre las que destaca la PAH. En su momento, el PSC confirmó que se sumaría a esta mayoría con su voto afirmativo. Por su parte, los comunes, el único de los partidos del grupo promotor presente en la sala, ha solicitado que se convoque “de manera extraordinaria” una comisión para poder votar este punto; a lo que la mesa ha respondido que “deberían presentarse dos grupos parlamentarios” para poder solicitar esta sesión, algo que por el momento no ha ocurrido.

Fuentes de la PAH han indicado a este diario que están “pendientes” de las noticias del Parlament: “Necesitamos que la ley llegue ya al pleno y tenerla aprobada. Las familias no pueden esperar porque los desahucios no se paran. Los debemos de evitar ya”, han subrayado.

Susana Segovia, representante de los comunes en la comisión en sustitución de Jessica González, ha dado su apoyo a que se tomen medidas para que Juvillà pueda mantener su escaño hasta que haya una sentencia firme; sin embargo, también ha defendido que, hasta que esto no ocurra, “muchas familias podrían verse afectadas por un desahucio” mientras no se apruebe esta ley, algo que queda retrasado mientras no se aborden las enmiendas. Segovia ha considerado que la ausencia de estos tres partidos en la sala se trata de “una gesticulación más”, algo en lo que ha coincidido con miembros de otros grupos parlamentarios.