Todos los partidos critican a la escuela de funcionarios de Cataluña por su falta de “ejemplaridad”

El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la Escuela de Administración de Cataluña (EAC) ha aterrizado este jueves en el Parlament y todos los grupos coincidieron en una crítica a “la falta de ejemplaridad” en la gestión de la institución que forma a los funcionarios. El órgano fiscalizador ha presentado su estudio sobre las cuentas del ejercicio de 2017 y ha denunciado “fraccionamiento indebido” de contratos, dejadez en la renovación de órganos internos y los incumplimientos formales en las subvenciones para financiar planes de formación.

La síndica Emma Balseiro ha sido la encargada de explicar los hallazgos de la auditoria, que encontró “incidencias relacionadas con el objeto, los importes y las fechas” de algunos de los contratos firmados, entre otros. En el periodo analizado, la dirección de la Escuela recaía en el historiador y exdirector de CatDem Agustí Colomines, muy cercano a Junts per Catalunya. La EAC es un órgano autónomo que entonces dependía del departamento de Gobernación de la Generalitat (con Meritxell Borràs al frente) y tenía un presupuesto de 10,35 millones de euros.

Incluso el diputado representante de Junts en la comisión, Pere Albó, evitó defender directamente la gestión y se sumó a las críticas de sus compañeros, al considerar que a la escuela “se le supone una posición de espejo en el cual verse, como maestros que son”, dijo. Una de las irregularidades explicada por Balseiro es que en ese periodo no se reunieron los órganos rectores de la escuela y ni se cubrieron tres vacantes que existían. “Hay un punto de desidia que lamentamos”, criticó.

“La Escuela debería ser el ejemplo más viviente de cómo se hacen los procedimientos, cómo se ejercen los controles, se realizan los pagos, que se deberían hacer bien porque se supone que ha de enseñar al conjunto de la administración”, defendió por su parte el diputado de En Comú Podem, Joan Carles Gallego.

En un sentido similar se expresó la anticapitalista Montserrat Vinyets: “Es un consejo rector que tiene mucho que resolver en actividad de formación y nos sorprende que no se cumplan esos requerimientos estatutarios”. La representante de la CUP también puso el foco sobre “la falta de control” respecto a diferentes servicios prestados a la EAC por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) por unos 450.000 euros. “Tienen que quedar claro cuáles eran esos trabajos”, afirmó.

El socialista Jordi Riba también abogó porque la entidad “extreme” la exquisitez de su gestión para dar ejemplo al resto de la Administración catalana. Por su parte, el republicano Ferran Estruch recordó que el pasado 14 de noviembre el Govern aprobó la memoria preliminar de la ley sobre la escuela y que reemplazará la que está vigente desde hace 35 años.

Entre los contratos irregulares están los dados a Gesem Informació i Consultoria, que recibió 84.443 euros en 59 contratos, o a Optimas 2012 SL, al que adjudicaron 13 contratos por un importe total de 21.020 (superior al límite de 15.000 euros que marca la ley para los contratos de suministros).