El convenio de residencias sale adelante pese al rechazo interno

El convenio colectivo de atención a las personas mayores en situación de dependencia, el primero de ámbito catalán que ordenará las relaciones laborales en este sector, entró en vigor este martes tras su publicación en el diario oficial de la Generalitat. El convenio mejora los salarios de parte de los trabajadores un 6%, un incremento posible tras la subida de tarifas públicas aprobada por el Govern en febrero. Pero, aunque el pacto ha sido acordado por los dos principales sindicatos y las tres patronales más representativas, en el proceso de elaboración ha saltado por los aires la unidad del sector: cinco patronales minoritarias lo rechazaron al entender que quedaban fuera el 30% de las plazas, y lo llevaron a la justicia.

El acuerdo que hizo posible una subida de tarifas públicas (herramienta necesaria para que se puedan subir los salarios, y que estaba congelada desde hacía años) lo cerró el anterior consejero de Asuntos Sociales con las principales patronales y sindicatos. El convenio que se ha elaborado se aplica en los centros residenciales de personas mayores con plazas concertadas, colaboradoras y de gestión delegada y a los centros de día. Pero con un matiz: para que se aplique el convenio la facturación pública de las empresas y entidades tiene que ser igual o superior al 60%. Es decir, el principal cliente de estas entidades tiene que ser la Generalitat. El convenio ha sido impulsado por CCOO y UGT, y por las grandes patronales: Acra, La Unió Catalana d’Hospitals y el Consorci de Salut i Social de Catalunya.

El mapa de residencias y centros de mayores en Cataluña es muy variado, y conviven centros sin ánimo de lucro con mercantiles, y grandes residencias con pequeñas. Y, dentro de los centros, conviven plazas públicas con privadas. Cinco patronales minoritarias que representan a residencias pequeñas (Upimir, ACAD, ACES, Cesocat y la Confederación del Tercer Sector, junto con la patronal Pimec) alertaron de que la subida de tarifas solo repercute en las plazas públicas (las privadas representan el 30% del total) y que con el nuevo convenio se puede llegar a una situación en la que coexisten distintas tablas salariales, incluso dentro de una misma residencia. Las patronales llevaron el desacuerdo a los tribunales, ya que entendían que además no se les reconocía la representatividad en los órganos de decisión, algo que los jueces desestimaron.

El convenio ha sido, pues, aprobado pese al rechazo de una parte del sector que presta el servicio de la atención a las personas mayores. En un comunicado conjunto, los firmantes del acuerdo celebraron que se haya aprobado un texto “histórico” gracias a la subida de tarifas, comprometida por el Govern en el periodo de 2021 a 2023. En este periodo, los salarios deberían incrementar hasta un 12%, a partir de las tarifas prometidas por el Govern.

Los firmantes celebran que el acuerdo termina con una etapa de precariedad en el sector. “Esto contribuye a asegurar su sostenibilidad y ofrecer la mejor calidad asistencial a las personas en situación de dependencia”, destacan patronales y sindicatos.