El convenio de residencias deja fuera el 30% de plazas

El futuro convenio colectivo de atención a las personas mayores en Cataluña podría ser un hito para un sector diezmado por la falta de inversión y cuyas carencias han aflorado dramáticamente durante la pandemia. Pero en el camino para conseguir este convenio no están todos. Las pequeñas y medianas empresas, con y sin ánimo de lucro, que gestionan plazas privadas (el 30% del total) no están presentes en las negociaciones, y denuncian que no podrán asumir los costes laborales del nuevo acuerdo, que puede generar discriminación entre trabajadores.

El pasado 9 de febrero se constituyó un acuerdo entre las tres grandes patronales (ACRA, La Unión Catalana de Hospitales y el Consorcio de Salud y Social de Cataluña) y los dos grandes sindicatos (CC OO y UGT). Ambas partes firmaron las bases para un futuro convenio colectivo catalán en el ámbito de la atención a la tercera edad, que calificaron de “histórico”. Pero cinco de las ocho patronales que existen en el sector no firmaron el documento y denuncian que la Generalitat les ha dejado de lado y ha puesto un marco de negociación que aparta a las pequeñas, medianas y grandes empresas que, tanto mercantiles como sociales, gestionan las plazas de residencia privadas en Cataluña.

Según las patronales que no firmaron (Upimir, ACAD, ACES, Cesocat y la Confederación del Tercer Sector, junto con la patronal Pimec), el acuerdo para el nuevo convenio parte de un pacto entre el Departamento de Asuntos Sociales, que dirige el consejero Chakir El Homrani, y la patronal ACRA, la más grande. “En el último momento nos vino ACRA y nos dijo que había un pacto con la Generalitat para subir las tarifas públicas de las residencias, que ya estaba cerrado, y que nos teníamos que sumar para el nuevo convenio. Consideramos que no reunía los requisitos mínimos, además de que nadie se había dirigido al sector en su diversidad”, explica Josep Serrano, vicepresidente de la Federación de Entidades de Atención a la Tercera Edad (Feate) y miembro de la junta directiva de la Confederación.

La mejora de las tarifas públicas es una reivindicación histórica de las residencias, ya que han estado congeladas desde hace una década. Si no aumenta la financiación pública, difícilmente pueden aumentar los salarios de los trabajadores de residencias, que son de los más bajos en el ámbito de la atención a las personas. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de tener personal profesionalizado y bien retribuido en los centros de mayores.

El nuevo convenio prevé subir los salarios de los trabajadores un 12% en los próximos tres años, siempre que la Generalitat vaya modificando las tarifas al alza, tal y como se comprometió. El acuerdo se aplicará en los centros que tengan una facturación pública igual o superior al 60%. Esta propuesta dista mucho de la que el sector en bloque defendía desde el año 2017. “Todos los sindicatos y todas las patronales teníamos una posición común para actualizar las condiciones en las residencias, hablar del modelo, de las retribuciones y de todo. Para ello ciframos en 300 millones la inversión necesaria”, explica Serrano, que lamenta que esta unidad ya no existe. “Se tiene que respetar la diversidad que hay en el sector, tenemos que estar en las negociaciones”, destacan desde la Confederación.

La principal preocupación de estas entidades es que este acuerdo dejará fuera a todas las residencias que tienen plazas privadas. Por un lado, porque por ley no pueden subir las tarifas que cobran a los usuarios, con las que se intentaría igualar el aumento de las tarifas públicas y se podrían asumir los nuevos costes laborales. Y por otro, porque en muchos casos, especialmente en las residencias gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, muchas familias ya no pueden pagar ni el precio que hay ahora. Además, en muchos centros conviven plazas privadas y públicas, y las proporciones varían, con lo que el cálculo para ver qué centro podrá aplicar el nuevo acuerdo no está claro. “Será una situación ingobernable”, avisan las entidades, que lamentan que con este movimiento muchos centros se pueden ver obligados a cerrar, restando diversidad al modelo de residencias en Cataluña, en el que el 20% de los centros están gestionados por entidades sin ánimo de lucro.