El convenio catalán de residencias se enquista por un conflicto entre patronales

El paso del coronavirus por las residencias de personas mayores mostró las costuras de un sector infrafinanciado, con unos trabajadores mal pagados y con una realidad muy atomizada en un puzzle de plazas públicas, concertadas y privadas, de centros sin ánimo de lucro o mercantiles, y de residencias pequeñas o de grandes corporaciones. Pero la unidad con la que el sector y las administraciones afrontaron la necesidad de mejorar el sistema ha saltado por los aires. Cinco patronales minoritarias han anunciado este jueves un nuevo recurso judicial para frenar la negociación del convenio de atención a las personas mayores, ya que creen que deja fuera al 30% de las plazas.

El pasado mes de febrero, el departamento de Asuntos Sociales que dirigía el consejero Chakir El Homrani (ahora en manos de Violant Cervera como departamento de Derechos Sociales) acordó justo antes de dejar el cargo una subida de tarifas públicas con los principales sindicatos (CC OO y UGT) y con las patronales más representativas del sector (ACRA, La Unión Catalana de Hospitales y el Consorcio de Salud y Social de Cataluña). Era una de las reivindicaciones históricas del sector, y abría la puerta a mejorar las condiciones de los trabajadores mediante un convenio catalán de atención a las personas mayores.

Pero cinco patronales que representan a las residencias pequeñas, con y sin ánimo de lucro, se opusieron al nuevo convenio. Upimir, ACAD, ACES, Cesocat y la Confederación del Tercer Sector, junto con la patronal Pimec, alertaron de que la subida de tarifas solo repercute en las plazas públicas (las privadas representan el 30% del total) y de que solo se beneficiarían aquellos centros que facturen al menos un 60% con la administración. Avisaron de que el convenio crearía varias tablas salariales en la misma profesión.

Además, acusaron a ACRA de no respetar la representatividad de todos los actores, y ACAD, que se quedó fuera de la mesa de negociación, lo llevó a los tribunales, apoyada por las demás patronales pequeñas, que sí tenían representación aunque insuficiente para influir en el acuerdo. En junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió la tramitación del convenio al estimar las medidas cautelares que pedía esta patronal. Pero hace dos semanas el tribunal desestimó las medidas y pidió a ACAD que demostrara que tiene la representatividad que se arroga. Este jueves, esta patronal ha anunciado que presentaría un recurso ante el Tribunal Supremo, con el apoyo de las demás, y aseguró que el convenio queda sin efecto hasta que haya sentencia.

“Quedan fuera muchos trabajadores, ya que el convenio se ha hecho a medida para las residencias de ACRA. Estamos intentando retomar las negociaciones, pero está muy enrocado”, explica Vicente Botella, presidente de la patronal Upimir. Botella recuerda que mientras las tarifas públicas aumenten, las privadas tendrán que esperar a que suba el IPC para aumentar su financiación. “Y tenemos plazas privadas porque la Generalitat paga siempre tan mal y tarde, que si fuesen todas públicas tendríamos que cerrar. En Upimir, con 180 residencias, solo una entraría en el convenio”, destaca.

El conflicto está abierto pese a que, en 2017, todo el sector se plantó en bloque y pidió una inversión de 300 millones para todas las residencias, una unidad que ahora no existe. “Ya no estamos todos en la misma foto”, admite Cinta Pascual, “pero el convenio, aunque no les guste y por mucho que lo judicialicen, no se paraliza, en diciembre lo tendremos”. Pascual asegura que la sentencia del tribunal “es clarísima” y que están abiertos a dialogar “con la representatividad que tiene cada uno”, que en el caso de ACRA es del 70% del sector. Reivindica el acuerdo con los sindicatos. “Además, lo de las diferencias salariales es una excusa, porque ya hay ahora diferentes tablas salariales”, añade. “El convenio que tenemos es el más bajo de los servicios sociales. Pensamos que hay que hacer pasos, y es imposible dar un paso mientras esperas a que a todo el mundo le vaya bien”, dice Pascual, que confía en que los Presupuestos incluirán el incremento de tarifas comprometido por el Govern, lo que permitiría subir los salarios un 12% en los próximos tres años.

El conflicto llega después de que, en el plano político, ERC, Junts y PSC rechazasen crear una comisión de investigación sobre las 9.241 muertes en residencias durante la pandemia, ante la indignación de los familiares. Los tres grupos propusieron crear un grupo de trabajo con diputados y expertos para analizar el impacto de la pandemia en las residencias, pese a que la comisión de investigación fue aprobada por unanimidad en la anterior legislatura, y fue suspendida por las elecciones.