Pasaporte covid y ciudadanía digital

A raíz de la exigencia del certificado coronavirus estamos viviendo un examen sorpresa de ciudadanía digital. El problema visible fue el colapso del sistema ante el alud de descargas, pero la situación deja al descubierto brechas digitales de acceso y de uso, tensiona la administración y traslada el problema a la primera línea de los espacios que supuestamente queremos proteger. Las lecciones que no se aprenden se arrastran, además de erosionar la confianza en quien nos gobierna.

La medida, necesaria para responder al aumento de casos, nos cogió con el paso cambiado: el 23 de noviembre la Generalitat solicitaba el aval judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para exigir el certificado en interiores de bares, restaurantes, gimnasios y residencias geriátricas (sumándose al ocio nocturno y encuentros multitudinarios). El aval tardó dos días y entró en vigor el 26 a media noche. En 14 horas colapsó la web, con más de 360.000 personas en cola. Ante la incapacidad de absorber el pico de descargas se aplazó la decisión —con los consiguientes costes de credibilidad institucional— hasta el viernes siguiente, víspera de un ansiado puente.

Quizá se hubiera podido anticipar el colapso y ofrecer la web alternativa desde el inicio, pero el error de cálculo implica cierta miopía social. La misma secretaria de Salut Pública Carmen Cabezas afirmaba que a finales de noviembre contaban con 9 millones de descargas. Hasta entonces, estaban principalmente motivadas por viajes profesionales o turísticos a destinos que exigían dicho certificado. Una semana más tarde superábamos los 12 millones de descargas, registrando medio millón en solo día. ¿Es eso significativo? Pues equiparar el cuánto al cómo tiene sus riesgos.

La primera asunción errónea es que descargarlo sea sinónimo de tenerlo guardado y ubicado, listo para poderlo recuperar en el momento que se precise. Las habilidades digitales necesarias implican conocer el sistema de almacenaje de archivos de tu móvil, que resulta mucho más complejo que llegar a la galería de fotos. En la era del streaming además la manera más rápida suele ser a través del “buscar” más que recordando la ruta de carpetas y directorios. Esto tiene efectos en las colas y accesos de los establecimientos, que requieren que los profesionales, además de sus tareas habituales incorporen la de inspección de certificados o actúen como mentores digitales improvisados. En negocios pequeños, con plantillas muy ajustadas y la quiebra pisando los talones, lo más frecuente es que cuelguen un cartel en la puerta y deleguen en la autorresponsabilidad.

La segunda hipótesis arriesgada es que las soluciones digitales son universales. Son cómodas, eficientes y ubicuas siempre y cuando cuentes con un móvil, conectividad y las competencias digitales necesarias. Para más gente de la que imaginamos está siendo un problema enorme, que en este momento están paliando los familiares que tienen cerca. Pero ¿qué ocurre con aquellas personas que están en situación de aislamiento o cuentan con entornos poco digitalizados? Pues que llueve sobre mojado y en lugar de facilitar su vida social se añaden barreras a su autonomía.

Ya tropezamos con la piedra de la brecha digital con el sistema de citas previas para la vacunación: en el mes de junio en Barcelona por cada 10 personas vacunadas en el distrito de Sarrià apenas había 4 o 5 en Ciutat Vella en la misma franja de edad. La Agència de Salut Pública de Barcelona hizo un gran trabajo junto a servicios sociales, asociaciones y referentes comunitarios para identificar cuáles eran las barreras. El diagnóstico resultó que la brecha digital era responsable de la falta del 20% de las citas, seguido de barreras lingüísticas y culturales (15%) y desconfianza sobre los posibles efectos secundarios (también 15%). La respuesta fue desplegar puntos de acompañamiento y asistencia presencial para pedir citas previas, con unos resultados muy positivos. En este momento la alternativa analógica para imprimir los certificados serían los CAPs o eventualmente las farmacias, pero la presión asistencial lo hace imposible.

Medidas de tal calado hay que diseñarlas, comunicarlas e implementarlas con una mirada amplia que anticipe los posibles impactos. Por buena que sea la medida, seguro evitaríamos malestares ciudadanos, de establecimientos y de atención primaria si no nos guiáramos por la confianza excesiva en la app o el QR de turno. Que el sistema colapse tiene razones técnicas comprensibles, pero ni aplicaciones ni servidores funcionan en el vacío: están envueltos por la complejidad social de las personas que los utilizan. Lo que podríamos aprender ya es que por cada solución digital, hay que garantizar siempre una alternativa analógica, comunitaria y acompañada.