Los perjudicados por las cesiones del Govern a la CUP en los presupuestos alzan la voz

En su campaña para aprobar los presupuestos de 2022, el Govern ha hecho reiterados llamamientos a la “responsabilidad”. Ayer, lo reiteró el consejero Jaume Giró, en un intento de que los demás partidos no pongan trabas a unas cuentas públicas que “son las que Cataluña necesita”, según el titular del Departamento de Economía.

Esquerra Republicana (ERC) y Junts tratan de escenificar con los presupuestos una unidad de acción agrietada por los contínuos choques entre los dos partidos, y la prioridad es seducir a la CUP, para presentar a las fuerzas independentistas como un frente sólido. Pero los anticapitalistas han puesto varias condiciones para dar su apoyo. Unos requisitos que ha acatado el Govern, aun a costa de exhibir una posición de sometimiento a la CUP y de generar críticas y desafecto en territorios que confiaban en el desarrollo de proyectos de calado económico, que los cupaires exigen vetar a cambio del sí a los presupuestos.

“Lamentamos que el Govern de la Generalitat haga caso a la CUP y permita que gobierne de manera encubierta, mediante una herramienta de acción política tan importante como son los presupuestos”, criticó Pere Granados, alcalde de Salou. En la Costa Daurada ha levantado ampollas la eliminación, en el boceto presupuestario, de la partida de 120 millones de euros para desbloquear la compra de los terrenos donde debe levantarse el macrocomplejo de ocio y juego conocido popularmente como BCNWorld. Las fincas son propiedad de Criteria-la Caixa y la Generalitat asume un papel de mediación para que lleguen a manos de la multinacional Hard Rock.

Desde las consejerías de Economía y Territorio, la dos áreas donde se ha gestionado el extenso expediente sobre este proyecto, se ha insistido en que BCNWorld no supondrá “ni un euro” de gasto público, porque la multinacional norteamericana es quien tiene que asumir el gesto final de la compra de los terrenos, pegados a Port Aventura, donde piensa desarrollar su resort de hoteles y salas de apuestas. Pero, la palabra de Junts y ERC no ha bastado para los cupaires, y exigieron la retirada de los 120 millones como condición indispensable para valorar si dan el sí a las cuentas. Un veredicto que no se sabrá hasta este martes.

El Govern cedió a la reclamación de la CUP, en una maniobra más estética que funcional porque la retirada de la partida prevista no supone sepultar el proyecto. Los 120 millones se pueden avanzar desde el Incasòl, la empresa pública de gestión de edificios y suelo urbanizable. Desde el ejecutivo se reitera que los términos de la compraventa están pactados con Hard Rock. Por ello, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant sigue acusando abiertamente al Govern: “hace de API de Hard Rock y La Caixa”.

Pere Segura, alcalde de Vila-seca, apunta que “meter presión política no es conveniente en un proyecto que está consensuado desde hace años entre los grandes partidos con representación en el Parlamento \[de Cataluña\]”. Pese a todo, Segura hace un llamamiento a la calma y opina que “el proyecto Hard Rock no está en peligro”.

No muestra el mismo nivel de confianza la Cámara de Comercio de Tarragona, que ha criticado los devaneos de la Generalitat para hacer realidad BCNWorld. Esta institución empresarial considera que la estrategia del Ejecutivo catalán puede “comprometer inversiones millonarias y poner en riesgo la creación de miles de puestos de trabajo”. Según un comunicado hecho público desde la presidencia de la Cámara de Comercio, plegarse a las exigencias de la CUP “es una irresponsabilidad impropia de una administración que tendría que velar y estar comprometida activamente en la recuperación de la economía”.

También en el Pirineo ha causado malestar el frenazo gubernamental que ha forzado la CUP para una posible candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. El pasado fin de semana se celebró en Vielha (Lleida) una jornada sobre “el olimpismo como motor de desarrollo territorial”. Contó con la asistencia de representantes de ayuntamientos de las comarcas pirenaicas, de consejos comarcales y diputaciones de Cataluña y Aragón. Estas dos autonomías deben organizar de forma conjunta la posible candidatura.

La síndica de Aran, la socialista Maria Vergés, avisó de que esta candidatura supondría una oportunidad “única”. Para Vergés, un evento de este calibre puede suponer un punto de inflexión para frenar el despoblamiento, además de ser una palanca de impulso para lograr la mejora de servicios e infraestructuras en el territorio. El presidente del consejo comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús, también mostró su respaldo al proyecto olímpico y manifestó que “el no a todo, no aportará nada”.

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, aseguró en estas mismas jornadas en Vielha que la candidatura “Pirineos-Barcelona” para el año 2030 tiene posibilidades de resultar ganadora, pero advirtió de que es menester el apoyo unánime de los municipios y de las comunidades autónomas implicadas.