El Govern busca guardar la mayoría independentista en los presupuestos catalanes

El Govern de Pere Aragonès está decidido a preservar como sea la mayoría independentista del Parlament, basada en los 65 diputados de ERC y de Junts, que gobiernan en coalición, más los nueve de la CUP, su socio parlamentario (la mayoria absoluta está fijada en 68). Tras aprobar las cuentas el martes, el Ejecutivo ha aplicado ya al proyecto dos correcciones en los macroproyectos para atraer a los anticapitalistas: ha retirado una partida de 120 millones de euros para el complejo de juego Hard Rock, junto a Port Aventura (Tarragona) y no formalizará la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 sin consenso en el territorio.

El doble gesto está destinado a seducir a la militancia de la CUP, que este fin de semana debate el proyecto para dilucidar si apuesta o no por una enmienda a la totalidad. Los afiliados votarán el lunes en una consulta y los resultados se sabrán el martes. Todas las votaciones de la CUP están envueltas en la incertidumbre pero lo que está claro es que su cúpula quiere seguir negociando hasta el final porque, aunque venza la enmienda, plantea en una pregunta árbol si aun así debe seguir con las conversaciones.

“Trabajaremos hasta el último segundo antes de la decisión de la CUP para que sea posible el acuerdo, que es bueno”, secundó este viernes Aragonès en una visita a L’Hospitalet del Llobregat. El president sostuvo que la partida prevista para Hard Rock Café era una “cuestión técnica” porque siempre ha rechazado gastar un “euro público” en el proyecto y respecto a la candidatura olímpica, que se someterá a una consulta, no se formalizará sin consenso en el Pirineo.

Aragonès, pero también Jaume Giró, consejero de Economía, de Junts, ha defendido desde el primer día que las cuentas deben sustentarse en la mayoría de la investidura. Es la misma posición que tiene, por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez con los Presupuestos. Pero las cuentas catalanas tienen una particularidad: el Govern parte con la ventaja de que si no logra los votos de la CUP podrá disponer de los del PSC, que se brinda a diario como alternativa subrayando que así se romperá la mayoría de la investidura. Y eso es lo que justamente no quiere Aragonès, que la legislatura cambie de rumbo.

Pese a que el independentismo nunca había tenido tantos diputados —76— ni tanto porcentaje de voto —esgrimen el 52% aunque incluyen al PDeCAT, ahora extraparlamentario—, ERC, Junts y la CUP conforman una mayoría ideológica frágil y siguen sin tener una estrategia común en el campo estrictamente en el postprocés. Los anticapitalistas, por ejemplo, se quedaron solos en el debate de Política General al plantear un referéndum unilateral. Coja en este punto la unidad independentista, la CUP se arriesga, si no vota las cuentas, a ceder la llave de la estabilidad al PSC.

El objetivo del Govern es aprobar cuanto antes el Presupuesto y a ser posible antes de final de año, algo que no ocurre desde hace una década. Aragonès se fijó ese horizonte desde el primer día porque el Ejecutivo funciona con cuentas prorrogadas. No solo eso: los presupuestos contribuirían a apuntalar el Govern cuya cohesión saltó por los aires con la mesa de diálogo por el veto de Aragonès a sus socios de Junts. Alicia Romero, del PSC, arremetió contra el Ejecutivo: “No pueden vender y mercadear con Cataluña. Es indignante”.

La mayoría de grupos de la oposición acusaron este viernes al Govern de vender a los “mossos” ante los “antisistema” de la CUP para lograr así aprobar los presupuestos. El consejero de Interior Joan Ignasi Elena compareció en la comisión del Parlament para explicar los presupuestos en su departamento proclamando que han puesto fin a los recortes. Ramon Espadaler, exconsejero de Interior y diputado del PSC-Unit per Avançar, afirmó que son los mossos quienes pagarán los acuerdos con los anticapitalistas. “Ponen a la policía a los pies de los caballos”, lamentó. Toda la bancada de la derecha cargó contra el hipotético acuerdo y Xavier Pellicer, de la CUP, inquirió sobre la conveniencia de destinar más agentes a asuntos internos. Para atraer a la CUP, el Govern ha decidido revisar todas las causas y retirarse en las que no haya mossos lesionados o no quede acreditado las causantes de las mismas.

Elena ha defendido la posible alianza y lo equiparó a las que existen entre socialistas y los comunes tanto en el Ayuntamiento de Barcelona y del Gobierno central. El presupuesto asciende a 1.599 millones de euros, 131 millones más que en 2020, de los que 79 serán para pagar así las 1.500 nuevas contrataciones en mossos, Bomberos y Agentes Rurales. El consejero anunció la creación de 10 nuevas comisarías de “proximidad” y que se cambiará el uniforme de los agentes de seguridad ciudadana antes de verano (10,8 millones). En 2022, se contratarán 840 mossos y tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno se alcanzará una plantilla de 22.006 agentes en 2030.