El Govern cede ante las demandas de la CUP y retira inversiones en proyectos como BCN World y los Juegos de Invierno

El Govern ha cedido este jueves ante las demandas de la CUP, especialmente en las relacionadas con los macroproyectos, para acercar posiciones que permitan su apoyo a los presupuestos. En concreto, el Ejecutivo se ha comprometido a retirar las inversiones previstas en las cuentas para BCN World, 120 millones de euros, o los preparativos de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno, 800.000 euros para la consulta sobre la cita olímpica. Las dos partes difundieron durante la noche sendos documentos sobre el estado de las negociaciones que apuntan cierto acercamiento: el Govern divulgó la última oferta que ha hecho a la CUP y esta el documento-guía que debatirá su militancia para decidir el lunes si vota o no una enmienda a la totalidad de las cuentas. Las dos partes desean negociar hasta el final.

Esas cesiones constan en el texto remitido por la CUP a sus bases, mientras que el Govern admitía en el suyo que introduciría en los Presupuestos un artículo para comprometerle que la operación del macrorecinto turístico con casino junto a PortAventura no tendría costes para la Generalitat. Los 120 millones consignados por el Ejecutivo debían servir para comprar los terrenos a CriteriaCaixa y, acto seguido, vendérselos a Hard Rock, el operador que prevé realizar el proyecto. Ante las dudas de los anticapitalistas, el Govern ya había introducido en el borrador de la ley de Medidas Fiscales y Financieras un punto en el que se comprometía a hacer una consulta antes de lanzar la candidatura de los Juegos de invierno. Ayer, el Ejecutivo, según la CUP, renunció a incluir partidas de gasto en las cuentas.

En una conferencia organizada por Barcelona Tribuna, el president Pere Aragonès reclamó a la CUP que primen la voluntad transformadora por encima del “riesgos de bloqueo”. “Seguro que hay margen de mejora pero estos son los presupuestos que implementan el acuerdo de investidura”, dijo en alusión al doble pacto que alcanzó por separado primero con la CUP, socio parlamentario, y luego con Junts, de Gobierno, para alcanzar la presidencia. ERC y Junts suman juntos 65 diputados y necesitan al menos tres de los nueve de los anticapitalistas para obtener la mayoría absoluta (68).

Pese a que el socialista Salvador Illa se volvió a ofrecer este jueves como alternativa sin la CUP no vota las cuentas, el Govern reiteró su voluntad de “exprimir” la negociación sin “plazos ni líneas rojas”. Los anticapitalistas también planean apurar los contactos para no regalar la llave de la estabilidad al PSC y dar un vuelco a la legislatura. De hecho, ese es el espíritu de la pregunta árbol que la dirección de la CUP ha planteado a sus bases: si vence la enmienda a la totalidad, les plantea si debe seguir o no igualmente con las negociaciones. La otra opción es apoyar la tramitación votando abstención.

Tras la reunión del Govern, que aprobó la ley de acompañamiento de los Presupuestos, la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja, defendió que el articulado que se tramita en el Parlament incluye el 80% de las medidas acordadas en el pacto de investidura y que las cuentas son imprescindibles para aprobar la mitad de esas medidas. La CUP discrepa de ese porcentaje y dice que un 50% sigue en el aire al haberse aplicado un 40% y un 10% en vías de ejecutarse.

La ley de acompañamiento recoge algún guiño a la CUP, como la obligación del Govern de iniciar los trabajos que contemplen la gestión desde la Generalitat del servicio del 061, cuya concesión concluirá en meses. La última oferta del Ejecutivo a los anticapitalistas, con fecha de este jueves , incluye una partida de 80 millones para vivienda social, que permitirá construir 2000 nuevas viviendas (supone un aumento del 515% respecto a las cuentas de 2020); 100 millones para ayudas al alquiler para beneficiar a 53.000 familias en lugar de las 45.000 actuales; la reducción progresiva de ratios en los ciclos de infantil y primaria para pasar de 25 a 20 alumnos por aula con la consiguiente contratación de 1.545 profesores y la inversión de 56 millones de euros; mantener 411 profesionales de residencias contratados por la covid y un plan contra la pobreza que pasará de 7,2 a 13 millones.

El documento intenta persuadir a la CUP con el anuncio de la retirada de las acusaciones particulares que la Generalitat había presentado contra siete personas por los incidentes registrados en la investidura fallida de Carles Puigdemont en 2018. Paralelamente, prevé iniciar un proceso de revisión sistemática de los procesos en los que está personada la Generalitat para que se retire en aquéllos en los que constate que no hay ningún mosso lesionado o, y esta es la novedad, en la que no se pueda acreditar la autoría de la lesión.

El diputado Xavier Pellicer (CUP) admitió “avances” en educación, pero se mostró escéptico en global con la propuesta que situó antes de que se aprobaran los presupuestos. Su postura es que los Mossos no deben intervenir en desahucios porque el Govern debe mantener un pulso judicial para proteger a las familias vulnerables; avisó que el Govern planea absorber al personal sanitario pero no a los teleoperadores. Y deslizó su contrariedad cuando en el último documento del Ejecutivo no figuraba la inversión en Barcelona World y se han provisionado 120 millones. La CUP cree que el Govern se ha arriesgado aprobando un proyecto sin tenerlo amarrado. Pero el consejero de Economía, Jaume Giró, sintetizó en una frase —”habrá presupuestos o presupuestos”— la tranquilidad del Ejecutivo porque tiene otras alternativas además de la CUP.

La CUP cree que el Govern se ha arriesgado aprobando un proyecto sin tenerlo amarrado. Pero el consejero de Economía, Jaume Giró, sintetizó en una frase —”habrá presupuestos o presupuestos”— la tranquilidad del Ejecutivo, que tiene guardada la carta que le brinda constantemente Illa si falla la de la CUP. Los anticapitalistas iniciarán hoy sus asambleas para decidir su postura. Endavant, una de las entidades nucleares de la formación, emitió hace días un comunicado inclinándose por un “no” a los presupuestos y a favor de pasar a la oposición. Poble Lliure, tradicionalmente más pactista, tampoco observa claros avances “sociales ni nacionales” para avalar los presupuestos. En marzo, el 59,1% de la militancia votó a favor de la investidura de Aragonès pero el 85% consideró que el acuerdo era insuficiente.