Cataluña endurece la tramitación de parques renovables

Implantar parques eólicos y fotovoltaicos de más de cinco megavatios (MW) será a partir de ahora más complicado en Cataluña, después de que el Govern haya aprobado este martes un nuevo decreto que endurece los requisitos necesarios para emprender su tramitación administrativa. La decisión que deberá convalidar el Parlament supone enmendar los cambios introducidos por el pasado Ejecutivo, cuando el PDeCAT era la formación titular de la materia, y complicar todavía más la expansión de las energías renovables por Cataluña. A finales del año pasado la comunidad apenas aportaba el 6% de la producción del conjunto de España, lejos de su peso en término de población (16%) y de PIB (19%).

La consejera de Acción Climática, Teresa Jordà (ERC), ha afirmado que la aprobación del decreto es solo “el punto de partida” de la estrategia del Ejecutivo en materia energética. Le seguirá un plan territorial y sectorial que definirá con más concreción qué espacios quedan fuera de las futuras planificaciones y se prevé crear una operadora pública, aprovechando las fuentes de energía, sobre todo fotovoltaica, que se puedan instalar en suelo y edificios de la Generalitat. El decreto, en todo caso, va en la línea de ser muy escrupulosos con los grandes proyectos que busquen implantarse en Cataluña.

El Gobierno catalán, que busca el acuerdo de la CUP en esta materia como un aliciente más para que apoyen los Presupuestos de 2022, fija en el nuevo decreto que los promotores de parques busquen antes de presentar su proyecto el consenso con municipios y propietarios de tierras afectadas antes de presentar el proyecto, lo que acabará frenando la presentación de propuestas, que antes buscaban esos acuerdos durante la tramitación.

En los parques con una potencia superior a los 5 MW los impulsores deberán acreditar que han acordado con los titulares propietarios de un mínimo del 50% del solar donde se levantará el complejo la instalación en la finca, si bien si se quiere un trámite más rápido, para conseguir la declaración de utilidad pública, ese porcentaje deberá elevarse al 85%. Asimismo, a partir de ahora será obligatorio demostrar que se ha ofrecido el 20% de la participación o financiación en el proyecto a inversores locales, incluidos los municipios.

Es un nuevo paso en la zigzagueante política que la Generalitat de Cataluña ha mantenido en materia de energías renovables durante la última década, en la que apenas ha habido avances en la implantación de molinos eólicos o placas fotovoltaicas. A las tras de la Administración se suma justamente plataformas locales que se niegan a la implantación de parques por el impacto visual y ecológico que estos tienen. El resultado ha sido que la comunidad se encuentre ahora a la mitad de los objetivos de la Unión Europea en lo que se refiere a la generación de energía de fuentes verdes.

“El Govern no entiende la transición como un simple cambio de recursos de fósiles a renovables, sino como la oportunidad para hacer un modelo energético propio y de país, por eso la hoja de ruta diseñada y la modificación de este decreto es solo el primer paso”, ha afirmado Jordà en la rueda de prensa semanal del Ejecutivo catalán. El Govern no ha desvelado proyecciones sobre cómo prevé que evolucionará el desarrollo de energías renovables en plena emergencia climática y se encuentra en la paradoja de querer albergar una fábrica de pilas de baterías para coches eléctricos sin tener la capacidad de alimentarla con electricidad generada sin emisiones. En 2030 y 2031 deberían cerrarse las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs, en Tarragona.

La Generalitat fía parte de la expansión a futuro a proyectos de autoconsumo y a otras instalaciones de menor calado, siempre y cuando no superen los 5 MW. Jordà ha asegurado que el decreto “desencallará” 19 proyectos de esa capacidad máxima.

El problema de implantar instalaciones renovables en Cataluña está generando dos efectos. Uno es directo: los promotores esquivan la comunidad y buscan otros emplazamientos que les ofrezcan mayores garantías de rápido desarrollado. Pero el otro es que proyectos como el de la compañía Forestalia en Aragón proyecten línea de muy alta tensión que cruce comarcas catalanas para verter su electricidad en, por ejemplo, la subestación de Begues, en el área metropolitana de Barcelona.