El Govern no tramitó ni una sola sanción de los Mossos a manifestantes el año pasado

La Generalitat no tramitó el año pasado ninguna de las cerca de 1.200 actas que abrieron los Mossos d’Esquadra en manifestaciones y reuniones públicas celebradas en Cataluña. El Departamento de Interior no resolvió y ni siquiera inició un solo expediente sancionador. La nula actividad administrativa en esa materia, plasmada en la memoria de Interior de 2020, ha provocado malestar en la policía autonómica, que ve su trabajo despreciado y su credibilidad, tocada.

Fuentes policiales atribuyen la ausencia total de expedientes a la voluntad política del Govern de Quim Torra de no castigar las movilizaciones independentistas con sanciones económicas. Un portavoz de Interior, que ahora dirige el consejero Joan Ignasi Elena (Esquerra) explicó este martes que el departamento ignora por qué no se tramitó ningún expediente, pero añadió que está “mirando y analizando” el asunto.

Pese a las restricciones de movilidad y aforo por la pandemia de coronavirus, en 2020 se celebraron en Cataluña un total de 5.440 concentraciones y manifestaciones; la ciudad de Barcelona fue el escenario de casi la mitad de ellas. Pero esas fueron solo las manifestaciones comunicadas al Departamento de Interior. Muchas otras discurrieron por las calles de pueblos y ciudades sin la obligada comunicación previa, donde el convocante debe hacer constar por escrito el lugar y fecha del acto y otros datos relevantes; por ejemplo, si es previsible que se produzcan cortes de tráfico.

En esas manifestaciones no comunicadas es donde se acumula la mayor parte del trabajo administrativo de los Mossos d’Esquadra, que pueden abrir lo que técnicamente se conoce como “actas de recogida de datos”. Allí consta, siempre que sea posible, el nombre de las personas o entidades que están presentes en la marcha. Aunque en menor medida, las manifestaciones de las que sí se ha dado cuenta a Interior también pueden ser objeto de actas de infracción; por ejemplo, si incumplen o alteran de forma notable el plan del que habían informado.

Fuentes policiales explican a EL PAÍS que, el año pasado, los Mossos levantaron alrededor de 1.200 actas, que posteriormente deben ser tramitadas por la Dirección General de Administración de la Seguridad (DGAS), que depende de Interior. La DGAS puede archivar el expediente o imponer una multa. Las mismas fuentes conceden que, en algunos casos —en especial, cuando no se ha podido identificar a nadie— la tramitación puede resultar complicada. Pero no ven una explicación razonable al número de expedientes que figuran tramitados en la memoria: cero.

Los sindicatos de Mossos plantearon la cuestión a Elena en la última reunión del Consejo de Policía, celebrada la semana pasada. El consejero respondió con evasivas: dijo que ignoraba ese dato, pero que estudiaría lo ocurrido y averiguaría por qué no se dio curso a ninguna de las actas presentadas por los Mossos. Interior alude a los cambios en el Govern tras las últimas elecciones —Sònia Andolz ha sustituido a Jordi Jardí como responsable de la DGAS— para justificar por qué no sabe qué pretendían los anteriores responsables de la cartera. El departamento no aclara, sin embargo, si este año se están tramitando o no las sanciones.

“Se quedan en el cajón”

“Si hacemos todo ese trabajo de recoger datos y luego no hay ninguna sanción, ¿qué sentido tiene?”, se pregunta el portavoz del sindicato USPAC, Albert Palacio. Lamenta Palacio que una decisión de ese tipo supone una “merma de autoridad” para la policía y da a entender al ciudadano que “nunca pasa nada”. “Los expedientes se han quedado en un cajón. Si todo sale gratis, vamos mal. Y más en el contexto social y político en el que estamos”, afirma un mando de los Mossos. Fuentes policiales creen que la inacción de Interior podría ser constitutiva, incluso, de un delito de prevaricación por omisión.

Los cortes de tráfico diarios en la avenida Meridiana de Barcelona, liderados por el independentismo, están en el origen de la paralización de los expedientes, según fuentes policiales. Con el argumento de que el derecho a la manifestación pasa por encima de todo lo demás, el Govern instruyó a Interior para dar carpetazo a las propuestas de sanción, siempre según las mismas fuentes. Además de los cortes en la Meridiana, el año pasado se celebraron multitud de manifestaciones no convocadas. En octubre, por ejemplo, las protestas contra las restricciones por la covid derivó en graves incidentes en Barcelona.