Salvador Illa considera legal el fondo de la Generalitat para avalar las fianzas de los dirigentes del ‘procés’

Espaldarazo de los socialistas catalanes al fondo complementario creado por el Govern para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas por haber promocionado el procés en el extranjero. Pese a que el grupo del PSC en el Parlament ha solicitado al Consejo de Garantías Estatutarias (el órgano que vela por la constitucionalidad de las normas emanadas del Parlament y el Govern) que analice el decreto ley que crea el fondo, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha defendido este martes su legalidad. “La información que tengo hoy, según los equipos jurídicos de mi grupo parlamentario y otros con los que he contactado, es que es un decreto que está muy ajustado a la legalidad”, ha apuntado en una entrevista en Rac1.

Illa ha defendido este gesto porque, aunque los informes de este organismo catalán no sean vinculantes, sí que tiene un valor político para acabar con el “ruido” generado en torno al fondo que anunció el Ejecutivo catalán la semana pasada. “Es importante que no haya ninguna sombra de duda al respecto (...) Yo quiero que todos tengamos la garantía de que se ajusta al Estatut y a la Constitución”, ha resuelto. La Generalitat, por su parte, ha aprobado este martes, en su reunión semanal, la partida que nutre el fondo que busca ayudar a los afectados por la causa del órgano fiscalizador.

“Si está sujeto a derecho, nada que objetar; y si no está sujeto a derecho, pues evidentemente tendremos que recurrirlo”, afirmó hace una semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes del Ejecutivo central señalaron que aún no tienen claros los detalles del fondo y lo están estudiando, pero si ven que contraviene de alguna manera la legalidad, buscarán la forma de pararlo, como han hecho con algunas leyes catalanas.

El Gobierno catalán aprobó, mediante un decreto ley, la creación de un fondo de cobertura de reclamaciones judiciales, de 10 millones de euros, al que se podrán acoger los ex altos cargos afectados por los procesos del Tribunal de Cuentas. Los interesados solo pueden solicitar la ayuda si no hay sentencia firme condenatoria. El Tribunal de Cuentas pide a una cuarentena de antiguos altos cargos de la Generalitat y servidores públicos el pago de fianzas por 5,4 millones de euros, el dinero que el ente fiscalizador cree que se ha malgastado en la internacionalización del proceso independentista.

La posición de Illa, un hombre de absoluta confianza de Pedro Sánchez, podría apuntar la postura de La Moncloa. El presidente del Gobierno advirtió la semana pasada, durante la gira que realizó por los países bálticos, que el Gobierno recurriría el fondo creado por la Generalitat si comprobaba que es ilegal. Sánchez afirmó que “nosotros siempre hemos defendido que todo lo que se apruebe por todos los gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. Por tanto, vamos a estudiar la decisión que se ha tomado y, a partir de ahí, si está sujeto a derecho, nada que objetar; y si no está sujeto a derecho, pues evidentemente tendremos que recurrirlo”. Posteriormente, el Govern se ofreció a negociar el contenido del decreto, excepcional en el Estado autonómico. Las comunidades no ayudan, como quiere hacer Cataluña, a cargos que malversan fondos. Los seguros existentes cubren la responsabilidad en el ejercicio del puesto, pero no la indebida gestión de los caudales públicos.