Las comunidades no ayudan a cargos que malversan fondos como quiere hacer Cataluña

Las comunidades autónomas no disponen de un fondo parecido al que la Generalitat de Cataluña aprobó el martes para cubrir las fianzas a acusados de malversar dinero público de la propia Administración afectada. El president Pere Aragonès afirmó el miércoles en el Parlament que el fondo de 10 millones ideado por el Govern de ERC y Junts para avalar la multa de 5,4 millones del Tribunal de Cuentas a 34 excargos de la Generalitat por gastos indebidos en la promoción internacional del procés es similar a las pólizas de seguros de otras administraciones públicas. Una comparación que rechazan todas las fuentes consultadas en distintas autonomías, con independencia del territorio y partido que gobierne. Ninguna tiene un fondo que se responsabilice de la indebida gestión económica de los caudales públicos por parte de sus cargos o funcionarios.

La Junta de Andalucía nunca ha avalado fianzas personales de sus cargos públicos investigados o condenados en los diferentes procedimientos judiciales, señalan fuentes del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno. El Gobierno andaluz sí cubre la defensa de sus cargos y funcionarios investigados mediante el gabinete jurídico, siempre que sea en ejercicio de sus funciones. Esta cobertura legal puede ser revocada si son condenados.

En caso de que exista colisión de intereses en los procedimientos entre la Junta y sus cargos, estos podrán contratar a abogados externos que pagaría el Ejecutivo. Sin embargo, la casuística es diversa y mientras que el abono se ha realizado con altos cargos de empresas públicas, en las consejerías el asunto varía. La Junta decidió en 2019 abonar las minutas de los letrados de los 20 procesados en el caso ERE, pero al resultar condenados, el pago se paralizó. Esta decisión afectó al exconsejero Gaspar Zarrías, a quien la justicia denegó esta primavera el pago de 80.000 euros a su abogado que reclamaba a la Junta. En el caso de los ERE fraudulentos, cuya supuesta malversación está en el Tribunal de Cuentas en paralelo al Supremo, la Junta acusó a excargos socialistas, resaltan en el Ejecutivo andaluz.

Madrid no tiene en este momento ningún contrato de seguro a escala para dar cobertura jurídica ni en forma de aval a altos cargos ni funcionarios públicos. En los procedimientos abiertos relacionados con supuestos casos de corrupción ocurridos en anteriores legislaturas, la Comunidad tampoco ha dado cobertura jurídica a altos cargos o funcionarios. “Se optó por lo contrario, ejercer la acusación particular al ser perjudicada por los presuntos delitos”, según fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En la Comunidad Valenciana la mayoría de empresas públicas gestionan y suscriben una póliza de seguro para poder cubrir las responsabilidades en que puedan incurrir sus responsables en el ejercicio del cargo, según fuentes de Presidencia. Dentro del ámbito de la Administración, cuando alguien es denunciado por algún asunto en el ejercicio de su cargo puede dirigirse a la Abogacía de la Generalitat. En los casos en que no se concede tal defensa, se recurre a un abogado particular. Si el cargo público es absuelto o se archiva la causa, la persona afectada puede reclamar a la Generalitat el pago de las costas, que serán abonadas si se cumplen todos los requisitos. Si el cargo público es multado y condenado, no.

Los funcionarios y altos cargos del Gobierno de Murcia que sean denunciados o involucrados en una causa judicial por algún asunto relacionado con su actividad y servicio público pueden solicitar la asistencia letrada de los abogados de la comunidad. Navarra cuenta con “un seguro para altos cargos” de la Administración “en casos de responsabilidad patrimonial”, según fuentes del departamento de Hacienda.

Castilla-La Mancha y Aragón disponen de seguros de responsabilidad para los profesionales sanitarios. En Asturias los seguros de responsabilidad civil de las empresas públicas cubren la actividad normal de los funcionarios. El ejemplo más sencillo es el seguro de responsabilidad civil del Servicio de Salud, que cubre las decisiones clínicas y diagnósticas de los profesionales o los daños que se puedan provocar por la atención médica. Cantabria tiene seguros de responsabilidad civil pero no para casos dolosos.

Con información de Juan José Mateo, Ferrán Bono, Mikel Ormazabal y Juan Navarro.