La Fiscalía pide nueve años de prisión en total para tres activistas del Sindicato de Inquilinos de Barcelona

La Fiscalía pide nueve años prisión en total para tres activistas del Sindicato de Inquilinos. El ministerio público acusa a su portavoz, Jaime Palomera, y a dos activistas más de los delitos de coacciones continuadas y allanamiento de morada de persona jurídica, por los que solicita tres años de cárcel a cada uno. El origen es una protesta que llevó a cabo el sindicato en la sede de la empresa de un gran tenedor. Es la primera vez que se pide una pena de prisión tan elevada contra el sindicato de Inquilinos, que fue investigado y posteriormente exculpado en otra causa por coacciones a una propietaria para bajar el precio de alquiler. Otro juzgado investiga al sindicato de Vivienda del Casc Antic por coacciones, extorsión, amenazas y organización criminal.

El origen de la acusación contra el Sindicato de Inquilinos se remonta al año 2018, cuando la familia Fradera Bes, propietaria de diversas viviendas en Barcelona, no prorrogó el contrato que mantenía con Alpha Mikeliunas y Fran Ortega, en la calle de Floridablanca. Los inquilinos ya habían denunciado que estaban siendo sometidos a un proceso de mobbing inmobiliario, conviviendo con desperfectos, agua no potable y plagas, entre otras. En el contexto de ese conflicto, el 17 de octubre de 2018, el sindicato de inquilinos convocó una protesta en el Instituto de Belleza Francis, de la familia Fradera Bes.

La intención, sostiene el sindicato, era llamar la atención de la propiedad y negociar con ellos la situación que vivían Mikeliunas y Ortega. La protesta se llevó a cabo en el recibidor del establecimiento. El sindicato de inquilinos remarca que se hizo en todo momento de forma pacífica, sin impedir la actividad del centro de estética. La Fiscalía, en cambio, afirma que “asustaron a clientes y trabajadores” en las cerca de seis horas que permanecieron en el lugar, que no abandonaron hasta conseguir un compromiso por escrito de reunión con la propiedad al día siguiente.

La Fiscalía define la actitud de Palomera y de los dos inquilinos como una “acción concertada de hostigamiento” que consistió en una “campaña de difamación” contra la propietaria, que se llevó a cabo mediante las redes sociales “tachándola de especuladora”, con dos manifestaciones el 21 de junio y el 7 de julio, y finalmente con la ocupación. El sindicato defiende que en todo fue una protesta “simbólica” para llamar la atención de la propiedad. “En ningún momento se agredió, insultó, coaccionó, amenazó o intimidó a ninguna persona de las presentes en el Instituto Francos ni de Bel Cosmetic”, subraya el sindicato en su escrito.

En su escrito de acusación, la Familia Fradera Bes rebaja a la petición a 21 meses de prisión, y asegura que la propietaria del instituto de belleza sufrió un ataque de ansiedad, debido a la “coacción y violencia proyectadas” por parte de los tres acusados, y requirió asistencia médica. Una situación, indica, que comunicaron a “los acusados y el resto del grupo de asaltantes, sin que depusieran su actitud”. También apunta a “personas no determinadas” del grupo de manifestantes de robar productos de cosmética por valor de 284, 30 euros, “no sustrayéndose nada más” porque guardaron el resto.

Es la primera vez que el sindicato de inquilinos se enfrenta a una petición de prisión de tres años. “Es un montaje que quiere hacer pasar una protesta pacífica por un caso de violencia”, lamentó este lunes en rueda de prensa el portavoz del sindicato de Inquilinos y acusado, Jaime Palomera. “Hasta ahora no habíamos visto esta beligerancia de la Fiscalía”, añadió, sobre las elevadas peticiones de prisión, insistió en que no se acredita de “ninguna manera” los delitos que les atribuyen, y criticó que durante la instrucción les hayan denegado la declaración como testigos de medios de comunicación e imágenes que acreditan que la manifestación en el instituto de belleza fue pacífica.

Para Palomera, la intención de fondo es “parar los movimientos” como el del sindicato de Inquilinos. “No les interesa que siga creciendo”, aseguró, y defendió los logros legales que han conseguido, con una ley que pone coto al alquiler en Cataluña, aunque fue recurrida la semana pasada por el Gobierno central al Constitucional. “No dejaremos de hacer lo que estamos haciendo”, concluyó, acompañado de la abogada Anaïs Franquesa que lleva su causa, y de Mikeliunas y Ortega, los otros dos acusados.