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Barcelona lleva a la Fiscalía un caso de acoso a inquilinos

El Sindicato de Inquilinos demandó a la propiedad por no mantener el edificio correctamente

Alpha Mikeliunas y Fran Ortega, en el piso de la calle de Floridablanca de Barcelona.
Alpha Mikeliunas y Fran Ortega, en el piso de la calle de Floridablanca de Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona llevará a la Fiscalía un caso de acoso inmobiliario de la propiedad de un edificio a sus inquilinos para que se marchen. Por la vía administrativa, el consistorio ya ha resuelto imponer a la propiedad una multa de 90.000 euros por no conservar el edificio. El caso afecta a una finca del barrio de Sant Antoni, y es la primera vez que el gobierno municipal demanda un caso de mobbing inmobiliario acogiéndose a la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007.

Fueron, simultáneamente, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau y las entidades que luchan por el derecho a la vivienda —el Sindicato de Inquilinos, el Observatorio DESC y la PAH— quienes en verano pasado presentaron un formulario para demandar por la vía administrativa los casos de acoso: cuando un propietario abandona el mantenimiento de un edificio o incluso presiona a sus inquilinos con el objetivo de echarles.

El Sindicato de Inquilinos llama a denunciar

El Sindicato de Inquilinos sacó ayer pecho y recordó que “no fue hasta la sociedad civil puso sobre la mesa” el mecanismo de denuncia del acoso que prevé la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007 ningún municipio la había aplicado. Su portavoz, Jaime Palomera llamó a los inquilinos que sufren acoso a denunciar: “No están solas, el acoso es ilegal y tienen una nueva herramienta para defenderse”, dijo y también pidió a los Ayuntamientos que “hagan cumplir la ley”. A los responsables del acoso les inmobiliario les advirtió de que ya no podrán actuar “de forma impune”.

La práctica es frecuente actualmente en la ciudad en edificios que han sido comprados enteros por inversores que pretenden vaciarlos de vecinos para reformarlos y alquilarlos por un precio más elevado. Entre las entidades y el Ayuntamiento, anunciaron demandas por una docena de casos detectados en las 70 fincas de la ciudad compradas por sociedades de inversión. Por la vía administrativa, las multas por acoso oscilan entre 90.000 y 900.000 euros.

Y uno de los casos que presentaron ese día las entidades es precisamente el de la finca cuya propiedad será denunciada a la Fiscalía, la del número 92 de la calle de Floridablanca, que tiene 21 pisos. Los inquilinos Alpha Mikeliunas y Fran Ortega, treintañeros, demandaron en verano a la propiedad con el apoyo del Sindicato de Inquilinos.

Mikeliunas lleva en el piso desde 2010 —cuando el mercado de Sant Antoni no estaba reformado y el barrio no estaba de moda como ahora— y encadenó varios contratos hasta que en verano pasado recibió un burofax, como el resto de vecinos, avisando de que no les renovaban. Relata que llevan años soportando acoso por parte de la propiedad, “la familia Fradera Bes, dueña del famoso Instituto Francis de belleza”, señala.

Termitas y averías

La inquilina relata una sucesión de irregularidades: “Abuso en los contratos, falta de mantenimiento, termitas en la carpintería, tuberías tan viejas que la presencia de plomo en el agua que sale por el grifo es diez veces superior a lo permitido, bajantes de Uralita rotos...”. O que “cuando se estropea la iluminación de la escalera, las antenas de tele o el ascensor pasan días hasta que se reparan”. Del aviso por burofax y la finalización del contrato, han pasado ocho meses, pero la pareja se niega a marcharse y pagan el alquiler tras un rosario burocrático: burofax, un giro postal, acudir cada vez al juzgado...

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, celebró ayer lo que calificó de “una nueva conquista del movimiento vecinal y del Sindicato de Inquilinos en defensa del derecho a la ciudad” y recordó que el Ayuntamiento también ha multado a grandes propietarios por mantener vacíos edificios enteros en el Eixample.

En verano, al anunciar que comenzaban las demandas por acoso a propietarios, el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, habló de “prácticas mafiosas” y alertó: “Queremos mandar un mensaje a los fondos que asedian esta ciudad de que no permitiremos sus prácticas”. Asens también apuntó que el consistorio no renunciaba a la vía penal. El consistorio informó ayer ha detectado que el anuncio en julio ha tenido un “efecto disuasorio de prácticas discriminatorias y abusivas”. Actualmente el Ayuntamiento trabaja en otros 14 casos en los distritos del Eixample y Ciutat Vella.

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