La consejería de Acción Climática se estrena sin el apoyo del sector

”Si solo dependiera de nosotros, sí habría espacio propio, pero al final dependerá de los pactos”. Así explicaban a pocas semanas del 14-F fuentes de ERC la idea de recuperar, una década después, una consejería de Medio Ambiente. Estas fuentes hacían referencias a las diferencias que, ya se intuían, iba a haber con Junts, más partidario de juntar competencias: la propuesta de los neoconvergentes era crear una gran consejería que aglutinara la carpeta ambiental y la de Agricultura e Infraestructuras. Al final, se optó por una decisión salomónica: juntar Medio Ambiente con la consejería de Agricultura, que pasará a llamarse de Acción Climática. La fórmula, sin embargo, no convence al sector ambiental ni al agricultor y ganadero, en histórica disputa a lo largo del territorio.

El ecologismo llevaba más de 10 años reclamando recuperar una consejería de Medio Ambiente desde que el expresident Artur Mas la suprimiera en 2010 y quedara diluida en Territorio. Pocas semanas antes de las elecciones, el Colegio de Ambientólogos de Cataluña y la Asociación Catalana de Ciencias Ambientales pidieron a través de un comunicado la creación de una “vicepresidencia de transición ecológica”. Había muchas esperanzas depositadas y ahora el sector se muestra decepcionado.

Los ecologistas y ambientalistas creen que con el sector agrícola y ganadero serán difícil de encajar de encajar prioridades como la reintroducción de especies en el territorio. Ecologistas en Acción, con una amplia implantación en el territorio, hizo público el mismo día del acuerdo [el pasado 18 de mayo] su malestar en Twitter. Otra de las organizaciones con mucha fuerza y capacidad de movilización, Ecologistas de Catalunya, compartió un comunicado en el que señalaba de manera agresiva al sector agrícola y se quejaba de que “las competencias ambientales caerán bajo el control del departamento que históricamente ha hecho lo imposible para hacer fracasar las políticas de conservación”.

Xarxa per a la Conservació de la Natura, que agrupa 160 organizaciones y está avalada por la Generalitat por su labor de conservación, no tardó ni 48 horas en dirigir una carta al nuevo president, Pere Aragonès, para manifestarle “su preocupación por el anuncio de un departamento que se aleja de las conversaciones mantenidas en abril”.

“La cosa pinta muy mal”, añaden una semana después fuentes de Ecologistas en acción. En la otra cara de la moneda, Unió de Pagesos también se muestran “a la espera” y prefieren guardar cautela hasta que se definan bien las líneas generales. Aunque admiten que la convivencia será complicada, admite una fuente del sindicato.

Teresa Jordà (ERC) repite como consejera, pero ahora con un departamento que cambia de nombre y tendrá más peso en el Consell Executiu, sobre todo al asumir las competencias en materia energética. Uno de los principales retos del nuevo departamento será impulsar y definir el objetivo marcado por Bruselas de alcanzar una energía 100% renovable en 2050. Las decisiones en esta legislatura pueden influenciar décadas, por lo que no es extraño que en los acuerdos de Govern entre Junts y ERC la transición ecológica sea precisamente el punto que más líneas ocupa en el apartado de política ambiental.

La gestión de la transición verde ya ha levantado también las primeras ampollas en el sector energético después de que el pacto del Govern pusiera en entredicho el actual modelo de implantación de parques fotovoltaicos y de molinos de viento. “La ponencia de energías renovables no dará viabilidad a ningún proyecto de alto impacto territorial”, se expone en el acuerdo. “Una gran acumulación se considerará un elemento relevante para la denegación de la autorización”, añade el documento. EolicCat, la patronal que representa a las empresas con intereses en el sector eólico, cree que las condiciones que estipula el acuerdo de investidura es “una moratoria encubierta” en la implantación de las renovables.

El compromiso del nuevo Govern de fomentar la reconversión energética sin impulsar un nuevo oligopolio es precisamente uno de los pocos puntos [junto a la negativa a la ampliación del aeropuerto en el Delta de Llobregat] en el que pagesos y ecologistas coinciden. Aunque por diferentes motivos: los agricultores temen que la expansión de las energías renovables les quite terrenos de cultivo y encarezca las tierras. Mientras, el sector ecologista se muestra dividido entre los que piensan que la reconversión verde tiene que acelerarse “sea como sea”, y los que piden repensar el actual modelo por el alto impacto en el paisaje ambiental y el peligro que supone, a su juicio, que se formen grandes tenedores.