Cataluña cumple una década sin Departamento de Medio Ambiente en plena emergencia climática

Han pasado 10 años desde que el expresidente catalán Artur Mas suprimió el pionero Departamento de Medio Ambiente aludiendo a la “falta de presupuesto” y repartió sus competencias entre Urbanismo, Agricultura y Pesca. Tres elecciones autonómicas después, la fórmula convergente de desglosar la gestión ambiental se ha asentado en los sucesivos gobiernos independentistas, algo que no ha hecho cambiar la emergencia climática. De cara al nuevo mandato, Esquerra Republicana apuesta por recuperar el departamento mientras que Junts quiere una gran carpeta que también incluya Agricultura.

”Se trata de una decisión política. De poner la gestión urbanística por encima de la protección del territorio”, opina un técnico del actual Departamento de Territorio y Sostenibilidad. “Al final, que decidan poner un nombre por delante de otro te dice cuál es la prioridad de la institución”, explica otra trabajadora que vivió el desmantelamiento de la consejería, hace una década. Después de que Mas vendiera su sede a Mercury Capital SL., la mayoría de trabajadores fueron trasladados al edificio de la Agencia Catalana del Agua (ACA). La actual secretaria de Medio Ambiente, Marta Subirà, tiene su despacho allí, en Provença 204, donde se ubica la sede. El consejero Damià Calvet, sin embargo, lo tiene en la avenida de Josep Tarradellas, 2.

En la práctica, coinciden fuentes del departamento, Subirà ejerce de consejera sin consejería. “La realidad es que a Calvet solo lo identifican como consejero de Territorio”, detallan. Subirà fue nombrada por el exconseller Josep Rull —en prisión, condenado por el Tribunal Supremo por el referéndum de 1-O— en 2016 y Calvet la mantuvo en el cargo. Antes, había ocupado la dirección general de Políticas Ambientales, desde 2011, tras ser teniente de alcalde en Sant Cugat del Vallès. Con el tiempo se ha asentado como un perfil técnico. Domina la materia y su gestión está bien valorada entre los trabajadores.

Pese a que sobre el papel Calvet también es consejero de Sostenibilidad, el neoconvergente se encarga sobre todo de la carpeta de Territorio, una materia en la que se mueve como pez en el agua y marcó los inicios de su carrera política. Diplomado en Arquitectura técnica, en el momento de su nombramiento era teniente de alcalde de Urbanismo en Sant Cugat y había sido director general de Arquitectura y vivienda entre 2001 y 2003, en el último mandato del expresidente Jordi Pujol.

“En el organigrama actual, ambas materias tendrían que tener el mismo peso, pero no es así. La realidad es que Sostenibilidad siempre va a remolque de Territorio. En 2010 el sentimiento entre los trabajadores fue de absorción, no de integración”, detalla otro trabajador. Y añade: “En este caso, el orden en el que se pone el nombre sí tiene repercusión”, haciendo referencia a otras comunidades como Baleares o Galicia, donde el estatus de consejería ambiental prevalece sobre el de territorio.

“La cuestión es que haya más presupuesto. Está habiendo un declive brutal de la biodiversidad y si se recupera o no la consejería es una cuestión política”, opina un alto cargo de la conselleria. “Hemos perdido en agilidad. Estamos integrados en un megadepartamento con presupuestos muy desproporcionados”, explica otro trabajador de la Dirección General de Calidad Ambiental.

Entre los ecologistas, las peticiones incluso van más allá. El pasado viernes, el Colegio de Ambientólogos de Cataluña y la Asociación Catalana de Ciencias Ambientales (ACCA) pidieron a través de un comunicado la creación de una vicepresidencia de transición ecológica.

Desde que desapareció, recuperar el Departamento de Medio Ambiente también ha sido una de las reivindicaciones del ecologismo catalán. “Aunque no sería suficiente: sería necesario que las políticas ambientales fueran transversales y dependieran directamente de Presidencia”, opina Jaume Grau, de la organización Ecologistas en Acción.

En 2018, la entidad a la que pertenece firmó un manifiesto junto a más de 40 organizaciones en el que se pedía recuperar un departamento “fuerte” para evitar choques de competencias como los que se producen en la actualidad con el Departamento de Agricultura (competente en la gestión de los parques naturales).