Junts vuelve a Salud con la losa de los recortes y el reto de garantizar la asistencia mental

El Departamento de Salud entra esta nueva legislatura en una nueva dimensión. La pandemia ha situado al sector sanitario en el centro de la actualidad y ha visibilizado sus limitaciones por los recortes de la última década. El nuevo consejero, Josep Maria Argimon, propuesto por Junts, llega al Departamento con la aprobación de gran parte de los sindicatos. Sus retos serán revertir la infrafinanciación del sector, combatir la precariedad de muchos profesionales y garantizar el acceso de la ciudadanía al ámbito de la salud mental. El impacto de las restricciones y de esta pandemia preocupan a los expertos.

Junts recupera la cartera de Salud tras dos legislaturas en manos de ERC, con Toni Comín (2016-2018) y Alba Vergés (2018-2021) al frente. El regreso de los herederos de Convergència (CDC) parece inquietar de momento poco a los sindicatos por el perfil escogido: el nuevo consejero, Josep Maria Argimon, ha ejercido en el ámbito sanitario y conoce el sistema desde dentro. Nadie olvida, sin embargo, los recortes producidos por el Govern de Artur Mas hace una década, con el convergente Boi Ruiz (2010-2016) al cargo. El Govern de Mas rebajó el presupuesto del Departamento de Salud un 16%. Pasó de los casi 9.900 millones del año 2010 a los 8.300 de 2014. Los sindicatos atribuyen parte de las limitaciones para contener la pandemia a las políticas de austeridad y la pérdida de personal de entonces.

La primera tarea de Argimon será gestionar el fin de la pandemia. El Govern tiene activas algunas restricciones que deberá ir levantando a medida que los datos epidemiológicos mejoren por el avance de la vacunación: ampliar el horario de la restauración, abrir el sector del ocio nocturno y aumentar los aforos.

Una vez la pandemia entre en una fase de control total, el sector reclama que la mirada se centre en el daño producido en la salud mental de la población, especialmente al colectivo joven. “Observamos un malestar creciente que se ha ido cronificando”, avisa Lluis Díaz, director asistencial en la Fundació Eulàlia Torras de Beà. “Este malestar toma diferentes formas: trastornos mentales de más o menos gravedad y otros aspectos como la ansiedad cotidiana”, apunta. En el centro de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ) de la fundación en Gracia, las primeras visitas de adolescentes suponen en este 2021 el 32% del total, mientras que la media de los seis años anteriores era del 25,5%. “Tenemos muchas consultas por ansiedad. Nos encontramos desregulaciones en los ritmos del sueño y la alimentación y también han crecido exponencialmente las ideaciones de muerte”, concreta Díaz.

Carla llegó a la fundación en septiembre de 2020. Tiene 14 años y recibe apoyo psicológico. Sufrió un trastorno de alimentación. “Durante el confinamiento no vi a mis amigos, me aislé”, admite. “No hacía nada y estaba triste. Veía en los vídeos y en Instagram que todo el mundo hacía cosas, y yo no. Eso me entristecía aún más”. Su madre ha notado como pocos la evolución de su hija: “Carla era una persona muy alegre, iba saltando por la calle. Y ahora vimos que se cerraba, estaba triste y parecía apagarse al final del día. Intentamos acompañarla en todo esto”.

Cuando Carla explicó a su entorno cercano sus visitas a la fundación se llevó una sorpresa: “Hubo compañeras que me dijeron que ellas también recibían ayuda. No me lo esperaba, y me di cuenta de que lo que me pasa a mí no debe ser tan raro”.

La pandemia ha ayudado a normalizar la ayuda psicológica. “Recorrer al psicólogo da menos vergüenza”, celebra Guillermo Mattioli, decano del Colegio de Psicólogos de Cataluña (COPC). “El sufrimiento por la covid es muy extenso y natural”, señala, “y sin ayuda se tarda más a superarlo”. El acceso a esta ayuda, sin embargo, tiene una barrera económica. “Las entidades privadas están asumiendo la pandemia emocional”, alerta Mattioli. Según datos del decano, en España hay unos 35.000 psicólogos privados y únicamente 2.800 en el sistema público, 800 de los cuales trabajan en Cataluña. “En otras patologías, puedo escoger entre un servicio público o privado, pero en salud mental, si no es grave, acabas a la privada”, lamenta Mattioli. “Mucha gente acude a la Atención Primaria y sale con recetas. La gente no necesita pastillas, necesita ayuda”.

El COPC demanda que el Plan Estratégico de Servicios Sociales, aprobado a finales de 2020, entre en ejecución. El plan prevé haber aumentado en 2025 el presupuesto del sistema de servicios un 73%. “También pedimos que el Govern se fije en el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Barcelona, a través de su Mesa de Salud Mental”, añade. El Colegio también pide a las administraciones la creación de una especialización en psicología infanto-juvenil.

Aumentar el presupuesto

Otras de las prioridades del Govern será reforzar la Atención Primaria. El acuerdo de legislatura pretende aumentar su presupuesto hasta un 25% del total del Departamento, una reivindicación histórica del sector. El presupuesto actual, cercano a los 9.800 millones de euros, se acerca a los niveles de 2010, pero únicamente destina el 16% del total a Primaria. “Es inaceptable que el presupuesto actual sea inferior al de hace 10 años”, denuncia el sindicato Metges de Catalunya. El sector entiende ahora que el sistema necesita 5.000 millones de euros adicionales para garantizar la sostenibilidad y la calidad del servicio público.

Según María Ángeles Domínguez, jefa del servicio de microbiología del hospital de Bellvitge, el fin de la pandemia aflorará toda aquella actividad que se ha ido atrasando. “Será un reto recuperar toda esta actividad”, alerta. El sindicato Satse coincide: “El nuevo Govern deberá incidir en disminuir las listas de espera”. Según datos del Ministerio de Sanidad, en su informe de junio de 2020, Cataluña es la comunidad con las mayores listas de espera. La pandemia ha retrasado aún más las actividades de algunas especialidades.

Para poder reducirlas, el sector reclama aumentar la contratación de nuevos profesionales. ”Es necesario captar y fidelizar personal sanitario para todos los ámbitos, y armonizar las condiciones laborales”, pide Satse. La pandemia ha ilustrado la dificultad de los centros hospitalarios para contratar nuevo personal, que encuentra en el extranjero unas condiciones laborales más favorables. Según contabilizó el Colegio Oficial de Enfermeras de Barcelona (COIB), el número de expedientes que tramitó la Oficina de Información Profesional al Extranjero del propio colegio entre 2010 y 2014, la peor época de los recortes, pasó de 75 a 300. “En Cataluña las enfermeras trabajan con unas condiciones laborales precarias, con un índice de eventualidad elevado”, denunció hace dos semanas su presidenta, Paola Galbany.

El sindicato Metges de Catalunya también pone el foco en las condiciones laborales. “Pedimos una mejora urgente de las condiciones laborales. Los médicos de familia están ahogados por la sobrecarga de las consultas y el déficit de personal”.