Barcelona estudia que la ‘tasa Amazon’ se cobre a través del estacionamiento

El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya tiene el informe jurídico que encargó para avanzar en la creación de una tasa Amazon para gravar a los gigantes del comercio electrónico. El informe ve justificado un tributo que grave las entregas a domicilio de las empresas de comercio en línea por motivos fiscales, económicos, de fomento del comercio local y ambientales. El texto lanza una propuesta normativa. Plantea una tasa, regida por una ordenanza municipal específica, “por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas para la prestación de servicios postales”; y la creación de una reserva de plazas de aparcamiento de utilización obligatoria para las entregas a domicilio, que requeriría que los operadores tuvieran licencia.

Para cuantificar la tasa, que sería anual y es una de las claves de su complejidad, el informe apunta a dos variables. La estimación del valor que tendría en el mercado la utilización del espacio público (con un informe técnico-económico que acompañe la ordenanza) y la facturación anual de cada operador postal en Barcelona. La recaudación se destinaría a la digitalización del comercio local. “La cuota de cada operador resulta de la aplicación sobre el valor global de mercado [de la utilización de los aparcamientos] del porcentaje que representen los ingresos brutos de cada operador postal procedentes de la facturación anual realizados en el término municipal de Barcelona sobre el total de ingresos brutos anuales de los operadores postales” con actividad en la ciudad, indica el informe.

La tasa no afectaría los vehículos de menos de cuatro ruedas (lo que excluiría a los riders y las motos), los autónomos, los transportistas que reparten mercancía entre empresas, y las entregas de paquetes en puntos de recogida. Y tendrían bonificaciones los vehículos sostenibles, del 100% en el caso de los cero emisiones.

Desde las áreas de Economía y Comercio del Ayuntamiento explican en que están valorando el estudio, que firman los catedráticos de derecho financiero y tributario de la Universidad Carlos III de Madrid Enrique Ortiz y M. Luisa González-Cuéllar.

En el apartado de la justificación de la tasa, los expertos analizan los datos de crecimiento del sector del comercio por internet, las limitaciones que tienen los tributos locales, la falta de adaptación de las normativas vigentes al entorno digital, y constatan la “presión fiscal menor para las grandes compañías multinacionales que operan en el comercio electrónico, lo que coloca, de facto, en una situación de desventaja competitiva al comercio tradicional que ha venido cubriendo hasta ahora todos los barrios de ciudades como Barcelona”. El texto alude incluso a la función “social y urbanística”, de cohesión social y de generación de empleo que tiene el comercio de proximidad.

Aspecto clave de la tasa es que se aplicaría a los “operadores postales” que entregan a domicilio, aunque el reparto se subcontrate. Y el informe especifica que la tasa no puede limitarse al comercio por internet: debe extenderse a todas las empresas que realizan actividad de entrega de envíos a domicilio, aunque las mercancías se hayan comprado en establecimientos mercantiles presenciales. El hecho de que contribuyentes de la tasa sean los operadores postales incluye el servicio público de Correos, porque presta servicio universal, pero también liberalizado, al entregar entrega mercancías de otros operadores.

En informe es determinante la resolución de septiembre de 2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que concluyó que Amazon (a través de sus empresas Amazon Spain Fulfillment, S.L. y Amazon Road Transport Spain, S.L) realiza labores de operador postal y debe cumplir con la normativa del sector postal. “Ofrecen y realizan las actividades de logística de la entrega”, de ahí que se les considere operadores postales, recuerda el informe sobre la resolución.

El informe aporta datos del crecimiento del sector y apunta que “las actividades vinculadas a la economía digital, en la que se incluye el e-commerce, generan importantes rentas que, sin embargo, se concentran en grandes grupos multinacionales que en la práctica funcionan en situación de oligopolio”. También indica que “generan externalidades que distorsionan la competencia” y considera que “estaría justificada desde la perspectiva estrictamente económica la intervención del regulador”, al entender que las normas vigentes no están adaptadas a la economía digital, porque gravan a sociedades con presencia física en la ciudad.

”Externalidades negativas”

En el apartado de justificación de la tasa el informe apunta que “la actividad de comercio electrónico genera determinadas externalidades negativas que afectan directamente a los intereses de las Corporaciones Locales”, y que podrían ser corregidas en parte con una tasa “cuyo hecho imponible pivotara sobre la utilización del dominio público”.

Porque la “distribución domiciliaria masiva de mercancías por las grandes compañías de venta minorista en línea se sirve necesariamente del dominio público local”. Entre los impactos de la actividad en las ciudades cita la movilidad, la congestión del tráfico, la contaminación, la sobreutilización de la red viaria (con gastos de mantenimiento y gestión). El texto apunta incluso al incremento de residuos que supone el embalaje de los productos y de la huella ambiental. “Si, además, como parece, el comercio “online” incrementa el consumismo, al fomentar la adquisición de bienes que no son indispensables, la huella ambiental que lleva consigo todo acto de consumo habrá de ser mayor”, afirman los expertos.

Al referirse a situación de desventaja competitiva del comercio tradicional frente a los gigantes del e-commerce, también apunta a la repercusión del modelo de ciudad: “Esta situación repercute, quiérase o no, en la ordenación territorial, esto es, en la trama y el modelo de ciudad característico de los países mediterráneos, ya que el comercio de proximidad cumple una función económica, pero también social y urbanística, que conviene valorar en su justa medida, ya que potencia la cohesión social y la convivencia en los barrios al tiempo que fortalece el tejido productivo, los negocios y las empresas locales, redundando en un incremento del empleo en la zona. Este tipo de comercio, perfectamente integrado en la trama urbana, incrementa el tráfico peatonal en las ciudades, aumentando la seguridad en las calles y evitando la degradación de los barrios”.