La envenenada herencia del Palau

En las últimas elecciones catalanas el partido de Carles Puigdemont renunció a pronunciarse sobre el futuro de los impuestos en Cataluña. Pasó especialmente de puntillas sobre los de sucesiones y patrimonio. Laura Borràs razonó que cuando llegue la independencia habrá tiempo para afrontar con seriedad el debate. Y es que Junts per Catalunya se mueve a gusto en esa modernidad fiscal tan líquida que se ha hecho a medida y que oscila entre las tesis de Thomas Piketty o la escuela de pensamiento de Isabel Díaz Ayuso. Junts es un ejemplo de un sincretismo que mantiene la comunión de neoliberales enragés (valga el oxímoron) con socialdemócratas tout court. Toda contradicción es secundaria cuando se tiene la vista puesta en el objetivo supremo de la independencia.

El caso es que esa volubilidad de pensamiento está contagiando a muchos sectores de la sociedad catalana, que dicen y a veces incluso hacen una cosa y su contraria. El asunto no tendría mayor trascendencia de no haber sacudido a uno de los grandes símbolos de la burguesía catalana: el Palau de la Música. En todo el proceso judicial iniciado en 2009 por el saqueo de la institución musical tanto la Fundación del Palau como el Orfeó Català no quisieron acusar a Convergència Democràtica. Los primeros análisis del hecho apuntaban malignamente a una implícita solidaridad de clase que sería largo ilustrar aquí, pero que en lenguaje coloquial suele ilustrarse con la expresión “perro no muerde perro”. Sostenían que lo que cobró el partido de Jordi Pujol y Artur Mas eran comisiones procedentes de la constructora Ferrovial en las que el Palau había actuado como simple intermediario.

Hace unos días, sin embargo, ambas instituciones enviaron una carta a la Audiencia de Barcelona en la que solicitaban que ante el temor de que no se pueda cobrar el decomiso de 6,6 millones de euros a los que fue condenada Convergència por financiación ilegal, se tuviese por sucesor de ese partido no solo al PDeCAT, sino también a Junts per Catalunya. El caso es que CDC está sometida a un concurso voluntario de acreedores y hay discrepancias entre un juzgado de lo mercantil y la Audiencia sobre si las 22 sedes embargadas a la formación que fundó Jordi Pujol se destinarán a pagar la responsabilidad civil de los perjudicados por el saqueo del Palau o bien se integrarán en la masa activa del concurso.

La petición de la Fundación es un jalón más del rocambolesco proceso. Cuando Convergència volvió al poder, una de sus primeras medidas de autodefensa fue la retirada como acusación particular del Govern por el caso Palau contra cargos de CDC impulsada bajo el Tripartito. Era 2011 y tanto Artur Mas –entonces presidente– como Ferran Mascarell –consejero de Cultura– negaron cualquier implicación política en este cambio de actitud, que atribuyeron a los consejos de los propios servicios jurídicos de la Generalitat. Luego esos consejos debieron cambiar porque en 2017 –ante la presión del Parlament y del Ayuntamiento de Barcelona– el Gobierno catalán de Carles Puigdemont se vio obligado a no impedir la acusación a CDC. Sin embargo, al tomarse la decisión fuera de plazo para modificar las conclusiones y no tener indicaciones el abogado de la Generalitat de tomarse en serio el cambio de actitud, el resultado fue que no hubo acusación por parte de las instituciones públicas. Que todo cambie para que todo siga igual.

Las triquiñuelas jurídicas y técnicas dieron los frutos apetecidos. Nada tenía todo ello de extraño, pues si ni los propios patricios del Palau acusaban a CDC, ¿por qué iban a hacerlo los sucesores políticos de la formación, llámense PDeCAT o Junts per Catalunya?

Ahora la maldición de la herencia del Palau persigue a los sucesores políticos de la formación de Jordi Pujol y Artur Mas. JuntsxCat asegura que son una formación nueva. El Palau de la Música no opina lo mismo y ha expuesto en su carta a la Audiencia hasta 11 razones por las que no puede decirse que la formación que lidera Carles Puigdemont no tiene nada que ver con Convergència. De hecho el propio Puigdemont era presidente de la Generalitat cuando en mayo de 2017 se organizó el gran trampantojo de hacer ver que se acusaba a CDC para acabar no haciéndolo. La retórica como siempre maquillando la realidad de los hechos. Cuando llegue la independencia tal vez será el momento de abordar qué hacer no solo con el impuesto de sucesiones sino con las herencias malditas. Mientras, bienvenidos sean los cambios de humor y de actitud del patriciado catalán, antaño tan afín a CDC. Más vale tarde.