Borràs dice que estudia un cambio normativo para evitar su posible suspensión como diputada

La mayoría independentista en el Parlament, según la nueva presidenta de la Cámara, Laura Borràs, trabaja para cambiar el reglamento que rige el legislativo catalán y modificar un artículo que la afectaría directamente. A Borràs se le imputan cuatro delitos, tres relacionados con la corrupción, por supuestamente haber troceado un contrato para beneficiar a un amigo. Según la norma de la Cámara, cuando se le abre juicio oral a un diputado por “delitos relacionados con corrupción” se ha de suspender de manera “automática” al diputado si bien no pierde la condición de electo. “Ese artículo vulnera la presunción de inocencia”, ha asegurado la presidenta del Parlament en una entrevista a TV-3 este domingo y ha insistido en que no ha cometido ninguna irregularidad.

Borràs ha estrenado este fin de semana su nueva responsabilidad con un rosario de apariciones públicas. No solo ha dejado clara su intención de abanderar el pulso contra el Estado, también pesará en su paso por la segunda institución de Cataluña su situación personal. En la televisión pública ha asegurado que ese artículo no se le aplicará, en primer lugar porque insiste en que no ha cometido ningún delito. En otra entrevista, en el diario ARA, cuando se le ha preguntado qué haría si finalmente se le abriese juicio oral, ha dicho que se está “negociando una reforma del reglamento en varios aspectos”. Las filas de ERC han guardado silencio de momento sobre esta posibilidad y no se pronuncian sobre si efectivamente hay alguna negociación.

“No me siento afectada porque no he cometido ningún delito. Tampoco de corrupción”, ha asegurado Borràs en TV-3. El artículo en cuestión, el 25.4, nunca se ha aplicado y fue incluido en la última reforma, la de 2018. Entonces se intentaba mostrar ejemplaridad ante los casos de corrupción que afectaban a diputados de casi todos los colores. En la legislación española no existe el delito de corrupción formalmente. Técnicamente, el concepto engloba hasta nueve actos que si están tipificados en el Código Penal: cohecho; prevaricación urbanística: prevaricación administrativa; violación de secretos; tráfico de influencias; malversación; fraude; corrupción en las transacciones comerciales internacionales y abusos de funcionarios en el ejercicio de su función.

La presidenta del Parlament está imputada por tres delitos que entrarían en esa lista: prevaricación, fraude en la administración, malversación y falsedad. Borràs está a la espera de que el Tribunal Supremo (que asumió la investigación una vez Borràs fue elegida diputada en el Congreso) devuelva la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ahora tiene la competencia para juzgarla. Unos correos electrónicos probarían que fraccionó contratos por casi 260.000 euros para adjudicárselos a dedo a un colaborador suyo, Isaías H., cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2018.

“No tenía que defender mi inocencia cuando quien me acusa es incapaz de probar mi culpabilidad” ha dicho Borràs en la entrevista a la televisión pública catalana, en referencia a su decisión de no declarar ante el Tribunal Supremo. Una vez más ha declinado a comentar o confirmar si los correos son suyos o no, argumentado que es un caso que se encuentra sub judice y sugiriendo que la Guardia Civil los habría inventado. “No sería una causa si no estuviese en la línea política en la que estoy ubicada. No soy una corrupta”, ha explicado.

El supuesto plan para cambiar el reglamento del Parlament no es simple ni rápido. Si bien el independentismo tiene mayoría en la Mesa, se trata de una cuestión que tiene que ser abordada por la comisión parlamentaria del reglamento, que Borràs ha de presidir. Está clasificada como comisión legislativa, por lo cual solo puede comenzar una vez se invista a un presidente de la Generalitat. Pueden pedir la reforma dos grupos de la Cámara y una ponencia, con representación de todos los grupos, tendría que tener un texto listo en tres meses.