El juez procesa a Torra por su “contumaz rebeldía” en su segunda causa por los lazos amarillos

Una juez ha procesado al expresidente de la Generalitat Quim Torra por desobediencia por negarse a acatar la orden judicial de retirar del Palau de la Generalitat una pancarta a favor de los presos del procés, al apreciar que incurrió en una “contumaz rebeldía” en su segunda causa por los lazos amarillos. En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona deja a Torra a un paso de juicio en su segunda causa por los lazos amarillos, al dar diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que formulen su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles.

En su auto, que se puede recurrir, la juez concluye que Torra incurrió presuntamente en un delito “menos grave” de desobediencia por su “falta de acatamiento” a la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que le fue notificada personalmente el 23 de septiembre de 2019, para que retirara del balcón del Palau de la Generalitat la pancarta que había colgado el 27 de mayo de ese año para pedir la libertad de los “presos políticos y exiliados”, con un lazo amarillo.

“Sin que ello implique hacer valoraciones anticipadas, la conducta del investigado demuestra indiciariamente una contumaz rebeldía frente a lo ordenado”, advierte la juez, que subraya que la Oficina del President publicó un comunicado el 20 de septiembre de 2019, cuando ya había sido requerido personalmente para que acatara la orden judicial, manifestando expresamente que no retirarían la pancarta de la fachada del Palau de la Generalitat.

Esta segunda causa por desobediencia a Torra -tras la que le costó la inhabilitación por desoír a la Junta Electoral al no retirar a tiempo los lazos amarillos del Palau de la Generalitat en campaña electoral- se abrió en febrero pasado a raíz de una denuncia de la plataforma Impulso Ciudadano, que ejerce la acusación particular.

La orden dirigida a Torra la dictó en septiembre de 2019, como medida cautelar, la sala contenciosa del TSJC, a raíz de una demanda de Impulso Ciudadano que pedía que se descolgaran la pancarta y el lazo del balcón del Palau para mantener la neutralidad del edificio de forma permanentemente, no solo en período electoral. El entonces presidente de la Generalitat desoyó el ultimátum de 48 horas que le dio el tribunal y recurrió en paralelo la orden, tras lo que el TSJC dictó un nuevo requerimiento en el que instaba a los Mossos d’Esquadra a retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos del Palau “de forma inmediata”.

Ante esta situación, fueron los Mossos d’Esquadra quienes acabaron retirando la pancarta, con el lema en catalán e inglés “Libertad presos políticos y exiliados” y flanqueada con un lazo amarillo. Tras la retirada de la pancarta, cuatro activistas independentistas, los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Sílvia Bel y la portavoz de la plataforma Som Escola, Teresa Casals, desplegaron otra con el lema “Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Esta segunda causa por desobediencia por los lazos recayó al principio al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, si bien el alto tribunal se inhibió en favor de un juzgado ordinario al perder Torra la condición de aforado al ser inhabilitado. Torra compareció como investigado por desobediencia el pasado 23 de septiembre ante el juez del TSJC Carlos Ramos, que le citó para esta segunda causa días antes de que fuese definitivamente inhabilitado, aunque se negó a declarar alegando que “la sentencia ya está escrita” y que era una víctima más de la “represión” al independentismo.