El año de la pandemia

A media tarde del 25 de febrero, el entonces secretario de Salud Pública de la Generalitat, Joan Guix, anunciaba “el primer caso de coronavirus” en Cataluña: una mujer de 36 años que había viajado a Italia, donde estaba haciendo estragos una enfermedad que ni siquiera tenía nombre conocido, porque lo de covid-19 vino después. Era “como una gripe”, decían. Pero, en pocas semanas, fueron miles de casos, los hospitales rozaron el colapso y Cataluña se encerró tras una mascarilla y litros de gel hidroalcohólico.

Según los datos de la Generalitat, ya van más de 387.000 infectados y 17.000 fallecidos. No era solo una gripe. No para los miles de enfermos que han entrado en el hospital casi sin poder respirar. Ni para las vidas que se quedaron por el camino, encerradas en la soledad de una residencia.

Cataluña llegó tarde, como buena parte del mundo, a la primera batalla contra el virus. En esos inciertos días de marzo, los sanitarios pusieron patas arriba los hospitales para hacer hueco al máximo de pacientes. Hasta 1.528 llegaron a estar ingresados en las UCI, más del doble de la capacidad del sistema. Las residencias de ancianos se llevaron la peor parte y la mitad de las muertes se produjeron allí, sin recursos para protegerse.

Salir a la calle era un lujo, un riesgo y un horror para los más aprensivos. Tres meses de clausura con el aliento de solidaridad de las ocho de la tarde en forma de aplauso a los exhaustos sanitarios. Así pasó la primavera. Y el encierro redujo a mínimos el virus, los hospitales volvieron a respirar y la gente regresó a la calle. Lo llamaron la nueva normalidad, la represa en Cataluña. Pero fue un espejismo. Enseguida el virus recordó que se nutre de la interacción y reveló que la desigualdad social es un factor de riesgo: los temporeros de Lleida, en precarias condiciones de vida y trabajo, fueron las primeras víctimas del gran rebrote veraniego.

Solo los niños, acusados de grandes transmisores en la primera ola, se quitaron el sambenito y volvieron a las aulas en septiembre tras medio año sin clase. La transmisión fue ínfima en la escuela, pero se disparó en la calle. En otoño, Cataluña volvió a cerrar los bares, los gimnasios y la cultura para contener una segunda ola que puso otra vez contra las cuerdas al sistema de salud.

La tranquilidad duró poco. La relajación de las medidas a principio de diciembre volvió a disparar los contagios. En el horizonte queda solo la esperanza de la vacunación para volver a la vieja normalidad. A corto plazo los epidemiólogos auguran una tercera ola tras la Navidad y una cuarta, diferente, un poco más adelante: la de los pacientes no covid, aquellos enfermos de otras patologías que el virus desplazó.

Gloria, el temporal que asoló la costa catalana

Entre el domingo 19 y el jueves 23 de enero tuvo lugar el “Gloria”, un temporal de levante calificado de histórico por la suma de fenómenos (lluvia, viento, nieve y oleaje) y por su extensión. Afectó a toda Cataluña. Su fuerza provocó la muerte de cuatro personas, el desbordamiento de ríos, inundaciones en el litoral, destrucción de infraestructuras y desprendimientos. Causó daños significativos en un 40% de los municipios y se estimaron pérdidas de más de 500 millones de euros. Con acumulaciones de precipitación de hasta 500 mm y 150 cm de nieve en algunos puntos, el Gloria afectó a toda la costa con mayor o menor intensidad. Uno de los más afectados fue el Delta de l’Ebre, donde el mar llegó a más de 3 km tierra adentro y arrasó unas 2.300 hectáreas de arrozales. También sufrió daños el Delta de la Tordera. Fue una afectación múltiple en infraestructuras con paseos marítimos descalzados, colectores y escolleras rotas y puentes caídos, sobre todo en el Maresme y la Costa Brava. La inundación fluvial también afectó a una parte muy importante de zonas urbanas, como Girona. En varios puntos se rompieron los ribazos. La ribera del Ter sufrió graves erosiones por la gran carga de material que transportaba.

La pancarta que acabó con el ‘president’

Quim Torra siguió este año la estela judicial de Carles Puigdemont y de Artur Mas, acabó condenado por desobedecer a la Junta Electoral y tuvo que abandonar la presidencia de la Generalitat, un hecho insólito desde que se recuperó la autonomía hace 40 años. El detonante fue tan nimio como la negativa a retirar una pancarta del balcón del Palau en favor de los políticos presos y la sentencia acabó con un mandato errático que le llevó al cargo después de los intentos frustrados de investir a tres presidentes.

El independentismo decidió finiquitar la legislatura, sin dejar de airear sus continuas desavenencias a cuenta de cualquier cuestión cotidiana del gobierno. Junts per Catalunya acabó imponiendo su criterio para atar de pies y manos al republicano Pere Aragonès y mitigar el protagonismo público que pudiera tener durante los meses que ejerciera la presidencia en funciones de sustituto. La batalla electoral por la hegemonía del independentismo se dirimirá en las urnas el 14 de febrero, pero ambas formaciones intentan jugar a fondo todas sus cartas, mientras Quim Torra se resiste a abandonar la escena pública y no deja pasar unos días sin opinar, incluso en contra del Govern, o aparecer en un acto institucional sin que esté justificada su presencia.

Los presos, entre el Supremo y el Gobierno

La situación de los políticos condenados por el procés ha oscilado este 2020 como un péndulo. Disfrutaron de salidas casi a diario (para trabajar, cuidar a familiares y hacer voluntariado) gracias a los permisos concedidos por las prisiones donde cumplen condena. Se situaron aún más cerca de algo parecido a la libertad cuando la Generalitat les concedió, en verano, el tercer grado, que les permitía regresar a prisión solo a dormir. Pero la justicia tomó las riendas de su destino y les volvió a situar en la casilla de salida.

La Fiscalía plantó batalla hasta el final para evitar lo que consideraba un “trato de favor” del Gobierno catalán a los dirigentes independentistas. Logró que la última palabra la tuviera el Tribunal Supremo, que le ha dado la razón: a principios de diciembre, suspendió el régimen de semilibertad por prematuro.

Con las puertas de la justicia cerradas a cal y canto, a los presos del procés ya solo les queda ahora la política para aligerar y acortar su estancia en prisión. El Gobierno está tramitando las peticiones de indulto para el ex-vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de condenados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel. La Fiscalía ya ha mostrado su tenaz oposición, pero la medida de gracia depende exclusivamente de lo que decida el ejecutivo de Pedro Sánchez.

Trapero, el regreso del mayor

Los últimos meses de 2020 han sacudido de nuevo los Mossos d’Esquadra. Todo empezó con la absolución en octubre del mayor Josep Lluís Trapero de los delitos de sedición y desobediencia por el referéndum del 1 de octubre de 2017. Un fallo contundente, que además avaló la actuación de los Mossos. Hasta entonces, y desde su imputación, Trapero había vivido apartado por completo del día a día de los Mossos, en un despacho de la comisaría de Les Corts, en Barcelona, sin pisar la sede central en Sabadell. Se daba por descontado que el mayor de los Mossos había vivido y sufrido suficiente para no querer volver a la primera línea. Pero en solo unas semanas lo que parecía imposible se hizo realidad: Trapero fue restituido como jefe de los Mossos. “Vuelvo con la mejor de las voluntades, desde la humildad, con la mano tendida”, dijo Trapero en el único discurso que ha hecho ante los medios. Se ha rodeado en la jefatura de los dos comisarios que le sucedieron tras su destitución: Ferran López y Miquel Esquius, junto al también comisario Joan Carles Molinero. Su antecesor, Eduard Sallent, ocupa el discreto lugar de jefe de la Región Metropolitana Sur. Con el regreso de Trapero, los Mossos cierran de forma circular el periodo más convulso de su historia moderna.

Cuando oíamos a los pájaros

La pandemia nos ha enseñado vocabulario. Y en Barcelona nos hemos familiarizado con el urbanismo táctico, actuaciones provisionales en el espacio público. No son de obra, utilizan jardineras, vallas o pintura. Ciudades de todo el mundo llevan décadas aplicándolo para intervenir rápido, chequear los cambios, y si funcionan, consolidarlos; o si no, modificarlos o revertirlos.

La alcaldesa Ada Colau ha aplicado el urbanismo táctico para ganar espacio público para peatones o escolares, para habilitar carriles bici y para favorecer la actividad económica de los restauradores. Son intervenciones que sacan coches (circulando o aparcados), en línea con medidas como la Zona de Bajas Emisiones o el encarecimiento de las tarifas para aparcar en la calle para los forasteros.

Se han bajado al asfalto más de 3.000 terrazas. En escuelas se han conquistado espacios para facilitar las entradas y salidas en 50 centros. Respecto a las pacificaciones, la más ambiciosa es la de la calle de Consell de Cent (y parte de Calabria, Borrell o Girona), donde los coches quedan reducidos. Entre los nuevos carriles bici, los más ambiciosos son los de Pau Claris o Llúria, en vertical; y València o Aragó, en horizontal.

Sin tráfico, cae la contaminación

Algo que imaginábamos pero que demostraron las primeras ocho semanas de la crisis sanitaria fue el vínculo entre el tráfico y la contaminación: por dióxido de nitrógeno, que cayó un 43% en Barcelona) y también por partículas en suspensión (PM10 y PM2,5, que cayeron un 21%). En la ciudad, con la movilidad reducida a un 20% (solo circularon el transporte público y los trabajadores y mercancías esenciales), la contaminación alcanzó los niveles más bajos en décadas. Es de justicia recordar que el viento y la lluvia ayudaron. La Agencia de Salud Pública calculó que un aire como aquel evitaría 800 muertos cada año.

Con menos tráfico bajó también el ruido. Y la suma de los dos factores permitió a los pájaros bajar de las copas de los árboles a calles, bancos y fuentes. Escucharlos a toda hora fue un descubrimiento para muchos vecinos. La vuelta a la normalidad, el tráfico se ha casi recuperado y la contaminación ha vuelto subir. El punto de inflexión se registró en noviembre, cuando en las estaciones de tráfico del Eixample los valores volvieron a cifras prepandémicas. Los expertos señalan que el tráfico todavía es inferior al habitual y exigen medidas drásticas para reducirlo.

Un ‘annus horribilis’ turístico

2020 pasará a la historia como el annus horribilis de toda actividad que esté ligada al turismo y de forma especial en la hostelería, la restauración y las agencias de viajes. La voz de alarma saltó en enero cuando los hoteleros de Barcelona empezaron a ver que se anulaban reservas vinculadas al Mobile World Congress. Con el estado de alarma, los hoteles, que nunca cerraban sus puertas, tenían que improvisar cerramientos con plafones de madera o persianas. Nueve meses después, de la planta hotelera de 437 hoteles de Barcelona hay abiertos 115, apenas un 26%, con unas ocupaciones de media que no han ido más allá del 20%. Los más de 252.000 empleos de la restauración —que se vio obligada a cerrar, de nuevo en otoño, y a reducir después su horario—y hostelería han transitado del ERTE a una actividad parcial en el mejor de los casos por la caída en picado el turismo, una actividad que en 2019 suponía el 16% del PIB y que este año se ha reducido a unos mínimos nunca vistos. Sirva como ejemplo la Sagrada Familia que ha pasado de 4,5 millones de visitantes a 680.000 en 2020. Un turismo que se ha reducido al nacional y, en los meses centrales del verano, al de los países más próximos.

El adiós de Nissan, un corolario

Justo el año en que el coronavirus dejaba desnuda la apuesta europea por el turismo, Cataluña sufría el martillazo en otro de los puntales de su economía. Nissan anunció en junio que dejaría de producir coches en Barcelona a finales de 2021. No se trata solo del cierre de la segunda mayor fábrica por empleo de la comunidad (más de 2.500 empleos directos y más de 15.000 indirectos), es el corolario más estruendoso de un goteo de cierres y despidos en la preciada industria de la automoción cuya otra gran pérdida será la de Continental en Rubí. Las administraciones no lograron convencer a Nissan para que apostara por Barcelona pese al desesperado plan de ayudas que presentaron. Cataluña suma años sin más inversiones que las que llegan de la mano de Seat y se echan en falta políticas industriales firmes, como demuestra el hecho de que cinco años después de su inauguración el centro de formación profesional de Martorell siga en mínimos. Solo el agujero que dejará Nissan ha activado a los gobiernos estatal y catalán para buscar, unidos, una alternativa. Se trata, entre otros proyectos menores, de una fábrica de baterías para vehículos eléctricos que podría encabezar LG Chem, aunque hay diferentes emplazamientos europeos para acoger esa inversión. Seat, y su matriz Volkswagen, están detrás moviendo hilos (por interés, también) pero, de momento, Cataluña sigue sin buenas noticias.

Una recuperación a medio gas

Al inicio del confinamiento de marzo se abrió el debate entre economistas sobre si, tras la caída drástica en 2020, podría producirse un resurgimiento meteórico de la economía tras la pandemia. Los estragos de la crisis que se desató aparcaron rápidamente las expectativas más optimistas. Las necesidades sociales de miles de personas que trabajaban en la economía informal —y no solo ellas— se reflejaron en las demandas más básicas, empezando por la alimentación.

Las previsiones de la Generalitat para el nuevo año que se estrena son precavidas, en consonancia con lo apuntado por la Comisión Europea para España. El Gobierno catalán anunciaba en octubre que estimaba la caída del PIB para 2020 en una horquilla del 10% al 12%. Para 2021, la recuperación sería de entre el 4,5% y el 7,7%, con especial fuerza por parte de las exportaciones. Los peores datos se producirían en la tasa de desempleo: esta se mantendría en 2021 al nivel de la del cierre de 2020, en un abanico de entre el 15% y el 16,2%.

Los motivos para la esperanza pasan en buena parte por la efectividad de la campaña de vacunación en España, pero también en el extranjero. Una inmunidad masiva y rápida en Francia, Alemania y Reino Unido puede reactivar la demanda turística para verano.

Sin palabras en el Barça: 2-8 en Lisboa

A sus 33 años, Leo Messi todavía vive obsesionado con la Champions y la posibilidad de conquistar un quinto título después de los conseguidos en París, Roma, Londres y Berlín. Las capitales europeas del éxito se alternan con las del fracaso, ninguna en cualquier caso como la de Lisboa, la más sangrante en la historia del FC Barcelona, después de las de Roma o Liverpool. El Barça perdió el 14 de agosto por 2-8 contra el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones disputados a puerta cerrada por culpa de la covid-19 en el estadio Da Luz del Benfica.

Aquella derrota, la peor en su historia en el torneo europeo, tuvo un efecto dramático sobre el Camp Nou. El propio Messi comunicó el 26 de agosto por burofax su deseo de abandonar el Barça y el presidente Josep Maria Bartomeu prefirió dimitir el 27 de octubre antes que someterse a una moción de censura avalada por la firma de 19.380 socios después de que la Generalitat se negara a aplazar la votación a petición del Barça. El contencioso acabó con la convocatoria de elecciones para el 24 de enero de 2021 y la frustración de Messi por quedar retenido en el Camp Nou.

Reducida la distancia en la Liga, 34 títulos del Madrid por 26 del Barcelona, la diferencia en la Copa de Europa es ahora de 13 a 5 trofeos en favor del club blanco para desespero del barcelonismo y de Messi.

Cultura, bien esencial con peligro de cierre

La pandemia ha llevado a que los equipamientos culturales (museos, teatros, cines, salas de conciertos y auditorios) hayan estado cerrados buena parte del año. La primera vez, el 13 de marzo, lo que generó grandes pérdidas en un sector en continua crisis económica. Si en enero el sector cultural facturó 45 millones, en abril solo fueron 8 millones.

A nivel político, el año ha deparado un nuevo cambio en la consejera, marcando el triste récord de cinco consejeros en cuatro años. Mariángela Vilallonga fue destituida y en su lugar se colocó, en septiembre, a alguien “de la casa” y “del partido”: Àngels Ponsa, que apenas ha estado en el cargo 100 días. En este periodo, la mayoría de las acciones han ido encaminadas a hacer frente a los efectos de la pandemia: cierre de salas de cine y teatro, cancelaciones, gastos estructurales y ayudas directas (750 euros para cada trabajador, unas 5.000 personas). En total: 51,3 millones de euros, una cantidad calificada por la oposición de “gota en el desierto”. En septiembre se declaró la cultura bien esencial, algo que no impidió que en noviembre cerraran teatros y cines ante las nuevas restricciones. En el Parlament los grupos se han comprometido a que “gobierne quien gobierne” en cuatro años, la Cultura sea un 2% del presupuesto. Un brindis al sol.

Información elaborada por Jessica Mouzo, Marta Rodríguez, Pere Ríos, Jesús García, Rebeca Carranco, Clara Blanchar, Alfonso L. Congostrina, Blanca Cia, Cristian Segura, Dani Cordero, Ramon Besa y José Ángel Montañés.