Las Administraciones desatendieron durante 12 años la nave incendiada de Badalona

El Ayuntamiento de Badalona, el propietario del edificio y la Generalitat permitieron algo que todo el mundo sabía: que una nave industrial abandonada sirviese de infravivienda para centenares de subsaharianos durante más de una década. Nadie denunció, ni ofreció una solución social, o forzó las costuras para que los dos edificios, unidos entre sí, dejasen de alojar entre maderas, colchones viejos y trastos a 300 personas sin recursos, en las épocas que más gente había. Un incendio provocó al menos tres muertos y 19 heridos el miércoles. Los bomberos siguen examinando la nave por si hay más víctimas atrapadas.

”Podrían haber sido decenas de muertos”, repiten mandos de los Mossos, que respiran un poco más aliviados, pero sin lanzar aún las campanas al vuelo. El incendio desatado en una nave industrial en Badalona, con la luz pinchada, acumulando basura, trastos y todo tipo de enseres perfectos como material de combustión, empezó en la planta baja de uno de los edificios, conectados entre sí.

El fuego provocó una estampida hasta el edificio dos, donde intentaron salir por las ventanas y saltando por el tejado. Las tres víctimas halladas hasta el momento estaban en esa parte de la nave industrial, que fue inspeccionada con drones y perros, a la espera de conocer el estado del edificio.

A la luz del día, con las llamas sofocadas y ya sin apenas olor a quemado, vecinos, asistentes sociales, policías, bomberos... Los protagonistas de la tragedia mascullaban, de una forma u otra, que algo así se veía venir. El edificio de la calle de Guifré, número 598, llevaba 15 años abandonado, después de que quebrase la empresa que alojaba, y unos 12 ocupada, según fuentes policiales. El actual dueño, Antonio M., administrador de la compañía Casas & Home Asesoramiento e Inversión Inmobiliaria, nunca denunció. “No quiero hablar del tema”, zanjó este jueves a preguntas de este diario.

Eso valió de excusa al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, para repetir que ellos nunca pudieron entrar en la nave porque necesitaban un permiso judicial para poder hacerlo, que no podían obtener si el dueño legítimo del edificio no lo requería. En los juzgados de Badalona no consta ninguna denuncia penal ni demanda civil en la que se solicite el desalojo, detalló a este diario el juez decano, Josep Maria Noales. Hace apenas un mes, Albiol envió una carta privada al juez decano en la que le exponía los problemas relacionados con la “falta de higiene y salubridad del recinto”, pero una misiva de ese tipo carece de consecuencias jurídicas.

En los seis meses de su segundo mandato, Albiol ha adoptado el punto de vista de los vecinos de la zona afectados por problemas de inseguridad y convivencia. El abordaje, admite, ha sido más de orden público que social. “No han dejado entrar a los servicios sociales. Ayer [miércoles, la noche del incendio], de las 60 personas que identificamos solo 15 pidieron que se les ayude para dormir”. “Las entidades nos han ayudado; el Ayuntamiento, no”, replica Seydou Camara, que llevaba un año y medio viviendo “en la última planta” de la nave. “El alcalde ha venido dos veces, pero solo para visitar”, dice en alusión a los encuentros de Albiol con vecinos del barrio del Gorg.

Pero Albiol defiende su gestión: 25 controles de accesos por parte de la policía, un informe que denuncia las condiciones de higiene y salubridad en el recinto, un expediente urbanístico para recordar a la empresa que la nave tiene uso industrial y no residencial. El Consistorio intentó ponerse en contacto con Antonio M., pero no respondió. “Pasa olímpicamente”, dijo de forma gráfica el alcalde.

Badalona ha sido gobernada en los últimos años por partidos de casi todo el espectro ideológico: el PP, los Comunes con la CUP, el PSC y ahora, otra vez, el PP. Ninguno de los sucesivos alcaldes ha sido capaz de poner remedio, de manera eficaz, a la ocupación de la nave en una zona estratégica, cerca del puerto deportivo y destinada a ser el nuevo centro gravitatorio de la ciudad. Pasaron los mandatos, pero la nave permaneció como emblema invisible de un drama social.

Asistencia de Cruz Roja

El equipo de Dolors Sabater (Comunes-CUP) optó por un enfoque asistencial: a través de un plan piloto de la Generalitat, delegó en la Cruz Roja la atención a los ocupantes. Un exconcejal de esa etapa (2015- 2018) admite que en esos años “el asentamiento era más tranquilo”, entre otras cosas porque había menos ocupantes. “Nos acogimos a la mediación, a un programa para aproximarnos allí y dar un acompañamiento. Nuestra intención era esa, no desalojarles”, explica. El equipo de Cruz Roja, recuerda, creó incluso un censo de habitantes de la nave, que entonces permitió identificar a entre 50 y 60 personas. Actualmente, según el Consistorio, vivían en la nave alrededor de 150 personas, aunque las cifras son difíciles de precisar. “Ha pasado aquí, pero podría haber pasado en Barcelona, o en cualquier lugar de Europa donde estos asentamientos también existen”, reflexiona.

La Generalitat anunció el jueves que transferirá al Ayuntamiento de Badalona este año 750.000 euros adicionales para políticas de personas sin hogar en la ciudad. Y pactó con el Consistorio que realojará a las personas que vivían en el interior de la nave siniestrada. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se sumó con la apertura de una investigación de oficio para averiguar qué hicieron “las Administraciones competentes” con la infravivienda.