Ciudadanos lleva al fiscal unos correos electrónicos de Laura Borràs

El líder de Ciudadanos Carlos Carrizosa presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía con unos correos electrónicos que demostrarían la presunta voluntad de la candidata de Junts per Catalunya a la Generalitat, Laura Borràs, de “eludir la legalidad” en la adjudicación irregular de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. En el escrito distribuido a los medios de comunicación, la formación naranja incluye el contenido de esos mensajes en los que supuestamente Borràs “maniobraba” y “presionaba” para que se pagasen facturas en favor de su amigo Isaías Herrero Florensa. El Tribunal Supremo investiga a la diputada independentista por presuntas ilegalidades en la adjudicación de contratos a favor de Herrero por valor de 259.863 euros.

Los correos son intercambios entre Borràs y personal de telecomunicaciones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat, competentes para aprobar o rechazar un pago. “Este tema tiene que quedar resuelto porque ya no puede esperar más” o “si la intervención necesita que yo esté de acuerdo para que se paguen los costes incurridos, pues estoy de acuerdo. A pesar de que no sea siguiendo el camino habitual”, dice Borràs en un mensaje, según Ciudadanos.

En otro pide “sensibilidad” y “responsabilidad” a la hora de pagar “a quién ya ha hecho un trabajo”, después de reconocer que el proceso no tuvo la luz verde de los responsables. “Nosotros podemos comentarlo todo y hacerlo todo como se establezca, pero este tema debe quedar resuelto porque no puede esperar más y estamos haciendo un agravio a un tercero que ha hecho un trabajo y la factura ya está en intervención”, añade Laura Borràs.

Carrizosa entiende que esos correos electrónicos “constituyen pruebas e indicios más que suficientes de los posibles ilícitos criminales de prevaricación, malversación, fraude administrativo, y falsedad documental” que investiga el Tribunal Supremo.

En la documentación remitida a Fiscalía también figuran copias de las facturas que sitúan en 20.000 euros el importe de los servicios que había prestado Herrero, algo que representa “un sobrecoste”, según Carrizosa, porque otros servicios “asimilables” se hacían por 2.000 euros.