La investigación a Laura Borràs en el Supremo sobrevolará la campaña de las elecciones catalanas

La investigación abierta contra Laura Borràs en el Tribunal Supremo por adjudicar a dedo contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017, sobrevolará la campaña de las elecciones autonómicas, a las que la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso concurrirá como candidata a la presidencia de la Generalitat. La causa está en plena instrucción, con varias pruebas documentales pendientes de llegar al alto tribunal y a falta de que el magistrado Eduardo de Porres decida si cita de nuevo a declarar a la portavoz de Junts, que ya compareció ante él, pero no quiso responder a ninguna pregunta. Si Borràs cambia el escaño del Congreso por el del Parlament antes de que el alto tribunal abra juicio oral contra ella, el Supremo dejaría de ser competente para juzgarla y tendría que enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Con las elecciones calatalanas aún no convocadas, aunque previstas como fecha más probable el 14 de febrero, las fuentes jurídicas consultadas consideran difícil, aunque posible, que el magistrado De Porres dicte la apertura de juicio oral antes de que Borràs deje de estar aforada como diputada en el Congreso para tomar posesión de su escaño en el Parlament. El calendario es muy ajustado porque la instrucción no está terminada. El magistrado acordó hace unas semanas aceptar una batería de diligencias propuestas por la Fiscalía, entre ellas pedir un informe sobre varias cuentas bancarias y documentación del Ministerio de Hacienda relacionada con la causa, así como requerir al ILC resoluciones firmadas por Borràs, actas de la Junta de Gobierno y los presupuestos del 2013 al 2017.

Una vez que reciba esa documentación, De Porres podría citar de nuevo a declarar a la diputada, que compareció ante él en julio, pero se acogió a su derecho a no declarar mientras no llegara al Supremo un informe pericial que debía determinar cuántos trabajos se adjudicaron al informático Isaías Herrero y si los encargos por los que se le pagó se hicieron. La Fiscalía cifra en 18 los contratos a dedo adjudicados a este antiguo colaborador de Borràs, a la que atribuye delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental. Una vez que termine la instrucción, si el magistrado ve indicios de delito, dará un plazo de 10 días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si debe continuar la causa y otro plazo similar a las defensas. Una vez superada esta fase, De Porres dictaría ya el auto de apertura de juicio oral si considera que Borrás debe ser juzgada. Este auto es el que marca la competencia del Supremo sobre la causa, por lo que si la diputada no hubiera dejado todavía su escaño en el Congreso, el juicio se celebraría en el alto tribunal aunque Borràs se convirtiera luego en diputada autonómica.

Borràs aseguró este lunes en una entrevista a RAC-1 que seguirá en su escaño del Congreso hasta después de ser elegida, como ya hizo en 2017. Entonces era la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes y dejó el cargo una vez tomó posesión como diputada. La candidata de Junts insistió en que la causa contra ella es una persecución política y rechazó de plano que exista un plan B en el caso de que llegara a ser presidenta de la Generalitat. “La justicia española se ha convertido en la última línea de defensa de la unidad de España. Eso lo utilizarán y lo que yo no haré será colaborar y allanarles el camino”, dijo.

Las encuestas no son muy halagadoras para Junts y ERC parece aguantar el tipo. De ahí que Borràs dedicara ayer sus primeros ataques a los republicanos y pusiera en duda su pedigrí independentista. “La prioridad es tener una mayoría absoluta independentista y, si no es posible, tener pactos con los partidos independentistas. Quien pacta con partidos que no son independentistas no trabaja por la independencia”, aseguró la candidata. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, le dijo que se equivoca de adversario.