El Supremo cita a Laura Borràs el 22 de julio como investigada por adjudicar contratos a dedo

El Tribunal Supremo ha citado como investigada el próximo 22 de julio a la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs para interrogarle por las supuestas adjudicaciones a dedo de varios contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017. El magistrado que instruye la causa, Eduardo de Porres, ha fijado la fecha de la declaración después de que el tribunal recibiera a principios de esta semana el permiso del Congreso (el llamado suplicatorio) para levantar la inmunidad de la aforada. La Fiscalía cree que hay indicios de que Borràs cometió delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental.

Es la segunda vez que Borràs es citada a declarar ante el alto tribunal por la misma causa. La vez anterior en febrero pasado, la comparecencia de la parlamentaria era “voluntaria”, ya que al estar aforada el Supremo no podía actuar contra ella sin el permiso del Congreso. La diputada decidió no acudir. “Hacerlo implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año que estoy denunciando en una causa que ha vulnerado mis derechos desde el primer día”, argumentó, lo que obligó al instructor a tramitar el suplicatorio. Esta vez Borràs no podrá negarse a comparecer en el Supremo.

El alto tribunal decidió investigar a la portavoz de Junts a petición de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, que remitió al alto tribunal una exposición razonada en la que detalla los hechos que atribuye a Borràs y que presentan indicios de delito. La Fiscalía apoyó la petición e informó al alto tribunal de que, durante la etapa en la que la hoy diputada estaba al frente de la ILC, un organismo público dependiente de la Generalitat, hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados por esta institución a favor de Isaías Herrero, que había colaborado anteriormente con Borràs en un máster que impartía en la Universidad de Barcelona (UB). La diputada aprobó presuntamente contratos por importes inferiores a 18.000 euros para poder adjudicarlos de forma directa y sin necesidad de un concurso público. La investigación cifra en casi 260.000 euros la cantidad defraudada por la ahora diputada.

El Congreso dio luz verde al tribunal el pasado jueves con 293 votos a favor (incluidos PSOE, PP, Vox y Cs). Solo Junts y el PNV votaron en contra. ERC y la CUP optaron por no participar, lo que enfadó al grupo de Borràs y generó una crisis entre los socios de gobierno de la Generalitat. “La única persona que puede evitar que esto llegue al Supremo es la propia Borràs”, sostuvo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. “Nosotros creemos que no debe haber ni una sombra de duda de irregularidades en el independentismo y la otra parte nos culpa”, apuntó.