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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Cataluña, comunidad sin ley

En las escuelas se imparte una asignatura de español, también de otras lenguas extranjeras, pero no se utiliza este idioma común, lengua oficial en toda España, como lengua de uso habitual

La ministra de Educación, Isabel Celaá, en el Senado.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, en el Senado.j. hellín (Pool)

Nunca unos Presupuestos Generales del Estado habían tenido tanto coste adicional, nunca se había dejado el Gobierno tantos pelos en la gatera, nunca habían sido prorrogados durante más de dos años y medio. Solo el Gobierno más débil de la democracia ha propiciado esta situación extrema. El alto número de votos favorables en el Congreso no es una muestra de solidez, sino de fragilidad: son votos más dispuestos a la traición que a la lealtad, tal como se demuestra casi a diario.

En el origen de esta confusa situación está la moción de censura de 2018 que Pedro Sánchez no supo, o no quiso, interpretar de manera adecuada a su configuración constitucional y resultó ser más destructiva que constructiva, el auténtico agente provocador de la actual inestable situación. La codicia tiene un precio, también en política.

Un Gobierno cuya orientación estratégica y táctica está a cargo de un profesional de la consultoría política corre este riesgo y si está rodeado de voraces socios que pretenden usarlo para sus fines exclusivamente partidistas, puede acabar en la más absoluta ruina y el partido que lo encabeza dinamitado.

Una de las trampas, entre otras muchas, en las que ha caído el PSOE ha sido en la cuestión de la lengua vehicular en la enseñanza primaria y secundaria. Podemos y ERC se la han tendido para que tropiece y se haga daños, los socialistas catalanes no le han avisado del peligro porque quieren pactar un gobierno con ambos partidos después de las elecciones catalanas. Aspirar al poder corrompe y en esta aspiración está el PSC desde hace años, los años de su decadencia, cuando los bravos “capitanes” de los años noventa traicionaron sus ideas por un plato de lentejas para ascender a “generales”. Esta vez la traición ha sido, de nuevo, al bilingüismo en la escuela.

En efecto, la famosa enmienda a la Ley Celaá, a la que pronto, por muchas razones, denominaremos “la de la triste memoria”, afecta a todas las comunidades con lenguas cooficiales pero sobre todo a Cataluña y quizás, desgraciadamente, a Baleares por el deseo de la presidenta de aquella comunidad de parecerse lo más posible a los socialistas catalanes. La supresión del inciso de la Ley Wert según el cual eran lenguas vehiculares en la escuela el español y las demás lenguas cooficiales de las comunidades bilingües, no introduce ninguna prohibición de que el castellano sea lengua vehicular. Afortunadamente, por encima de la ley está —¡todavía!— la Constitución y, de forma explícita, la interpretación de la misma efectuada repetidamente por el Tribunal Constitucional y por los tribunales ordinarios.

Por tanto, desde un punto de vista jurídico, el castellano debe ser también vehicular en las escuelas catalanas. Esto es así, de forma explícita, por lo menos desde la STC 337/1994, hace casi 25 años. Sin embargo, como Cataluña es un territorio sin ley, es decir, en ciertas cuestiones está exenta de formar parte de un Estado de derecho, en las escuelas se enseña “una asignatura” de español, también de (¿otras?) lenguas extranjeras, pero no se utiliza este idioma común, lengua oficial en toda España, como lengua de uso habitual junto al catalán, que eso significa, precisamente, el término “lengua vehicular”. Todo ello pese a que el uso del castellano entre los ciudadanos de Cataluña sea muy superior al del catalán y en progresión creciente, con lo cual los alumnos de lengua materna castellana están en clara desventaja en el aprendizaje. Como es habitual, las entidades nacionalistas ya han reclamado que se impida hablar castellano en el recreo y similares, algo que no se intentó con el catalán ni en tiempos de Franco.

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Pero hay algo peor en esta siniestra historia. Como la Generalitat no hace cumplir las leyes, el esfuerzo de exigir que en este caso se cumplan se deja a cargo de los padres de los alumnos, los cuales deben acudir a los tribunales para que se respeten sus derechos aunque, que con efectos jurídicos sólo para las partes, es decir para ellos, ya que los poderes públicos siguen ignorando las leyes. La vergüenza recae, pues, sobre la Generalitat, su Parlamento y su Gobierno, y también para los órganos del Estado que dan preferencia a tener el necesario soporte parlamentario para seguir en el Gobierno que a respetar la Constitución. Es penoso escribir todo esto el día que se celebra el 42 aniversario de su ratificación por referéndum.


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