El Govern enoja a las patronales al intentar dar más poder a las cámaras por la vía rápida

Patronales y sindicatos mayoritarios vuelven a estar de uñas con el Govern y otra vez es a causa de la nueva Ley de Cámaras, una norma que lleva tres años en el alero y que ahora, al fin del mandato, Junts per Catalunya y ERC pretenden tramitar por la vía de urgencia en el Parlament. El enfado, mayúsculo en el caso de Foment del Treball y Pimec, se explica porque la intención del Ejecutivo es dar a las cámaras catalanas, la mayor de las cuales controla el independentista Joan Canadell, representación en los órganos de participación institucional, hasta ahora acotada a los agentes sociales.

Patronales y sindicatos ya remitieron al Govern hace semanas una carta de queja para intentar frenar la tramitación de la ley, que además de abrir la puerta de la representatividad institucional a las cámaras, garantiza su financiación parcial con cargo a los Presupuestos de la Generalitat. La primera cuestión disgusta porque supone perder poder de interlocución, sobre todo a las organizaciones empresariales, y porque se considera que no tiene sentido que las cámaras, en tanto que corporaciones de derecho público tuteladas por la Administración, se sienten con la misma Administración.

Ese nuevo poder les permitiría participar en la elaboración de políticas públicas desde entes como el Consejo Catalán de la Empresa, el de Diálogo Socxial o incluso en el Servicio de Ocupación de Cataluña, entre muchos otros. Actualmente las cámaras solo tienen la capacidad de ser consultadas.

La segunda habilitación, la financiera, preocupa porque se considera que los recursos públicos servirán para prestar servicios que compiten con los que ofrecen otras iniciativas privadas. Y sobre todo se pone el acento en que ese apoyo se produce porque quien controla la Cámara de Comercio de Barcelona es la plataforma independentista —que ganó las elecciones— Eines de País, patrocinada por la Assemblea Nacional Catalana.

Este viernes Foment, Pimec, CC OO y UGT han remitido una misiva a todos los grupos parlamentarios para pedirles que se opongan a la tramitación de una ley que Junts y ERC quieren tramitar por lectura única, de forma acelerada para que esté lista antes de que el Parlament cierre puertas en la antesala de las elecciones autonómicas del 14 de febrero. La tramitación elegida permite que el articulado vaya directo al pleno, sin pasar por comisiones y sin posibilidad de enmendarla, y se podría debatir y aprobar en una única jornada.

La vía de la proposición de ley por la que han optado los grupos que apoyan al Govern era la única que permitía el calendario después de que hayan decaído las diferentes opciones de tramitarla por la vía del decreto o el proyecto de ley. Esas dos opciones han estado en diversas ocasiones sobre la mesa del Ejecutivo, pero nunca han llegado a fructificar.

Uno de los motivos por los que no se aprobó en un Consell Executiu es que la exconsejera de Empresa Àngels Chacón, alineada con los agentes sociales, se negaba a ello. Ese fue uno de los enfrentamientos que mantuvo con el expresident Quim Torra y que acabó decidiendo, junto a su adscripción al PDeCAT y no a Junts, su destitución. Y ahora esa oposición puede ser clave para que la proposición de ley fracase. Los noes de los cuatro diputados del PDeCAT —Chacón será su cabeza de lista en las próximas elecciones—, sumados a la previsible oposición en bloque de Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y PP tumbarían la propuesta. Un portavoz del PDeCAT aseguró ayer que no se ha tomado ninguna decisión al respecto, a la espera de analizar a fondo la norma, si bien fuentes parlamentarias de la oposición daban por hecha la negativa.

“Inseguridad jurídica”

En la carta remitida ayer a todos los grupos parlamentarios, los agentes sociales indicaron que tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo Consultivo ha mostrado diferentes opiniones en las que rechaza la posibilidad de que las cámaras puedan “asumir la representación del mundo empresarial”. “Esta ley tiene suficiente importancia como para que se haga con la suficiente transparencia y participen todas las partes implicadas; es inadecuado que se haga por lectura única”, defendió ayer el secretario general de Pimec, Antoni Cañete.

Fuentes sindicales mostraron la misma oposición y subrayaron que en la actual situación de crisis económica por la pandemia, no es el momento adecuado para introducir nuevas polémicas que, además, pueden introducir “inseguridad jurídica” en la forma de acordar políticas públicas. “Es un tema sensible”, coincidían. El hecho de que las cuatro grandes organizaciones económico-sociales más representativas muestran la oposición a la medida.