Iqoxe acusa al Parlament de querer hacer un “juicio paralelo” sobre la explosión

Los representantes de la empresa química Iqoxe, cuya planta de La Canonja (Tarragona) sufrió en enero una importante explosión, han comparecido este miércoles en rueda de prensa para explicar los hechos, después de que el caso estuviera, hasta este verano, bajo secreto de sumario. El portavoz de Iqoxe, Javier Fontcuberta, ha acusado a los medios de comunicación, los grupos de presión y los partidos políticos, que el martes impidieron su comparecencia en el Parlament, de “construir un relato contra la compañía”. El portavoz ha defendido que la compañía ha invertido de forma suficiente en mantenimiento y seguridad, y ha afirmado que, con la tecnología que utiliza actualmente la planta, es “imposible” que se repita.

Un reactor de la planta de Iqoxe en La Canonja explotó violentamente el pasado 14 de enero mientras se producía el material MPEG 500. La deflagración mató a tres personas, dos de ellas operarios y un vecino a 2,5 kilómetros de distancia al alcanzarle la tapa del reactor, que salió disparada. Desde ese incidente, el caso judicial ha estado bajo secreto de sumario, lo que, según el portavoz de la compañía, les ha dejado en un estado de “indefensión”, ya que no han podido defenderse con garantías mientras, en su opinión, se ha realizado “un juicio paralelo” sobre el accidente.

“En los 3.000 folios de la causa del juicio no hay ni un solo documento que acredite que Iqoxe no haya cumplido en todo momento con las normas. Solo encontramos manifestaciones de personas contrarias a la empresa, que han construido un relato orquestrado contra la compañía”, ha asegurado Fontcuberta. El portavoz ha acusado al Parlament de contribuir a ello, al posponer varias veces la comparecencia en la comisión parlamentaria. El martes, finalmente, debían exponer los hechos el propio portavoz y Ferran Cabré, director de la planta de óxido de etileno, y los grupos parlamentarios lo impidieron al considerar que no eran las personas adecuadas. Fontcuberta ha recordado que solo se ha publicado el informe realizado a petición de la compañía, que concluyó que el accidente fue “imprevisible”, y ha afeado al Govern el retraso en su estudio.

La comisión parlamentaria acordó solicitar una próxima sesión con el presidente del Grupo Industrial CL, propietaria de Iqoxe, y con varios directivos de la empresa. Yolanda López, diputada de Catalunya en Comú Podem, criticó el martes que la empresa haya “alargado los plazos para comparecer”, y tachó de “ofensiva y decepcionante” la actitud de la compañía al negarse a comparecer los directivos. Este partido se personará como acusación y recordó que la administración ha abierto varios expedientes a la empresa en los últimos años, y que no es el único accidente que ha sufrido (en julio murió un trabajador en un accidente laboral). El portavoz ayer defendió que la empresa “ya ha comparecido, pero no se le han hecho preguntas”.

Iqoxe ha explicado que entre 2014 y 2019 se han invertido 64 millones de euros en esta planta, de los cuales 21 millones estuvieron destinados a mantenimiento, 2,3 millones a seguridad y medio ambiente, y ocho millones a mejora de las instalaciones. El portavoz ha añadido que la plantilla ha aumentado en 10 personas en ese periodo, y que la producción está muy por debajo de lo autorizado. La compañía ha dejado de producir el material MPEG500 y no se utilizará la tecnología que se usó en el reactor accidentado.