El independentismo califica de “venganza” la decisión del Supremo sobre Forcadell

El independentismo desempolvó ayer la unidad rota entre sus diferentes actores para criticar de manera unánime la decisión del Tribunal Supremo de revocar la flexibilización del régimen penitenciario de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Un camino que posiblemente sigan el resto de permisos de líderes del procés en prisión. El president Quim Torra llamó a un “salto colectivo de todo el independentismo” para responder. El líder de ERC, Pere Aragonès, aseguró que el tribunal “actúa con venganza”.

”Que en el Estado español ningún independentista puede encontrar justicia, ya lo sabíamos. Que España no reconocerá el derecho a la autodeterminación, también. ¿Y entonces? Entonces todo depende del salto colectivo conjunto de todo el independentismo (instituciones más sociedad civil)”, aseguró Torra mediante un mensaje en redes sociales. La decisión del Tribunal Supremo cayó como un jarro de agua fría entre las filas independentistas y entre los equipos jurídicos de los políticos presos. Los letrados creen que se genera “inseguridad jurídica” no solo por revocar la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario —mediante el cual la expresidenta de la Cámara catalana podía salir de la cárcel a hacer voluntariado—, sino por el futuro de otros beneficios penitenciarios. El Supremo decidirá ahora, en lugar de las Audiencias Provinciales, sobre si se otorga o no esa flexibilización.

La pregunta es ahora qué pasará con los recursos del tercer grado penitenciario que Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Quim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y la propia Forcadell disfrutan desde la semana pasada y que la Fiscalía muy probablemente recurrirá. Ahora será el Supremo el que tendrá la última palabra.

Las defensas de los presos recuerdan que la Audiencia de Girona ya desestimó, el pasado miércoles, el recurso de la Fiscalía contra la aplicación del artículo 100.2 en el caso de Bassa. La Sala consideró “estéril” darle trámite a la petición del Ministerio Público, pues la exconsejera ya tiene la calificación de tercer grado penitenciario, lo que le permite, por ejemplo, poder dormir fuera de la prisión durante los fines de semana.

Según el Supremo, la aplicación del artículo 100.2 es un “fraude de ley” y una “decisión arbitraria”. La flexibilización en el pago de la pena fue propuesta por el departamento de Justicia una vez las Juntas de Tratamiento de cada prisión les asignaran el segundo grado. Justicia siempre ha defendido que se trata de decisiones técnicas.

La consejera republicana Ester Capella, en pleno ojo del huracán, cargó contra la decisión del tribunal de asumir la competencia de decidir sobre esa cuestión, apartando a las Audiencias Provinciales. “Les puede más el ánimo de venganza que el ánimo del derecho, que es el que tendría que imperar”, dijo en una rueda de prensa en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona).

El vicepresidente Pere Aragonès, que estaba con Capella, mostró su apoyo a los técnicos de las prisiones catalanas. “Defenderemos que los centros penitenciarios han hecho bien tomando estas decisiones desde un punto de vista jurídico”, dijo. En Twitter, más tarde, calificó de “venganza” la decisión del Supremo. “Todo esto parte de un error de base, que es una sentencia injusta por haber hecho política”, agregó el también

El silencio del PSC

La propia Forcadell insistió en esa idea de supuesto revanchismo por parte del Tribunal. La expresidenta de la Cámara catalana, condenada a 11 años y medio de prisión por un delito de sedición por el procés, defendió que la competencia sobre el 100.2 la tiene la Audiencia Provincial. “Pero el Supremo la asume para poder revocármelo. No me sorprende, de este tribunal no espero justicia, sé que es venganza”, dijo a través de las redes sociales.

El resto de políticos presos también mostró su rechazo a la decisión judicial, que Ciudadanos insistió en que se tiene que acatar. “Respetamos todas las resoluciones sociales, como tienen que hacer los demócratas les guste o no”, dijo el líder del partido en Cataluña, Carlos Carrizosa, que recordó que su grupo ha denunciado en muchas ocasiones “los privilegios” que reciben los condenados en el juicio al procés. En el PP, el diputado Santi Rodríguez también pidió acatar el auto. Los socialistas catalanes guardaron silencio ante la decisión del Supremo.