Colau aplaza sin fecha las multas a los coches y motos contaminantes

La crisis del coronavirus lo ha parado todo durante casi tres meses. Además de los grandes proyectos municipales, como el tranvía o el túnel de les Glòries, también ha impactado en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), estrenada el 1 de enero para vetar a los vehículos contaminantes. Se preveía multar a los turismos y motos sin etiqueta ambiental a partir del 1 de abril y a los transportistas el próximo año, pero la declaración del estado de alarma lo aplazó. En plena desescalada, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau no tiene fecha para comenzar a sancionar y se abre a estudiar las moratorias.

El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, aseguró hace unas semanas que la crisis ha mostrado la responsabilidad del tráfico en la contaminación y añadió que “la ZBE ha venido para quedarse”, aunque reconoció que no hay fecha para empezar a sancionar. El calendario, además, debe pactarse con los cinco municipios afectados por el veto. Badia se abrió a estudiar las fechas de las moratorias que afectan a transportistas y vehículos profesionales, “bajando a la letra pequeña”, para no perjudicar a empleados que sufren el impacto económico de la crisis.

Con un déficit ya anunciado del 10% del presupuesto de este año (310 millones), el gasto social subiendo y menor recaudación por impuestos, el Ejecutivo municipal negocia con los grupos una modificación de partidas. El Ayuntamiento también ha pedido al Gobierno español que le permita gastar sus ahorros. Mientras, ya ha aparecido la expresión “reprogramar inversiones”, un eufemismo para referirse a los recortes o aplazamientos.

Por su parte, la teniente de alcalde de Urbanismo, Ecología y Movilidad, Janet Sanz, también aseguró que el gobierno municipal “no renuncia a transformar la ciudad”. Fio al presupuesto el resultado final, y admitió que las prioridades han cambiado para afrontar la emergencia sanitaria y social. A la vez, defendió “propuestas estructurales realizadas con acciones tácticas”, como los nuevos carriles bici o zonas para peatones. Estos son otros grandes proyectos pendientes en la ciudad afectados por al crisis del coronavirus.

Tranvía: prioritario, pero sin fecha. Los barceloneses han perdido la cuenta de las veces que se ha puesto fecha a unas obras, para unir los dos tramos de tranvía por la Diagonal, que no llegan. “Es un proyecto que no descartamos, seguimos haciendo trabajos técnicos y este año no había previstas más inversiones que las del colector de la Diagonal”, afirmó Sanz, con ambigüedad. Sus palabras se interpretaron como una duda y una certeza. Si se ponen vías este mandato será solo para hacer un kilómetro.

El túnel de les Glòries avanza, la plaza se retrasa. El consistorio asegura que las obras acabarán en 2021, como estaba previsto. Es una obra que Colau paralizó para volver a sacar a concurso por los retrasos, sobrecoste y sospechas de vinculación con la corrupción del 3%. Los trabajos han estado dos meses parados y se retomaron hace diez días. En una respuesta por escrito, la teniente de alcalde afirma que “la voluntad es continuar el proyecto priorizando la movilidad sostenible teniendo en cuenta el contexto actual y las nuevas necesidades de movilidad de la ciudad”. En declaraciones a La Vanguardia proponía un carril bici en el túnel. La plaza, solo acabada en una cuarta parte, sí sufre retrasos y recortes.

La terminal de cruce, en el aire. La cuarta terminal de cruceros del Puerto de Barcelona no sale a concurso desde hace un año y ahora está en el aire, admiten fuentes de ese organismo. La presidenta del Puerto, Mercè Conesa, asegura que la institución “activará el máximo de inversiones para acelerar la recuperación y hacer de palanca del arranque de la actividad empresarial”. Conesa afirmó recientemente que “es muy difícil hacer previsiones”, pero señaló “que no se abandona la idea de autorizar la terminal”.<

La empresa de vivienda, sin socio. El ejecutivo de Colau hace un esfuerzo que no se veía en décadas para aumentar el parque público, pero la idea de crear un operador metropolitano de alquiler asequible de la mano de un socio privado no cuaja. Requiere una inversión millonaria, a largo plazo y con una rentabilidad (la del alquiler social) menos atractiva que otros negocios. Tras un primer intento frustrado, la concejal de Vivienda, Lucía Martín, aseguró que el Área Metropolitana “está acabando los pliegues y esperamos que en los próximos meses podamos concretar”. Confían en an poner ladrillos antes de 2023. En el mandato pasado la idea era construir 4.500 pisos en diez años.