Millet y Montull deben ingresar en prisión antes del 25 de junio por el saqueo del Palau

La Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión de los saqueadores confesos del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, así como del extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osácar. Esos tres condenados disponen hasta el próximo 25 de junio -fecha prevista por las autoridades sanitarias para alcanzar la fase tres de la desescalada- para entrar de forma voluntaria en la cárcel. El auto llega tras la sentencia firme del Tribunal Supremo sobre el caso Palau y también ordena que se ejecuten los embargos sobre los bienes del partido nacionalista, que se embolsó 6,6 millones de euros en comisiones ilegales.

Millet (nueve años y ocho meses de cárcel), Montull (siete años y medio) y Osácar (tres años y medio) deberán ingresar en prisión por el caso Palau, que comenzó en 2009, con el registro por los Mossos d’Esquadra del coliseo modernista. Todos ellos han sido condenados ya, en sentencia firme, por delitos de malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo.

Las defensas habían alegado su avanzada edad (84, 77 y 84 años, respectivamente) y su deteriorado estado de salud para solicitar que se suspenda su ingreso en prisión. Al menos, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo que prevén presentar. La resolución judicial desestima esa petición pero sí tiene en cuenta la edad y las patologías de los condenados y por ello aumenta en diez días el plazo de ingreso voluntario en prisión. La cuarta condenada a una pena superior a los dos años de cárcel es Gemma Montull, exadministradora financiera del Palau de la Música. En su caso, los jueces dan siete días a la defensa para que presente las alegaciones que considere oportunas antes de decidir si también debe ingresar en prisión.

La sentencia del Tribunal Supremo confirmó que Convergència cobró 6,6 millones de euros de Ferrovial en comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública (la Ciudad de la Justicia, la línea 9 del metro) durante el último gobierno de Jordi Pujol. Los pagos continuaron hasta 2009, ya en la etapa de Artur Mas como jefe de la oposición. En el auto dado a conocer este martes, los jueces han ordenado el que los embargos preventivos decretados sobre una docena de sedes de la formación se conviertan en “ejecutivos”. La resolución también ordena que se localicen aquellos otros bienes de CDC “para atender la totalidad del decomisado” a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos de la Administración General del Estado.

Tal como ha publicado este martes EL PAÍS, Convergència no dispone de fondos suficientes para hacer frente a la devolución de los 6,6 millones. Las sedes embargadas tienen un valor muy inferior (apenas cubren la mitad de esa cifra) y el partido está en fase de liquidació y con deudas que rondan los cuatro millones de euros.