Convergència no puede pagar los 6,6 millones que cobró en comisiones en el ‘caso Palau’

La justicia lo tendrá muy difícil para que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) devuelva los 6,6 millones que cobró en comisiones ilegales por obra pública. Con la sentencia firme del Tribunal Supremo, los magistrados que condenaron al partido ejecutarán el comiso de esa cantidad. Hay una docena de sedes embargadas, pero su valor, a la espera de la subasta, cubre poco más de la mitad del importe (3,6 millones). El resto tendrá que buscarse entre los activos de una formación en fase de liquidación y cuyas deudas rondan los cuatro millones.

El Supremo ratificó hace unos días que, entre 1999 y 2009, Ferrovial pagó comisiones al extinto partido nacionalista a cambio de que le adjudicara grandes proyectos de obra pública en Cataluña, como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro. La empresa camuflaba esos pagos como donaciones altruistas al Palau de la Música, cuyos responsables, Fèlix Millet y Jordi Montull, se llevaban a su vez una compensación por hacer de intermediarios. Ese trasiego de dinero lo vehiculaban los tesoreros del partido —el único condenado fue Daniel Osácar porque su antecesor, Carles Torrent, murió— con el conocimiento de los “máximos responsables” de CDC, a quienes sin embargo no se logró llevar a juicio.

La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que dictó la primera sentencia, debe ahora ordenar que se ejecute. Lo hará en las próximas semanas, cuando se reactive la actividad judicial de forma más o menos normal (los plazos judiciales están suspendidos). Tal como ha pedido ya la Fiscalía, los jueces dictarán el ingreso en prisión de los condenados a penas superiores a dos años de cárcel: los citados Millet, Montull y Osácar, más la exadministradora financiera del Palau, Gemma Montull. También ordenarán el comiso de los 6,6 millones de CDC, que aunque no cometió el delito —entonces no estaba tipificada la financiación ilegal de partidos—, sí se benefició de él y está obligado a devolverlo. La cantidad debe ser entregada o hacerse efectiva sobre su patrimonio.

Las defensas de unos y otros tratarán de impedir una rápida ejecución: presentarán ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo y solicitarán que, mientras lo resuelve, la sentencia quede en suspenso. La tregua es necesaria, sobre todo, para CDC. Tras desaparecer de la escena política —forzada por el escándalo que supuso el caso Palau forzó—, el que fuera partido hegemónico en Cataluña durante tres décadas quedó relegado a una existencia jurídica. Uno de los fines de esa continuidad formal era afrontar la responsabilidad ante una condena, que llegó en primera instancia en enero de 2018.

La salud financiera del partido se ha agravado desde entonces. Hace cinco meses presentó un preconcurso de acreedores ante un juzgado mercantil de Barcelona. El trámite llevará, según diversas fuentes, al concurso y posterior liquidación judicial de la formación creada en 1974 por Jordi Pujol. El partido, con solo tres trabajadores que pilotan el proceso, tiene deudas con los bancos por préstamos hipotecarios que ascienden a cuatro millones, admiten fuentes del partido. Para pagarlas, dispone de unos 40 locales (las antiguas sedes) en Cataluña.

Sedes embargadas

Las 11 sedes que fueron puestas a disposición de la justicia están trabadas y no se han tocado. El tribunal deberá subastarlas para obtener el máximo dinero posible. La tasación hecha en su día, en la etapa de la anterior crisis económica, fijó su valor en 3,6 millones. Ahora tal vez podría obtenerse algo más. Pero no se cubrirán ni de lejos los 6,6 millones reclamados, admiten las mismas fuentes. Para conseguir el resto, la justicia tendrá que ponerse a la cola de los acreedores de Convergència cuando se confirme la liquidación. Y es altamente improbable que logre recuperar el dinero.

El problema viene de lejos. En el verano de 2012, en plena instrucción del caso, el juez impuso al partido una fianza de 3,2 millones tras hallar indicios de financiación irregular. Esa era la cantidad que se pudo probar entonces, muy inferior a la que resultó finalmente. El partido puso como aval su histórica sede central, en la calle Còrsega de Barcelona, con una tasación cercana a los 12 millones. Tres años después, sin embargo, vendió esa sede (con permiso del juez) al fondo inversor Platinum, de Hong Kong. El dinero se empleó “para saldar otras deudas”; sobre todo, las de la federación de CiU, añaden esas fuentes.

En su lugar, el partido depositó una docena de locales con un valor inferior (los 3,6 millones). El juez ordenó su embargo. Pero para entonces, las comisiones sumaban ya 6,6 millones. Pese a la insistencia del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, el juez rechazó ampliar la garantía hasta cubrir esa cifra.

PDeCAT, al margen

El caso Palau afecta a la última etapa de gobierno de Jordi Pujol, pero también a los años de Artur Mas como jefe de la oposición en Cataluña. Más tarde estalló otro escándalo similar (que aún se investiga) y que afecta de lleno a las contrataciones del primer gobierno Mas: el caso 3%. Los indicios de financiación irregular —junto a los cambios sobrevenidos en la política catalana por el procés— sacudieron Convergència. Hasta el punto de que en 2016 dejó paso a un nuevo partido. El PDeCAT es el heredero político de los viejos convergentes, pero no jurídico.

En el juicio del Palau, el fiscal intentó que, si fuera necesario, el comiso fuese aplicado al “sucesor” de Convergència. Pero la sala lo rechazó porque los neoconvergentes nunca fueron parte en el procedimiento. De modo que ahora los magistrados solo podrán mirar en el patrimonio de CDC. “Solo se podrá ejecutar lo que conste a nombre de Convergència”, señalan fuentes judiciales. Esas fuentes también admiten que será difícil recuperarlo todo, pero matizan que es una realidad frecuente a la hora de ejecutar las sentencias. “Si se recupera la mitad, ya será mucho”.