La crisis de coronavirus

Torra y Colau no tramitarán las sanciones por infringir el confinamiento hasta que se regrese a la “normalidad”

Ambas Administraciones alegan que una indebida notificación puede provocar indefensión a los ciudadanos

Control de los Mossos d'Esquadra en Girona para comprobar que los ciudadanos cumplen el confinamiento.
Control de los Mossos d'Esquadra en Girona para comprobar que los ciudadanos cumplen el confinamiento.©Toni Ferragut

La Generalitat de Cataluña no está tramitando las 101.731 multas impuestas hasta ahora por los Mossos y las policías locales a ciudadanos que han infringido el confinamiento. Tampoco lo hace el Ayuntamiento de Barcelona (18.900 de esas sanciones). “Se hará cuando se regrese a la normalidad”, asegura el Departamento de Interior. Ambas Administraciones aducen que los plazos están paralizados por el estado de alarma —algo que niega el Ejecutivo central— y existe indefensión para los ciudadanos.

Un portavoz del Ministerio del Interior confirma, sin embargo, que las delegaciones del Gobierno (responsables de tramitar las propuestas de sanción en todas las comunidades salvo País Vasco y Cataluña) “sí están tramitando y notificando a los ciudadanos tanto por correo como presencialmente”. No obstante, admite que el volumen de las mismas (805.875 hasta el pasado martes) es mucho más elevado que antes de la crisis, por lo que los plazos para hacerlo se están dilatando.

Interior afirma, al contrario que el Govern de Quim Torra, que en el caso de las sanciones por burlar la cuarentena “no se han paralizado ni los trámites ni los plazos” para hacerlas efectivas o recurrirlas, como sí pasa en otros procesos administrativos desde que entró en vigor el estado de alarma. “El real decreto paraliza los trámites de todo aquello que no tenga que ver con la crisis del coronavirus, pero infringir las medidas recogidas en este decreto sí tiene que ver con ella, por lo que en su caso no hay suspensión alguna de los plazos”, asegura.

Otras regiones

A pesar de eso, fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid no hacen público el balance de sanciones tramitadas. Aseguran que se están “contabilizando” las propuestas de sanción efectuadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (102.716).

En el País Vasco sí se tramitan las sanciones. De las 19.495 denuncias impuestas por la Ertzaintza y las policías locales, se han incoado ya 2.809 expedientes sancionadores. De estos, la policía vasca ha notificado 449 directamente al domicilio de las personas afectadas y el resto se han hecho llegar a través de correo certificado. 225 personas han pagado ya la multa con el 50% de la reducción, según el Gobierno vasco.

En la Comunidad Valenciana, la Delegación del Gobierno ha notificado hasta el 24 de abril unas 2.700 propuestas de sanción de las más de 90.000 denuncias impuestas a personas y empresas por incumplir el estado de alarma. A día de hoy, aseguran fuentes del Ejecutivo regional, ambas cifras han crecido considerablemente, pero este miércoles no pudieron facilitar los datos concretos.

En Andalucía las subdelegaciones del Gobierno empezaron a tramitar las denuncias tres semanas después del inicio del estado de alarma. En la provincia de Sevilla por ejemplo, donde se impusieron 3.000 denuncias durante las dos primeras semanas, el 7 de abril se tramitaron las primeras 165 sanciones, 126 de ellas graves, por desobediencia o resistencia a la autoridad, entre otros motivos. El mismo día la Subdelegación del Gobierno en Almería comenzó a tramitar los primeros 168 procedimientos sancionadores.

Fuentes de los Mossos muestran su descontento con el hecho de que no se tramiten las multas en Cataluña. “Traslada a los ciudadanos que no pasa nada por saltarse el confinamiento, mientras los policías siguen en primera fila sancionando”, critican. “[Las multas] No se quedarán en el cajón”, repiten desde el Departamento de Interior, que dirige Miquel Buch. “Que la gente no espere la sanción de manera inmediata porque va a tardar”, señala una portavoz del Gobierno municipal de Ada Colau, que insiste también en que todas ellas se tramitarán.

Con información de F. Javier Barroso, Cristina Vázquez y Javier Martín-Arroyo.

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