Al rescate de una residencia a la deriva

Marta Muntadas se encontró el miércoles 1 de abril con una metáfora marinera: una residencia de ancianos “a la deriva” y “sin rumbo”, después de que los trabajadores y la dirección hubiesen “abandonado el barco”. Se imponía, reflexiona ahora, “un rescate” que empezó a fraguarse esa misma tarde, cuando la concejal de Tona (Osona) y media docena de voluntarios abordaron la residencia Prat y confirmaron sus peores temores: 60 ancianos precariamente atendidos por apenas tres gerocultoras —la directora, con décimas de fiebre, estaba en casa; el resto del personal, de baja, aislado o ausente— y el cocinero.

Muntadas recuerda que, al entrar, una de las empleadas estaba a punto de saltar por la borda y marcharse también. “No podía más. Decía que estaban todas exhaustas”. La concejal explica que la residencia estaba sumida en el caos. “Sin atención, organización ni dirección”. Y pese a todo, la actitud de los abuelos fue ejemplar. “No pusieron ni una mala cara. Una señora me miró y me dijo: ‘Suerte que habéis venido, muchas gracias”.

Todo empezó el fin de semana anterior. Muntadas recibió un correo electrónico. La directora de la residencia alertaba de la falta de personal en el centro, que ocupa los terrenos de un antiguo hotel. “Una parte estaba de baja por enfermedad; la otra, confinada”, rememora el alcalde de la localidad de 8.000 habitantes, Amadeu Lleopart. Aunque el Ayuntamiento no tiene competencias sobre las residencias, decidió intervenir. “En crisis así no puedes pensar qué te compete, sino qué te incumbe. Teníamos que pensar en el pueblo”.

El lunes, Muntadas comprobó que la situación era “mucho más crítica” de lo que había anunciado la dirección. “Recibí al menos 40 llamadas de familiares, preocupados porque no recibían ninguna información de los residentes. En el ambulatorio de referencia nos avisaron de que faltaba dirección y personal con conocimiento suficiente. En Tona se vivió todo con mucha angustia”. Una técnico voluntaria entró ya entonces en la residencia y observó que algunas empleadas se negaban a acceder a la tercera planta por temor al contagio. Allí es donde permanecían confinados los ancianos con coronavirus o con síntomas. Algunos ya habían muerto en el hospital. Hasta ayer, un total de 15 ancianos residentes de la residencia Prat habían fallecido por Covid-19. La directora seguía fuera de juego y, aunque prometió a los familiares que les llamaría, no lo hizo. “No estuvo a la altura”, concluye Muntadas.

El martes, Tona esperó en vilo la llegada de los inspectores del Departamento de Asuntos Sociales. Fue en vano. Un día perdido que “creó más tensión” y que “se hizo eterno”, dice la concejal, porque la vida en la residencia seguía deteriorándose. El miércoles por la mañana, finalmente, llegó la inspección, que recogió todas las irregularidades y corroboró las sospechas. Se llegó a la conclusión de que la Generalitat debe intervenir el centro para mantenerlo a flote. Pero, de momento, nadie intervino.

El pueblo batalló con la dirección y con la Generalitat para frenar la crisis

El pueblo batalló con la dirección y con la Generalitat para frenar la crisis

Nadie salvo Muntadas y los voluntarios que, espoleadas por los responsables sanitarios, entraron en la residencia el 1 de abril. “En el CAP nos dicen que es básico que las necesidades básicas estén cubiertas. Que enviemos apoyo para que estén mínimamente atendidos”. Muntadas recuerda un detalle: no había esponjas para lavar a los ancianos. “Pedí que fueran a buscar a las farmacias”. A las puertas de la residencia permanecían la mujer y el hijo del administrador. “No entraron en ningún momento”, reprocha.

Aquella jornada fue “emocionalmente muy dura” y dejó a la concejal con una sensación entre la “impotencia” y la “tristeza”. Pero sirvió para cambiar el rumbo de los acontecimientos. La empresa que administra la residencia, mientras tanto, había ganado tiempo ante la Generalitat: alegaron que iban a contratar de inmediato a una nueva directora. Pero no era cierto. “Una de las chicas que entró ese día era especialmetne espabilada. Asumió con muy buena fe la responsabilidad de coordinar. Pero era una voluntaria, no quería ser contratada. Les vendieron la moto”.

“Las necesidades básicas no estaban cubiertas y entramos”, dice Muntadas

“Las necesidades básicas no estaban cubiertas y entramos”, dice Muntadas

La concejal llegó a casa “muy enfadada”. Y contó todo lo visto y lo vivido a un responsable de Asuntos Sociales. La Generalitat intervino finalmente la residencia y la puso en manos de una nueva empresa gestora. Algunos voluntarios permanecieron en la residencia hasta el domingo para hacer la transición. Una semana después, Muntadas asegura que la situación está bajo control: los turnos se han restablecido casi al 100%, la dirección ha contratado a personal nuevo; algunos empleados que estaban de baja se han reincorporado a sus puestos; la mayoría de servicios (como el de fisioterapia) se han restablecido e incluso se han podido ya hacer videollamadas entre los internos y sus familiares. Muntadas aún lamenta que, quizás, se tardó demasiado. “No pudimos hacer más”.

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