El sector social pide al Govern un plan de emergencia para después de la crisis sanitaria
Desde el inicio del estado de alarma, Cáritas Diocesana de Barcelona ha multiplicado por tres las peticiones de ayuda social, y el Banc dels Aliments ha distribuido 900.000 kilos de comida
El sector social en Cataluña se prepara para afrontar el impacto de la crisis económica que surge de la caída de la actividad y de ingresos a causa de las medidas de confinamiento por el coronavirus. Este miércoles, la Taula del Tercer Sector ha pedido al gobierno de la Generalitat la creación de un órgano de coordinación para definir un plan de emergencia social para las personas más vulnerables. La Taula recuerda que los efectos de la crisis financiera de 2008 no se han superado, y avisa que las consecuencias sociales del coronavirus “pueden ser mucho peores”. El sector reclama “urgentemente” una respuesta del Govern, mientras las entidades ya empiezan a notar el repunte de la demanda social.
La crisis social que se avecina tras la emergencia sanitaria ya empieza a tener las primeras cifras. Cáritas Diocesana de Barcelona ha recibido 450 peticiones de ayuda en una semana, y estima que se han multiplicado por tres el número de solicitudes que recibían antes del inicio del estado de alarma. Según detalla la entidad en un comunicado, el 80% de estas peticiones son para cubrir necesidades básicas, especialmente la comida y la vivienda. El Banc dels Aliments también ha visto aumentar sus solicitudes pese a que un 30% de las entidades con las que colabora están cerradas por el confinamiento. La entidad ya ha repartido casi 900.000 kilos de comida desde que empezaron las restricciones de movimiento y actividad.
La crisis del coronavirus, denuncian las entidades sociales, ha venido a añadirse a la precaria situación en la que se encuentran los sectores más vulnerables, después de que los efectos de la crisis financiera de 2008 no se hayan solventado completamente. La Taula del Tercer Sector recuerda que en Cataluña existe un 20% de la población sumida “en la pobreza crónica, estructural e intermitente”, amplificada por la dificultad de acceso a la vivienda y por la precariedad en la ocupación. Càritas recuerda además que 179.000 personas viven en habitaciones realquiladas en la diócesis de Barcelona, un confinamiento difícil que se agrava con la pérdida de ingresos.
La entidad afirma que “es imprescindible garantizar un sistema de derechos sociales y de protección social sólido y eficiente para no volver a dejar nadie atrás”. Por ello, reclama reforzar las medidas que ya se han tomado, especialmente para dar una solución habitacional a las personas que viven en habitaciones realquiladas y sin contrato, a las personas sin hogar, a las trabajadoras del hogar y demás colectivos que obtienen sus ingresos por vías informales y no tienen acceso a prestaciones.
La Taula, mediante el contacto con las entidades sociales que ya han empezado a recibir un aumento de demanda de ayudas, ha identificado necesidades en todos los ámbitos: desde la falta de equipos de protección individual (epi) para los trabajadores sociales, hasta necesidades de vivienda y alimentación para colectivos como trabajadores que se han quedado en el paro o han sido despedidos, necesidades específicas de infancia y juventud, de las personas mayores o necesidades de la salud mental.
Las entidades también han detectado un aumento en las llamadas y peticiones de ayuda de mujeres víctimas de violencia machista, y la Taula avisa de que cuando termine el confinamiento aflorarán estas situaciones. En el ámbito de la infancia y la juventud, la Taula identifica como principales problemas la brecha digital --que dificulta la educación en línea para los jóvenes que no tienen acceso a Internet o a los ordenadores--, el impacto negativo que tendrá el confinamiento para este colectivo, y las dificultades y carencias que sufren los centros de atención a la infancia y la adolescencia, especialmente los que se dedican a la tutela de los jóvenes.
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