El sector social pide al Govern que apruebe el reglamento de la Renta Garantizada ante el coronavirus

Para afrontar la crisis económica y las necesidades que dejará entre las personas más vulnerables la actual crisis sanitaria del coronavirus, las entidades sociales piden que se aproveche cualquier herramienta que esté a mano. Una de ellas es la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), una prestación social aprobada por el gobierno de la Generalitat en 2017 que todavía no se ha desplegado completamente. El Govern prometió que aprobaría un reglamento para llegar a cubrir a todos los posibles beneficiarios, y que lo haría en el primer trimestre de 2020. Este reglamento no ha salido adelante y la Mesa del Tercer Sector, en un comunicado, ha pedido este miércoles que se acelere su aprobación, “porque es imprescindible y urgente”.

La presidenta de la Mesa, Francina Alsina, ha lanzado la alerta sobre la crisis social que sucederá a la emergencia sanitaria por el coronavirus. “En Cataluña, tenemos un instrumento que nos puede ayudar a contener las consecuencias sociales de la Covid-19 y evitar que la tasa de riesgo de pobreza suba todavía más, pero esta herramienta no funcionará en sus máximos (como ha sucedido hasta ahora) si no disponemos del reglamento. Hace mucho tiempo que lo reclamamos pero ahora, más que nunca, hace falta que esta ayuda se despliegue completamente”, señala Alsina en el comunicado.

La RGC, surgida de una iniciativa legislativa popular que contó con el respaldo de todos los grupos en el Parlament, se creó para ampliar el espectro de las personas vulnerables que podían tener acceso a una prestación social, y sustituyó a la antigua Renta Mínima de Inserción. Su implementación ha sido muy criticada desde el inicio, por el alto número de denegaciones, y ha motivado denuncias de afectados y varias modificaciones de la ley en el Parlament para ampliar la cobertura.

Según los datos que aporta el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat, hasta el mes de febrero se han aprobado 80.377 expedientes (sobre un total de 119.845 solicitudes desde que entró en vigor la ley) y hay 125.233 beneficiarios de la prestación. El departamento que dirige el consejero Chakir El Homrani asegura que están “en el tramo final” para la aprobación del reglamento, pendiente de elevar al consejo técnico y al Govern el dictamen que realizó la comisión jurídica asesora para el reglamento, y que entregó el pasado viernes.

La Mesa del Tercer Sector calcula que, pese a que la tasa de pobreza en Cataluña se sitúa en el 21% (es decir, 1.600.000 personas están en riesgo de pobreza en Cataluña), la RGC solo la percibe el 8% de este colectivo. Este miércoles inicia la última actualización de los importes que prevé la ley de la RGC, con lo que la prestación llegará al máximo previsto, que se calcula sobre el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), un indicador que no se actualiza desde 2010. Esto significa que la prestación máxima será de 664 euros al mes para una persona adulta o de 1.196 euros al mes para una familia de dos adultos y dos hijos. La Taula del Tercer Sector considera que el despliegue de la RGC es “insuficiente en cobertura, pero también en cuantía”, si se tiene en cuenta que el precio del alquiler medio en Cataluña es de 698 euros al mes. La entidad pide que se actualice el IRSC, congelado desde hace diez años.

Según la Mesa, esta herramienta, actualizada y desplegada, debería servir para afrontar la crisis social que vendrá tras la emergencia por el coronavirus: “Es imprescindible y urgente que la Renta Garantizada funcione al 100%. Tenemos que proteger de manera inmediata estas personas que se han quedado sin ingresos para afrontar las necesidades más básicas”.