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La Generalitat busca voluntarios entre sus funcionarios para trasladarse a la Zona Franca

La administración catalana afronta el traslado de 2.600 trabajadores que abandonarán el centro de Barcelona

Josep Catà Figuls
Oficinas del Distrito Administrativo en el barrio de la Marina, en la Zona Franca de Barcelona.
Oficinas del Distrito Administrativo en el barrio de la Marina, en la Zona Franca de Barcelona.Carles Ribas

El traslado de 2.600 trabajadores de la Generalitat a las nuevas oficinas del llamado Distrito Administrativo, en la Zona Franca de Barcelona, empezó este lunes y continuará a lo largo de este mes de marzo. Pese a la planificación y las facilidades —entre ellas, un autobús lanzadera y la posibilidad de hacer teletrabajo tres días a la semana— el Govern admite que ha recibido solicitudes para cambiar de área y evitar el traslado. La administración ha abierto un proceso de búsqueda de voluntarios para ir a la Zona Franca con el objetivo de hacer permutas más adelante. El plazo para enviar las solicitudes se abrió el 21 de febrero y terminó este lunes.

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Los primeros funcionarios en trasladarse a las oficinas de la Zona Franca son los del departamento de Justicia, el de Economía y Hacienda, y el de Políticas Digitales y Administración Pública. Los trabajadores dejarán sus céntricas oficinas para ir a unos inmuebles nuevos en la Zona Franca. El proyecto de traslado al Distrito Administrativo comenzó en 2015 y ha comportado la construcción de dos edificios de un total de 46.100 metros cuadrados.

Cinco años después se lleva a cabo el traslado de trabajadores, que se sumarán a los trabajadores de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que ya en 2015 se instalaron en la Zona Franca. En aquella ocasión la Generalitat ya recibió solicitudes de funcionarios —de una plantilla que contaba con poco más de 300 trabajadores— que querían cambiar de área para evitar el traslado.

El cambio de ubicación de 2.600 trabajadores —del total de 200.000 empleados de la Generalitat—, aunque lleva años planificándose y la Generalitat ha previsto una serie de facilidades, también está sufriendo una aceptación desigual. Desde el departamento de Políticas Digitales y Administración Pública, que dirige el consejero Jordi Puigneró, admiten que han recibido “alguna solicitud” que explícitamente ha pedido evitar el traslado. El departamento no detalla el número de solicitudes, pero asegura que no es un volumen importante. Lo que sí ha empezado a hacer la Generalitat es buscar voluntarios entre sus funcionarios para trasladarse a la Zona Franca. El proceso interno de consultas durará “unas semanas” y permitirá, más adelante, realizar permutas con trabajadores que no deseen ser destinados a las nuevas oficinas.

El complejo de oficinas del Distrito Administrativo cuenta con espacios comunes para el coworking, salas polivalentes y espacios para el empleado, que no tendrá un sitio fijo y trabajará “por proyectos”. Los edificios están a menos de diez minutos de las estaciones de metro de la L10 Foc y Foneria, y también tiene conexión con la estación de L9 Fira y con la de FGC Ildefons Cerdà. Pese a estar bien conectados con transporte público, la Generalitat habilitará, a partir del 9 de marzo, un autobús lanzadera para los trabajadores públicos con estación de origen en la plaza de Cataluña y en la estación de Sants. Más adelante se habilitarán lanzaderas también con parada en la plaza de España y en la estación de FGC Sarrià. El servicio será complementario al que ya existe para los empleados de la ATC. Ambos servicios se podrán usar indistintamente.

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Además de esta opción de movilidad, el incentivo más importante para el traslado a la Zona Franca es la posibilidad de que los trabajadores que están destinados a las nuevas oficinas podrán hacer teletrabajo tres días a la semana. El Govern lo aprobó mediante un decreto ley hace dos semanas, y, después de alcanzar un acuerdo con los sindicatos en la Mesa de la Función Pública, garantizó que la medida se hará extensiva (con un máximo de dos días) a los demás trabajadores de la Generalitat antes de que termine la legislatura. Están excluidos de esta opción los funcionarios que están en puestos de trabajo de atención al cliente, agentes de Mossos o Bomberos, y médicos, entre otros.

Un control horario basado “en la confianza”

La opción del teletrabajo que tendrán los funcionarios no estará controlada directamente por los responsables de cada sección. Los trabajadores que se conecten desde fuera de las oficinas deberán introducir ellos mismos el horario en el que han realizado su jornada laboral. Una portavoz del departamento de Políticas Digitales y Administración Pública defiende que “el teletrabajo se basa en un elemento indispensable de confianza con el trabajador” y destaca, al trabajar mediante proyectos, se podrá hacer un seguimiento del trabajo realizado. Aún así, no se descarta implementar un sistema de control más exhaustivo en el futuro.

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Sobre la firma

Josep Catà Figuls
Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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