La obligación de dar el 5% de las ventas de genéricos a la Junta enoja a los farmacéuticos andaluces

Cuando termine el mes de mayo, los farmacéuticos andaluces deberán detraer de sus ingresos por la venta de genéricos un 5% que irá a pasar a las arcas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en cumplimiento de una adenda al convenio que fija las condiciones de la prestación farmacéutica por las oficinas andaluzas, firmada a principios de abril por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Andalucía (Cacof) y la Junta. Para la Administración se trata de un mecanismo para promocionar la venta de medicamentos genéricos; para la Confederación de Empresarios de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa), la patronal de farmacias, y muchos boticarios es un “impuestazo” establecido para ayudar a paliar el gasto farmacéutico en la comunidad, disparado desde que el Gobierno de Juan Manuel Moreno eliminó la subasta de medicamentos, que tampoco gustaba al gremio. Mientras Ceofa y Farmaindustria, que representa a las empresas y laboratorios farmacéuticos estudian medidas legales, los farmacéuticos presentarán el próximo martes una petición de suspensión cautelar ante los juzgados de lo contencioso administrativo de Granada.

“Es una medida injusta porque se aplica por igual a todas las farmacias, sin tener en cuenta la facturación o la idiosincrasia de cada una, porque no es lo mismo un establecimiento que está en una capital, que otro que está en una ciudad pequeña o en la Andalucía rural”, sostiene Javier Martínez, farmacéutico de Viator (Almería). Aunque en la adenda se excluye de la obligatoriedad de abonar el 5% a las farmacias de viabilidad económica comprometida (VEC), hay boticarios para los que ese porcentaje equivale al sueldo de un trabajador o a la cantidad que preveían destinar a inversiones para mejorar los servicios a sus clientes.

“Con los genéricos que vendo, he hecho mis números y tendré que dar al SAS entre 7.000 y 8.000 euros al año, que es lo que yo pretendía destinar a comprar un aparato para hacer controles de hipertensión, así que voy a tener que elegir entre mejorar la atención a mis clientes o pagar al SAS”, cuenta Carlos Fernández, farmacéutico de Almería. Juan Luis Pérez, boticario de Jaén, calcula que ese 5% le supondrá al año 14.000 euros “Es el sueldo de un trabajador. Habrá farmacias que puedan, pero otras tendrán que prescindir de ese salario y eso implicará que el responsable si está dispensando medicamentos, no podrá tomar la tensión a otro cliente”, advierte. “Quien lo paga es el paciente andaluz al que se le discrimina respecto del resto de España, como pasó con la subasta”, corrobora Martínez.

Ceofa, que está estudiando medidas legales para tratar de dejar sin efecto esta adenda, ha calculado que la imposición de ese 5% puede suponer para las farmacias entre 8.000 y 10.000 euros menos de ingresos al año. “Creemos que la adenda vulnera el decreto de márgenes de beneficio de las farmacias, un límite que está en el 27,9% y que no puede tocarse sin aprobación del Consejo de Ministros”, explica su presidente, Leopoldo González. Unos cálculos que difieren de los realizados por el Cacof, que cifra entre 400 y 500 euros anuales la pérdida para una farmacia media. “Las que más se van a ver afectadas son las que más facturan”, sostiene su vicepresidente, Ernesto Cervilla.

Tras esta polémica subyace la gestión de la política farmacéutica andaluza. La factura de las recetas y el gasto farmacéutico ha subido en un 32,6% —la comunidad donde más crece― desde que el PP entró en el Gobierno de la Junta -de los 1.716 millones destinados a productos farmacéuticos y sanitarios adquiridos por receta u orden de dispensación, en 2018 (último año de Gobierno socialista) a los 2.277, presupuestados para 2024, según los datos del Ministerio de Sanidad-. “El problema es que el gasto farmacéutico está disparado y la población andaluza está muy envejecida y consume más medicamentos”, apunta González.

Es precisamente para tratar de contener ese gasto para lo que el SAS contactó con el Cacof, reconoce su vicepresidente. “En este tiempo la prestación farmacéutica ha crecido y para que el paciente pudiera seguir teniendo acceso a esos bienes, nos pidieron si podíamos contribuir a su sostenibilidad”, explica Cervilla. “Mientras estuvo vigente la subasta de medicamentos, la Junta percibía ingresos extraordinarios por parte de los laboratorios, pero en este tiempo ha dejado de percibirlos y el gasto se ha incrementado. Esta aportación no va a subsanar el problema, pero a todos nos interesa que el sistema vaya funcionando”, abunda.

El presupuesto de 2024 para las oficinas farmacéuticas, de 2.277 millones de euros, es 108 millones menos que el presupuestado en 2023. “La gestión de la sanidad funciona mal, y está bien que se incremente el gasto para pagar a los sanitarios, pero es que el gasto farmacéutico no hospitalario se ha reducido este año en 100 millones de euros y no pueden esperar que lo compensemos nosotros con el 5% sobre los genéricos”, advierte Pérez.

Desde el SAS y el Cacof se insiste en que no es obligatorio para el farmacéutico dispensar genéricos y que, en el caso que contempla la adenda, cuando se prescribe un medicamento por principio activo —cuando el médico receta por la composición y no una medicina concreta― el profesional puede ofrecer un genérico o la marca. “A los farmacéuticos en general nos interesa tener genéricos porque nos provoca una disminución del número de estocaje de medicamentos sobre una misma molécula en nuestros almacenes y tenemos más margen para poder negociar con los laboratorios”, argumenta Cervilla.

“Negociar el margen con los laboratorios solo es posible para las grandes farmacias, depende del volumen, las pequeñas tenemos mucha menos capacidad para maniobrar”, señala Martínez. Un argumento que comparte Jaime Espolita , presidente de Serfar, la Sociedad de Farmacias Rurales, que también ha sido muy beligerante con la firma de la adenda. “Las farmacias rurales no tenemos posibilidad de gastar más en genéricos”, indica y llama la atención sobre este tipo de boticas (unas 500 en los pueblos de menos de 5.000 habitantes, en Andalucía) que no llegan a ser VEC (las que están excluidas del pago de del 5%), pero que tampoco generan beneficios: “Algunas no pueden casi ni pagar las guardias o poner la calefacción, porque no se la pueden costear”.

“Disfrazan este acuerdo como una medida para fomentar el consumo de genéricos, cuando ni se obliga a los médicos a dispensar este tipo de medicamentos y, además, imponiendo el 5% de sus ventas al SAS lo que se hace es penalizarlos. Deberían reconocer que es una adenda para recortar el gasto de medicamentos”, defiende Espolita , una argumentación que también comparte González desde Ceofa. La adenda contempla una campaña para promocionar el consumo de genéricos en la comunidad que el Cacof espera tener lista en junio. Andalucía, sin embargo, es, con un 51%, la segunda comunidad (por detrás de Cataluña) donde más genéricos se consumen, según el último Informe Monográfico de Prestación Farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud, casi ocho puntos por encima de la media nacional.

Un acuerdo impuesto

Los farmacéuticos consulados también llaman la atención sobre el hecho de que sean ellos quienes asuman el peso de la reducción del gasto farmacéutico. “Se trata de un acuerdo que lesiona nuestros intereses y sorprendentemente se adopta por el colegio de farmacéuticos que debería defenderlos y sin consultárnoslo previamente”, se queja una farmacéutica de Granada. Un grupo de farmacéuticos se han unido para presentar una demanda para pedir la suspensión cautelar de la medida. “La presentaremos el próximo martes 4 de junio”, explica Juan José de Torres, boticario de El Ejido (Almería). De Torres explica que, de momento, se han adherido medio centenar de colegas y esperan ser más. “Empezamos a informar a través de los grupos que tenemos el miércoles y vamos a seguir difundiendo la iniciativa”, indica. Consideran que el impuestazo vulnera la Ley del Medicamento y también llaman la atención sobre que la norma bajo la que se firman los acuerdos económicos es del 74 y, por tanto, preconstitucional, entre otros argumentos.

En la adenda se incluye también a los laboratorios que deberán abonar el 10% de la venta de los genéricos, siempre que la media anual de su crecimiento entre 2021 y 2023 haya superado el 3,5%. Este acuerdo está pendiente de que se cierre, indican fuentes del Cacof. Los profesionales apuntan también a las distribuidoras, entre las que se encuentra la cooperativa BidaFarma, la de mayor implantación en Andalucía y que preside Antonio Mingorance, presidente a su vez del Cacof, que es quien ha firmado la adenda. “Ellas no aportan nada al control del gasto farmacéutico. Mingornace habrá sido elegido para ambos cargos democráticamente, pero podría haber conflicto de intereses”, se cuestiona un farmacéutico, que prefiere mantenerse en el anonimato. “Su margen de beneficio es escaso, apenas del1%. Son cooperativas de farmacéuticos, sería como penalizarles dos veces”, explica el vicepresidente del Cacof, una argumentación en la que sí coincide Ceofa

Además del lastre para poder mejorar la atención a sus clientes o de considerar que, bajo el eslogan de una promoción de genéricos, se enmascara una contribución impuesta para mitigar la mala gestión del gasto farmacéutico por parte de la Junta, lo que más enerva a las patronal y a los farmacéuticos entrevistados es que la medida haya venido impuesta desde el Cacof, sin haberles dado la opción de votar o de opinar al respecto. “Cuando se quiso establecer la subasta del medicamento cada colegio votó en asamblea, salió que no y la Junta lo impuso por ley, ahora una decisión que nos perjudica se ha impuesto directamente por quienes deberían defender nuestros intereses”, se queja Pérez.

Además de Ceofa, también Farmaindustria, la patronal de la industria farmacéutica española, que representan el 98% de la venta nacional de medicamentos, ha anunciado que adoptará medidas legales contra la adenda, por considerarla discriminatoria contra la marca. Fuentes de la asociación advierten de que los medicamentos de marca están al mismo precio que los genéricos tanto para el sistema como para el paciente y consideran que el acuerdo podría vulnerar la legislación de competencia.

“Esto es un convenio de prestaciones farmacéuticas y se trata de una adenda firmada voluntariamente por las partes. Entendemos que no se penaliza a la marca”, explica el vicepresidente del Cacof, que también entiende que entre los 3.400 farmacéuticos de Andalucía el nuevo acuerdo “pueda dar lugar a interpretaciones distintas”, pero “esto es más un gesto porque nos interesa mantener este sistema”.

El mantenimiento de este sistema es lo que ponen en duda algunos de los farmacéuticos entrevistados o el presidente de Sefar. “Le doy el 5% al SAS, pero a cambio no se nos reconoce ninguna participación en la salud de los pacientes”, indica Fernández, que aboga por la concertación de servicios, como ocurre con otras comunidades. En esa línea va Espolita . “Tenemos una población polimedicada porque solo nos pagan por medicar, pero podrían fomentar una farmacia asistencia en donde se nos pague por las guardias, por hacer un seguimiento, una conciliación de la medicación de los pacientes, eso favorecería una disminución del gasto sanitario y también de la atención primaria”.