20 años sin remedio en el Polígono Sur de Sevilla: renta baja, fracaso escolar y demasiada marihuana

No hay progreso en el Polígono Sur de Sevilla. Las mejoras son mínimas y hay voces críticas que incluso dicen que va marcha atrás porque la cuesta es cada vez más empinada para muchas familias, martilleadas por la inflación y el desempleo. Este miércoles las autoridades han celebrado un acto institucional porque hace dos décadas que el Gobierno, la Junta andaluza y el Ayuntamiento (antes PSOE ahora PP) crearon el Comisionado para el Polígono Sur para darle un vuelco al área sur de la ciudad y sacarla de su atraso histórico. Los equipamientos han mejorado, pero los seis barrios permanecen como los más pobres de España y sus 35.000 vecinos sufren indicadores insoportables como un 35% de absentismo y un 60% de fracaso escolar, negras sombras sobre su futuro.

Un tercio de los niños, en las calles

“Romper la herencia de familia es muy difícil, y vino el covid y lo jodió todo. Antes los trabajadores sociales verificaban que los padres buscaran un empleo y que los niños fueran al cole. Hoy son tantos los casos y tan pocos los trabajadores sociales, que no hay consecuencias y esto crea un efecto llamada, porque [los padres] ven que no pasa nada. No hay trabajo integral y la respuesta final del juzgado para esos padres que vulneran el derecho de sus hijos a la educación es ridícula: una multa o trabajos comunitarios”, censura Álvaro Gómez-Cobián, coordinador del área escolar en la asociación Entre amigos, asentada en la zona hace cuatro décadas.

“La pandemia destruyó muchos aspectos consolidados. La mayoría de familias muestra preocupación por sus hijos, pero el día a día es complejo, con enfrentamientos y cortes de luz, aunque nosotros somos optimistas”, reflexiona Ángela Molina, directora del colegio Andalucía, en las Tres Mil Viviendas. María José Parejo, directora del instituto Antonio Domínguez Ortiz, añade: “El absentismo empeora por la crisis y la situación del barrio está cada vez más alejada de lo que exige la sociedad. La brecha digital y económica se hace cada vez mayor y, por lo tanto, las familias, padres e hijos, tienen que salir a buscarse el sustento, pues la venta ambulante cae en picado”.

Desde que bajó la inversión de las tres Administraciones con la crisis de 2008, los fondos públicos en el Polígono Sur no se han recuperado. El seguimiento de las familias díscolas es muy irregular y los trabajadores sociales no dan abasto con un triste resultado: los menores pagan las consecuencias y no acuden a las aulas de los ocho colegios y cuatro institutos por la desidia de sus padres y del sistema. Su derecho a la educación se va al garete.

La peor renta del país

La fotografía de estas 145 hectáreas con casi 10.000 viviendas al sur de la capital andaluza es compleja, llena de claroscuros y con seis barrios muy diferenciados. Desde la zona cero del narcotráfico con chabolismo vertical, conocida como Las Vegas, hasta colegios muy bien equipados con ejemplos luminosos y el absentismo a raya, a un 10%, pero que en otros barrios sería impensable. El problema enquistado es que los datos globales reflejan una dura realidad: sus vecinos son los más pobres del país, con 5.816 euros de renta per cápita, según el Instituto Nacional de Estadística, y un 20% de su población está en riesgo severo de pobreza.

A la tremenda dificultad de revertir la pobreza estructural se le ha sumado desde hace un lustro la explosión de los narcopisos, cuyo dinero fácil e influencia se expande sobre los adolescentes; la pandemia, que hace dos años y medio cortó en seco muchos progresos de la infancia; y los cortes de luz, que con frecuencia dejan a cientos de familias sin electricidad, la última vez durante tres meses continuados. Los niños no se duchaban con agua caliente, estudiaban con velas y malvivían, una estampa del siglo XIX en la quinta ciudad española más poblada.

El tercer comisionado desde 2003, Jaime Bretón, defiende que “esto ha avanzado, no está peor”. “Ni soy un ariete del barrio contra la Administración, ni un escudo de la Administración. Estoy aquí para dar un diagnóstico, hacer trabajo de campo y coordinar a las Administraciones y las entidades privadas del tercer sector”, arguye este exconcejal popular sobre su falta de presupuesto y personal propio. “Soy como el Vaticano, no tengo ejército, solo autoridad moral y palabra”, añade antes de rechazar que su anterior militancia al PP condicione sus reclamaciones al Ayuntamiento y la Junta.

Las grietas de las ayudas públicas

Rosario García, presidenta de la Plataforma Nosotros también somos Sevilla, es crítica con la implicación de las Administraciones: “Los vecinos observamos que en el tema del ladrillo siempre hay mejoras, pero en el tema humano, no. No se acaban de poner en marchas políticas sociales que terminen con las desigualdades. El Plan Integral que nosotros pedimos hace 20 años ni se cumple ni se valora (…) se repite siempre lo mismo, que no da resultado. Esto no avanza”. No solo ha caído el seguimiento a las familias absentistas, muchas escuelas taller y cursos laborales del Ayuntamiento y la Junta para adolescentes desaparecieron hace años.

Javier Pérez, psicólogo clínico de un centro sanitario público de la zona, comparte el diagnóstico de que no se abordan las causas y todos son parches: “Hay una excesiva tolerancia a las desviaciones y el sistema no te protege, siempre gana el que saca los pies del plato y hay una sensación de impunidad”. El millar de pacientes con adicciones que trata su centro se mantiene estable desde hace tres décadas. A las puertas del edificio y frente a un mercadillo ambulante, Concepción Fernández se queja: “Llevo aquí 44 años en las Tres Mil y nunca ha estado peor. ¡Me han quitado cuatro veces la batería del coche en dos semanas! Y luego limpian, pero somos muy guarros”, lamenta sobre la suciedad en las calles.

Muchos de la decena de protagonistas entrevistados resaltan las grietas de las ayudas públicas, como el ingreso mínimo vital, ayuda del Gobierno que no comporta ninguna obligación para las familias, ni siquiera la de llevar a sus hijos al colegio, para poder percibirla.

El alza de la marihuana en los bloques

La expansión de los narcopisos es una mancha de aceite que nació en la barriada Martínez Montañés, con 1.400 pisos propiedad de la Junta y en régimen de alquiler, pero que cada día se extiende por más barrios. La policía y Endesa insisten en que la única solución posible pasa por el aumento de las penas de cárcel para frenar la espiral delictiva, pero los partidos políticos hacen oídos sordos en el Congreso. Mientras, el casero de muchos de estos pisos, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta, que hace años dejó de cobrar a sus inquilinos un mínimo alquiler y permite que se traspasan sin papeles, no ejerce presión sobre los narcotraficantes, a pesar de tener instrumentos al alcance de su mano.

Un botón de muestra: la Junta dispone de un mecanismo eficaz para desactivar los narcopisos, impulsado en otras regiones, pero sin explorar en Andalucía, según resaltan abogados especializados en vivienda pública. La agencia pública escribe una carta al inquilino -sin identificar- explicando que el cable que entra en su vivienda [más grueso de lo permitido y necesario para las decenas de lámparas que nutren a las plantas de marihuana] supone un riesgo de incendio y que si no se retira, será la Administración la que lo haga. De este modo se eludiría la inviolabilidad del domicilio, traba que utilizan los narcos. Pero el Gobierno autonómico no mueve ficha. Mientras, las mafias continúan con su negocio en pisos de propiedad pública, todos ellos identificados desde la calle por el intenso olor de las plantaciones y porque por la noche las lámparas resaltan en la oscuridad. En los últimos años, han ardido ocho bloques de viviendas, aunque sin fallecidos por el momento.

En paralelo, la plataforma vecinal lleva años pidiendo a la Junta que demuela los bloques que llevan años vacíos y sin tabiques, que dan una sensación visual de estado de guerra, y el Gobierno prefiere rehabilitar unos bloques que son vandalizados por sistema. AVRA, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha rechazado opinar al respecto. También la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha declinado valorar su intervención en los seis barrios.

Una queja compartida es la huida del área sur de la ciudad: las familias inquietas que progresan suelen abandonar estos barrios por la difícil convivencia vecinal, preñada de ruidos, fuegos, música y una vida sin horarios de descanso. En verano es habitual ver piscinas inflables sobre la acera, junto a las camas elásticas para los niños, así como las hogueras por las noches. “Son cosas que la Policía no permite en otros barrios y aquí se normaliza”, censura Gómez-Cobián.